Tropelías kirchneristas para la “gran batalla”

Clarín

Cristina Fernández, a cinco años de haber asumido, sigue siendo un enigma . Ese enigma suelen ser sus palabras. Sus actos, en cambio, resultan casi inconfundibles y, con frecuencia, en una dirección antagónica a sus discursos. Esa contradicción plantea otro interrogante: cuánto la Presidenta cree, de verdad
, lo que dice. Si se tratara sólo de una impostación política, producto
de la conveniencia, podría ser consagrada como figura inigualable desde
el retorno democrático. Si se tratara de una convicción, de un dogma,
el problema se tornaría mucho más grave. Ninguno de los casos podría ser
observado sin un sentido crítico.

La proa de su Gobierno enfila exclusivamente ahora contra los medios de comunicación , en especial contra Clarín . Acusa con recurrencia a ese periodismo de supuestas anomalías e ilegalidades que, en realidad, comete su propio Gobierno.

Sus palabras rebotan inevitablemente en un espejo. La Presidenta
celebró la semana pasada el tercer aniversario de la ley de medios con
un acto político durante el cual encadenó imputaciones, falacias y
arbitrariedades.

Seducida, tal vez, por la asistencia del ex
candidato de la izquierda francesa, Jean Luc Mélenchon, le preguntó si
entendía que una ley sancionada por el Congreso, por amplia mayoría,
todavía no se pueda cumplir. Por ese hipotético incumplimiento
responsabilizó a Clarín. No existe tal incumplimiento: esa ley tiene vigencia con excepción del artículo 161, referido a la desinversión, bajo una medida cautelar que ampara sólo a Clarín . Ocurre que el Gobierno nunca se ocupó de instrumentarla por dos motivos: el desorden interno
que hace dos semanas, recién, desembocó en la designación de Martín
Sabbatella como titular del AFSCA, organismo dedicado a la aplicación de
la norma. También ahora, tardíamente, se permitirá el ingreso de un
representante opositor. Al kirchnerismo, por otra parte, sólo le ha
interesado la adecuación que deba hacer Clarín y no el resto de los
grupos mediáticos, en general afines al Gobierno. De no haber sido así, jamás podría haberse concretado la venta del Grupo Hadad (Radio 10, C5N) al empresario K Cristóbal López.

Cristina,
con tono epopéyico, aludió a los desafíos que plantearía la ley de
medios. Uno de ellos sería observar si la Argentina podría ser en el
futuro más plural y más diversa. Aquella norma no garantiza nada si, en
verdad, no impera antes la convicción política sobre la libertad de
ideas, de imagen y de palabras como motores de una democracia mejor. El
kirchnerismo no parece comulgar con nada de eso. Bastaría para
comprobarlo con dos episodios frescos: cómo la televisión oficial y
paraoficial escondieron la protesta popular con cacerolas del 13
de septiembre y la manifestación del sindicalismo opositor, el
miércoles, en la Plaza de Mayo.

Otro de los desafíos enarbolados
por la Presidenta refirió a la necesidad de la plena vigencia del estado
de derecho. De que ningún poder sectorial pueda colocarse por encima de
los poderes institucionales. Tan atinada esa advertencia, como prevenir
que el Poder Ejecutivo no termine sometiendo –según lo intenta– al Congreso y a la Justicia.

Cristina relató entonces una historia invertida
. Mencionó el bloqueo a la designación de un juez en el Consejo de la
Magistratura como una culpa ajena. El Gobierno pretendió imponer una
jueza propia, María Lorena Gagliardi, surgida de un concurso
cuestionado, pero fracasó ya tres veces por no contar con los dos
tercios necesarios. Ese magistrado debe resolver sobre el controvertido
artículo 161. En la maniobra cometió cualquier tropelía. Recusó a un
juez subrogante, Raúl Tettamanti, avalado por la Corte Suprema.
Tettamanti, jubilado, fue convocado a la actividad para llenar los
huecos de la Justicia que el Gobierno nunca cubre. Ese vacío no deja de
resultarle funcional: basta reparar en la cantidad de causas que atesora
Norberto Oyarbide, la mayoría ligadas a sospechas de corrupción en el Gobierno.

Tettamanti
terminó renunciando porque aquella recusación del ministro de Justicia
Julio Alak no se detuvo en formalidades. El ex juez fundamentó esa
renuncia en razones personales y familiares . Un hermano suyo,
Roberto Oscar, se desempeñó como almirante en la base de Puerto Belgrano
durante la dictadura. El ex juez habría recibido una admonición
sobre la apertura de una causa al militar por supuestos delitos de lesa
humanidad. Alak siguió denunciando conspiraciones y recusó a otro juez
subrogante –Roberto Torti– nombrado por la Cámara. Sólo iba a estar ocho
días en el cargo.

Sobre esas distorsiones y embestidas Cristina
prefirió no decir ni mu. Habló de otras cosas, en cambio, con una
imprecisión y orfandad informativa que llamaron la atención. Se regodeó,
por ejemplo, con un editorial de The New York Times que criticó
ciertas objeciones sobre la administración de Barack Obama, entre ellas
la medición del desempleo. Cualquier intención suya de vincularlo con
el INDEC no sonó a casualidad. Quizás la Presidenta no tuvo tiempo de
indagar con profundidad en el texto elegido. Las cifras del desempleo en
EE.UU. han sido puestas en tela de juicio, varias veces, por Joseph
Stiglitz, Premio Nobel y economista dilecto paseado por estas tierras,
hace poco, por el kirchnerismo. Hombre, por supuesto, más afín a los
demócratas que a los republicanos.

Cristina enredó aquel editorial
del diario estadounidense con los hipotéticos pronósticos errados sobre
las elecciones que ganó Hugo Chávez en Venezuela, para denunciar la
manipulación en que incurriría el periodismo. Esa manipulación es,
muchas veces, más vieja que la pólvora. Pero en su volteada cayeron
también las cadenas estadounidenses CNN y Fox que
sirvieron para desnudar la precariedad del concepto presidencial cuando
apunta a los medios de comunicación. Habló de ambas como monopolios que no son
. Son cadenas que, por tradición y calidad, sin ser infalibles, poseen
una mayor penetración pública que otras. Ese es el secreto. Tampoco fue
certera otra aseveración suya: que en EE.UU. los propietarios de diarios
no pueden serlo de canales de televisión. Se puede citar un caso entre
varios: la cadena nacional Fox pertenece al mismo grupo que The Wall Street Journal . El cuadro de desaciertos se completó con una omisión no menor: no existe en EE.UU. ninguna emisora estatal , salvo una señal de entretenimiento.

Sabbatella ha pasado a ser una nueva estrella en el firmamento cristinista. Su irrupción podría trasuntar alguna metamorfosis
en el ADN del poder. Se advierte un persistente corrimiento peronista
en beneficio de dirigentes que provienen de la izquierda y logran el
apuntalamiento de La Cámpora. Sabbatella capitaneará la aplicación de la
ley de medios, la “gran batalla” de Cristina antes de las
legislativas del año próximo. Axel Kicillof, de cuna marxista, controla
los resortes de la economía. Curiosamente fue el diputado Carlos Heller,
ex dirigente del PC, el gran defensor del Presupuesto 2013 la semana
pasada en Diputados.

Aquel empinamiento de Sabbatella representaría también un ocaso veloz
para Gabriel Mariotto. El vicegobernador de Buenos Aires fue una de las
criaturas políticas inventadas por Cristina para limitar el poder
territorial de Daniel Scioli.

Pero ese laboratorio presidencial pareciera fallar
. Amado Boudou, otra creación, sigue oculto por el escándalo Ciccone y
ha debido resignar poder burocrático en el Senado. También el ministro
Hernán Lorenzino se distanció de él y barrió con tres funcionarios
que quedaban en Economía. El fiscal Jorge Di Lello, que investiga el
caso Ciccone, iba a avanzar con una prueba que comprometía más al
vicepresidente. Decidió retrasarla después de una señal clara surgida
del poder.

Mariotto perdió su primera pulseada en la AFSCA, cuando
fue desbordado por La Cámpora. Se embarcó, a instancias de Cristina, en
una cruzada contra Scioli que abortó ante la amenaza de un gran
conflicto que podía perjudicar al Gobierno. El retroceso fue leído como
una derrota. La víctima terminó siendo el vicegobernador. Scioli respira
aliviado.

Se trató, finalmente, de una historia repetida. La
Presidenta siempre corta distraídamente el hilo por lo más delgado. Raúl
Garré, asesor y hermano de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue
echado por el largo pleito salarial con Gendarmería y Prefectura que en
la superficie cesó. Ese decreto que originó la protesta –y que el
Gobierno defendió inútilmente– pasó también por Kicillof, Lorenzino,
Juan Manuel Abal Medina y Carlos Zannini, antes de que Cristina lo
rubricara.

Antonio Caló está temblando. Al dirigente metalúrgico lo atormentan las sombras declinantes
de Boudou, Mariotto y Garré. Su situación es aún peor que la de ellos.
La jefatura en la CGT K nació por defecto, por ausencia de alguien que
conformara más el paladar presidencial. Cristina lo dejó además con las
manos vacías en la audiencia de la Casa Rosada. Ni un anuncio favorable
que le diera vigor. Para colmo, la violencia y el salvajismo de la
UOCRA, uno de los principales gremios del cegetismo oficial.

Moyano tuvo motivos para brindar. Aquella endeblez de Caló y su alianza con Pablo Micheli, de la CTA, parecen ir redondeando una identidad
y un sindicalismo activo de sesgo opositor. El camionero dice haber
dado el primer paso para la construcción de una alternativa política.

Aguarda ahora alguna correspondencia en el peronismo.

Allí se mecen suavemente algunas hojas en un paisaje tieso, hace mucho.

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