¿Es viable el anarcocapitalismo?

La Ilustración Liberal

Podríamos
decir que todos los liberales compartimos la célebre máxima de Jefferson:
"El mejor Gobierno es el que menos gobierna". En esta línea,
defendemos el mercado y la libertad del individuo frente a la intervención del
Estado, apostamos por la desregulación y la privatización en ámbitos como el de
la energía, la sanidad, la educación, las pensiones, la banca o la emisión de
moneda y profesamos una general aversión hacia los impuestos y los delitos sin
víctima. Algunos, no obstante, llevan la máxima de Jefferson hasta sus últimas
consecuencia y sostienen que el mejor Gobierno es el que no gobierna en
absoluto: abogan por la desregulación y privatización de todos los servicios y
espacios públicos y por la abolición de todos los impuestos. Esta corriente
recibe el nombre de anarcocapitalismo o anarquismo de mercado y, a diferencia
del minarquismo, que patrocina un Estado mínimo, postula que el Estado es
ilegítimo y abiertamente contraproducente incluso en los ámbitos en que se le
tiene por imprescindible.

El Estado Mínimo: agresivo, ineficiente… ¿y utópico?

Desde
un punto de vista ético, el liberalismo puede reducirse al principio de no agresión:
es ilegítimo iniciar la fuerza contra terceros, atentar contra la integridad
física y la propiedad de los demás. El Estado Mínimo, en tanto carga tributos
(confisca la propiedad ajena) e impone barreras de entrada en el ámbito de los
servicios de gendarmería (emplea la coacción para impedir que otros puedan
ofrecer servicios de seguridad, defensa y justicia), inicia la fuerza
necesariamente, luego está en contradicción con ese principio.

El
Estado monopoliza el uso de la fuerza en un territorio dado. Un monopolio no
tiene incentivos para mejorar la calidad de sus servicios ni para reducir los
precios, pues no tiene competidores. Si sólo yo puedo ofrecer servicios de
limpieza, no esperen que les cobre poco ni que vaya a limpiarles la casa con
esmero. ¿Por qué iba hacerlo? Yo tengo el monopolio de la limpieza, por lo que
ustedes no pueden acudir a nadie más.

En
el caso del monopolio público de la fuerza los pagos son obligatorios
(impuestos), por lo que, además de no tener incentivos para ofrecer un servicio
de calidad, el Estado puede cargar el precio
que quiera a los beneficiarios
en forma de confiscación. Por otro lado, la imposibilidad del cálculo económico
en un escenario carente de precios de mercado es tan aplicable al ámbito de la
seguridad o al de la justicia como al de la sanidad o al de las
telecomunicaciones. En los sectores nacionalizados por el Estado no surgen
precios de mercado, y los burócratas proceden a tientas: ¿cuánto dinero hay que
destinar al capítulo de seguridad y justicia? ¿El 5% del presupuesto? ¿Por qué
no el 15? ¿Por qué no todo? ¿Cómo estima el Estado cuán prioritaria es la
seguridad y la justicia para los individuos sin precios de mercado? ¿En qué
medida los recursos destinados a dichas ramas productivas no estarían mejor empleados
en otro lugar? ¿Cómo sabe qué proyectos hay que financiar y cuál es la forma
más eficiente de gestionarlos?

Pero
hay una cuestión más fundamental: ¿es el Estado Mínimo una propuesta realista?
¿Por qué la carga de la prueba recae en el anarcocapitalismo, y no en el
minarquismo? De poco sirve argüir que las sociedades sin Estado son una
anomalía histórica, pues ningún Estado mínimo ha permanecido mínimo por mucho tiempo.
En este sentido, vale la pena preguntarse si un monopolio de la fuerza, una vez
establecido, puede llegar a limitarse; o si, por el contrario, su estructura de
incentivos lleva a políticos y grupos de interés a pujar incesantemente por
prebendas, con lo que el Estado Mínimo tiende a degenerar en uno
intervencionista.

La alternativa anarcocapitalista

¿Por
qué es preferible la alternativa anarcocapitalista? Desde un punto de vista
ético, un sistema de mercado puro, en el que no existen barreras de entrada y
todos los productos y servicios son vendidos y comprados voluntariamente
(incluidos los de seguridad y justicia), es un sistema que, per se, no implica el
inicio de la fuerza contra inocentes. No hay impuestos, luego no se usurpa
sistemáticamente la propiedad ajena, y no se impide por la fuerza que los
individuos se organicen para dispensarse justicia y seguridad (formando
empresas, asociaciones o lo que sea). Por otro lado, la provisión de justicia y
seguridad ya no adolecería de los problemas de incentivos y cálculo económico
que padece el monopolio público de la fuerza. Las agencias de protección (las
empresas dedicadas a proteger a los individuos de las agresiones externas)
tendrían incentivos para proveer el mejor servicio al menor precio posible y
captar así más clientes. La emergencia de precios y el test de ganancias y
pérdidas permitiría a estas agencias gestionar sus recursos del modo más
eficiente posible.

También
debemos considerar que si el Estado Mínimo es, en efecto, utópico, porque la
estructura de incentivos que instituye lo empuja a expandirse, entonces la
verdadera disyuntiva no se plantea entre el anarcocapitalismo y el Estado
Mínimo, sino entre el anarcocapitalismo y el Estado del Bienestar.

Nos
encontramos en un escenario anarcocapitalista. No hay impuestos y los servicios
de gendarmería son dispensados libremente en el mercado, como cualquier otro
bien. En este contexto, Miguel contrata los servicios de la agencia de
protección A y Pedro, su vecino, los de la agencia de protección B. La agencia
A se compromete por contrato a proteger a Miguel de las agresiones de otros
individuos a cambio de una cuota anual, y la agencia B se compromete a proteger
a Pedro de las agresiones de otros individuos a cambio, igualmente, de una
cuota. Ahora supongamos que surge un conflicto entre ambos vecinos: Miguel
acusa a Pedro de robarle sus joyas. ¿Qué sucedería? Una guerra entre las dos
compañías, es la respuesta de algunos. Miguel acudirá a su agencia para que
vaya a recuperar sus joyas y Pedro acudirá a la suya para que le proteja de
Miguel y su agencia. De este modo, todos los conflictos entre clientes de
distintas agencias se resolverán a tiros, y el anarcocapitalismo derivará en
anarquía hobbesiana.

Pero
¿por qué asumir que las empresas resolverán de forma violenta todos los
conflictos que surjan entre sus clientes? Las guerras son costosas, y las
empresas buscan maximizar sus beneficios, no sus costes. ¿Les conviene resolver
de forma violenta todos los conflictos con las demás agencias, o más bien
llegar a un acuerdo y establecer mecanismos para resolver aquellos
pacíficamente? Así, las agencias A y B podrían acordar que los conflictos entre
sus clientes respectivos fueran resueltos por un tribunal determinado y
comprometerse a acatar los veredictos. El conflicto entre Miguel y Pedro sería
llevado a un tribunal privado. En caso de fallar en contra de Pedro, la agencia
de Miguel lo detendría y le exigiría la devolución de las joyas y el pago de
restitución sin que la agencia del primero hiciera nada para impedirlo.

Examinemos
la problemática de los conflictos entre agencias desde otro ángulo. En la
actualidad, cuando un peruano, protegido por el Estado peruano, acusa de un
crimen a un ciudadano español, protegido por el Estado español, ¿se declara
alguna guerra entre España y Perú? ¿Hay una imposibilidad práctica de resolver
este conflicto de manera pacífica sin que intervenga una entidad decisoria
superior, o más bien ambos estados tienen fuertes incentivos para no enzarzarse
en guerras disputas de este tipo y articulan mecanismos cooperativos para
evitarlas?

En
cierto modo, los ciudadanos de los diferentes estados se encuentran, entre sí,
en una situación de anarquía. No se requiere de ningún supraestado para evitar
que surjan conflictos interestatales violentos cuando un ciudadano de un país
comete un crimen contra uno de otro país. El hecho de que el Estado español sea
más poderoso que el peruano no impide que ambos resuelvan la disputa
pacíficamente y de mutuo acuerdo. Entonces, si los conflictos entre ciudadanos
de distintos estados se resuelven regularmente de forma pacífica, sin necesidad
de ningún Gobierno mundial, ¿por qué no iban las distintas agencias a resolver
los conflictos entre sus clientes de forma pacífica, sin necesidad de que haya
ningún Estado? Si el hecho de que haya en el mundo numerosos estados y unos
sean más fuertes que otros no nos lleva a ninguna guerra continua de todos
contra todos y no exige que haya un Gobierno mundial, ¿por qué tendría que ser
distinto en el caso de las agencias de protección privadas?

Hay
quien arguye que las agencias de protección batallarían entre sí porque
protegerían a sus clientes a cualquier precio. ¿Por qué se asume esto? ¿Por qué
las empresas no iban a estipular en sus contratos que la protección se extingue
en caso de que su cliente sea declarado culpable por un tribunal reconocido?

En
primer lugar, la agencia que protegiera a individuos tenidos por agresores
perdería toda reputación en una sociedad libre y se convertiría en una suerte
de agencia agresora. Los clientes no criminales tenderían a abandonarla, pues
no querrían codearse con ladrones y asesinos. Y los clientes potenciales
honrados también la rehuirían, por el mismo motivo. La marcha de clientes
menguaría los ingresos de la empresa. En segundo lugar, en la medida en que la
agencia protegiera a individuos considerados culpables por tribunales
respetados se enfrentaría a las agencias de las víctimas de los agresores que
auxilia. Si la agencia en cuestión no aceptara someterse al veredicto de ningún
tribunal y sus clientes fueran juzgados culpables por uno socialmente respetado,
los conflictos entre ésta y las demás se resolverían violentamente.

Téngase
en cuenta que la agresora resolvería todos sus conflictos entre agencias de
forma violenta, mientras que las demás sólo lo harían con los que incluyeran a
aquélla. Como los enfrentamientos armados acarrean costes y las agencias no
podrían externalizarlos (cargarlos sobre terceros, como hace el Estado vía
impuestos), subirían las tarifas para sufragarlos. La que más elevaría las
tarifas, obviamente, sería la que practicara una política más belicista: la que
protegiera a los agresores. De nuevo, estaríamos ante un éxodo de clientes
hacia las demás agencias (las que no protegen a criminales).

En
definitiva, las agencias que protegieran a individuos sentenciados como
criminales se expondrían al aumento de sus tarifas y a la pérdida de clientes,
lo que las llevaría a la bancarrota (o a la derrota bélica). Los incentivos,
pues, van en la otra dirección.

Un mundo sin garantías

Se
alega que la gente tiene derecho
a ser libre y que la protección frente a las agresiones debe estar garantizada. No basta
con que la protección se provea en el mercado: es preciso un Estado que
garantice a todos sus derechos.

En
primer lugar, que yo tenga derecho a ser libre no significa que tal cosa deba
serme garantizada
por nadie, en el sentido de que otros tengan la obligación de proveerme de
servicios de justicia y seguridad. Tengo derecho a que no me roben, pero no
tengo derecho a robar otros para ello.

En
segundo lugar, algunos creen que, por el hecho de que el Estado dice que
garantiza algo o que se goza de determinados derechos,
verdaderamente aquél los garantiza o los hace efectivos. ¿Tenemos la seguridad
y la justicia garantizada por el mero hecho de que lo prescriba la Constitución
y las leyes? A las personas agredidas a quienes la policía no atendió porque
estaba efectuando redadas antidroga; a las víctimas que no reciben ni un
céntimo en concepto de restitución porque el sistema no está orientado a la
víctima; a los que ven cómo sus ofensores son liberados luego de cumplir una
pena simbólica; a los que ya ni denuncian los delitos, ante la ineficacia de la
justicia; a los que les toca esperar años para que su causa sea vista debido a
la saturación de los tribunales públicos; a los que sufren abusos policiales o
maltratos en las prisiones masificadas porque no se cuida la reputación en un
entorno no competitivo… a todos estos individuos les importa bien poco lo que
dicen la Constitución y las leyes. Para la gente que padece día a día la
ineficacia del monopolio público de la seguridad y la justicia, la protección
no está garantizada. Lo relevante, por tanto, no es si en una sociedad sin
Estado se garantiza formalmente la protección adecuada a todos y cada uno de
sus integrantes, sino qué sistema les ofrece en la práctica la mejor
protección.

Colusión y Estado

¿Podría
formarse una colusión entre las distintas agencias para someter a la
ciudadanía? ¿Podrían las agencias de protección tornarse agresivas e instituir
un Estado? Es posible, nadie niega que no lo sea. La pregunta es otra: ¿es
probable que eso suceda?

Si
una agencia ofreciera un mal servicio, o se volviera despótica de la noche a la
mañana, sus clientes acudirían a la competencia y se quedaría sin fondos. Con
el Estado, en cambio, esto no sucede: no podemos cambiar de proveedor si el Estado
va a la guerra, sube los impuestos o dispensa un mal servicio. Además, los
mismos incentivos que supuestamente promueven la creación de un cártel
explotador son los mismos que lo hacen inestable y apuntan a su disolución,
pues la empresa que se salga del cártel atraería a todos los clientes que no
quieren ser explotados. Por otro lado, si las agencias están abocadas a
fusionarse y formar un Estado, ¿por qué los distintos estados nacionales no se
fusionan y forman un Gobierno mundial?

Resulta
curioso que, ante la posibilidad de que las agencias se vuelvan agresivas y se
fusionen, se defienda una institución, el Estado, que es agresivo per se. Es decir,
temiendo la formación de un monopolio expoliador, algunos abogan por
instituir… un monopolio expoliador.

Por
último, y no porque sea menos importante, la resistencia de la población a ser
sometida dificultaría la consolidación de tal monopolio expoliador. Una
sociedad anarcocapitalista presupone una mayoría social hostil a las agresiones
y a la formación de un Estado, y si las empresas decidieran convertirse en
Estado estarían arriesgando las rentas provenientes de sus clientes por unas
rentas futuras inciertas procedents de unos contribuyentes
que a lo mejor opondrían resistencia y dispararían los costes. Eso, sin tener
en cuenta las restricciones morales de los propios empresarios y empleados de
las agencias de protección. ¿Es razonable pensar que las personas que un día
están protegiendo a la ciudadanía pasarán el día siguiente a subyugarla y
explotarla? En la actualidad, la policía y el ejército también podrían
sublevarse y tomar el control de las instituciones, y sin embargo no lo hacen.
¿Por qué?

Anarcocapitalismo, asenso popular y derecho
consuetudinario

Cualquier
sistema requiere de un asenso popular suficiente para permanecer operativo. Ni
un ápice de libertad tendríamos si la mayoría de la gente fuera de un comunismo
ferviente. La democracia y el Estado de Bienestar existen porque la gente los
tolera, activa o pasivamente.

El
anarcocapitalismo no es ninguna excepción. Su viabilidad exige que una mayoría
suficiente de la población lo acepte expresa o tácitamente. De este modo,
puesto que la ley sería provista en el mercado, su contenido obedecería a lo
que demandara la población. Si la población demandara leyes liberales, si en
general los individuos demandaran leyes que les protegieran de las agresiones
(asesinatos, robos, violaciones, fraude, etcétera), los tribunales a los que
acudirían las agencias desarrollarían preceptos legales atendiendo a los
principios liberales.

El
resultado sería un sistema legal descentralizado, similar al de la common law, en el que
jurados/jueces intentarían resolver las disputas guiados tanto por los
principios abstractos de justicia como por los precedentes establecidos, y
examinando de cerca el contexto factual y todas sus variables. La agencias de
seguridad llevarían los casos de sus clientes a estos tribunales y ejecutarían
sus veredictos.

La historia demuestra que el anarco-capitalismo…

La
historia no puede, por definición, demostrar que algo que depende de la
voluntad de los hombres no vaya a suceder en el futuro, precisamente porque la
historia la conforman hechos históricos, pasados. La historia, a lo sumo, sólo
puede decirnos que hasta el momento la anarquía no ha existido, y que ha habido
siempre un Estado; pero no puede sentenciar que en el futuro seguirá siendo
así. Al fin y al cabo, cuando no había ninguna democracia en el mundo los
monárquicos también podrían haber acusado de utópicos a los demócratas
diciéndoles que el sistema que defendían no era aplicable porque la historia
apenas recogía ejemplos de democracia y se había encargado de cubrirla de
polvo. Hoy, sin embargo, la democracia es el sistema de gobierno más extendido.

Sea
como fuere, tampoco es cierto que no haya habido nunca sociedades sin Estado, o
ejemplos de ley policéntrica o privada: hay están la Irlanda celta, Islandia en
la Edad Media, la common
law inglesa en sus comienzos; el Derecho mercantil anglosajón;
comunidades primitivas como los papúes en Nueva Guinea Occidental o el Salvaje
Oeste norteamericano, que no fue tan salvaje gracias al surgimiento de
mecanismos privados de resolución de conflictos.

En
cualquier caso, si el anarcocapitalismo es teóricamente el sistema más
deseable, ¿por qué no se ha impuesto por encima de los demás sistemas? En
primer lugar, de esta pregunta parece desprenderse que la historia ha sido lo
suficientemente larga como para que el anarcocapitalismo haya tenido su
oportunidad de triunfar; pero, aunque creamos estar en la cúspide de la
evolución, a lo mejor la historia de la Humanidad no ha hecho más que empezar.
Por otro lado, podemos sugerir algunas hipótesis desde la sociología: quizás
los individuos han tendido a extrapolar los esquemas familiares y tribales a la
esfera política; o sus querencias cientistas y su incomprensión del proceso de
mercado les han llevado tradicionalmente a proponer soluciones ingenieriles a
problemas sociales; o algunos se han limitado a sustituir la deidad religiosa
por la secular.

Al
mismo tiempo, puede que sea difícil instaurar el Estado en primer término, pero
una vez establecido quizás lo difícil sea desmantelarlo, debido a la estructura
de incentivos que lleva a políticos y grupos de interés a controlarlo en
beneficio propio. Por último, nada exime a los hombres de persistir
continuamente en el error. No olvidemos que las buenas ideas a veces tardan en
descubrirse, y una vez descubiertas a veces tardan en extenderse.

¿Es viable el anarcocapitalismo?

La
viabilidad del anarcocapitalismo, como la de cualquier sistema político (ya sea
el Estado del Bienestar o el totalitarismo cubano), requiere de la aceptación
tácita o explícita de una masa crítica de la población. En este sentido, no se
trata de si hoy el anarcocapitalismo es viable o no. En tanto la mayor parte de
la población tenga interiorizadas ideas estatistas, es obvio que no. La
cuestión es si el anarcocapitalismo es un orden social potencialmente viable,
esto es, si puede ser viable. Y aun cuando su implantación sólo se conciba a
largo plazo, eso no quiere decir que el anarcocapitalismo no nos sirva de guía
a la hora de determinar cómo deberían ser las cosas y hacia dónde debemos
avanzar.

Conferencia pronunciada en la Universidad de Verano del
Instituto Juan de Mariana (Tenerife, 28-30 de septiembre de 2006).