El triunfo de Chávez no es suficiente

La Nación

El resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela ha sido claro: Hugo Chávez obtuvo una victoria
que no fue cuestionada por el candidato opositor ni por los
observadores que estuvieron presentes. Claramente es el elegido por los
venezolanos para hacerse cargo de la administración del Estado. Pero el
54% de los votos no es suficiente como para modificar la estructura
constituyente de ese país e imponer lo que denomina "socialismo del
siglo XXI".

Para cambios estructurales de esa naturaleza hace falta
un nivel de consenso mucho mayor, que puede lograrse cuando se recorre
un proceso de negociaciones entre todas las fuerzas, como el Pacto de la
Moncloa en España o, como ha sucedido ya en varios países de América
latina, cuando la oposición llega al gobierno y mantiene un mismo rumbo,
confirmando así la dirección inicial. El mejor ejemplo que tenemos de
esto último es Chile: la dictadura de Pinochet impulsó una serie de
profundos cambios económicos que transformaron el modelo chileno basado
en la alta participación estatal y pesadas regulaciones en uno basado en
la actividad productiva del sector privado y la apertura comercial.
Cuando llegó al poder la oposición, representada por la Concertación,
mantuvo el rumbo y en muchos aspectos lo profundizó; continuó la
apertura comercial, firmó varios tratados más de libre comercio, etc.

Algo similar puede decirse de Perú con el modelo
iniciado por Fujimori y continuado por Toledo, Alan García y ahora
Humala. O Brasil con Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma. O Uruguay o
Colombia. Sin embargo, ninguno de los proyectos más socialistas de la
región, como el de Chávez, Ortega, Morales o Correa, ha logrado
semejante cosa y es poco probable que lo logren. El socialismo del siglo
XXI va a tener que esperar una nueva elección para demostrar que
incluso la mitad opositora está dispuesta a sostenerlo.

¿Por qué Chávez no podría ahora lanzarse al "vamos por
todo"? Las razones fueron desarrolladas en un libro fundacional de la
economía política constitucional, El Cálculo del Consenso , de James Buchanan y Gordon Tullock, publicado en 1962.

Cuando se toman decisiones colectivas, se corre el
peligro de que esas decisiones afecten los derechos de alguien, que
generen "externalidades negativas" hacia ciertos individuos o grupos. El
óptimo sería la unanimidad: si se requiere la aprobación de cada uno de
nosotros, entonces no hay medida que pueda perjudicarnos ya que
simplemente ejerceríamos nuestro derecho de veto. En el otro extremo, si
tan sólo una persona tomara una medida, cualquiera podría hacerlo y
estaríamos sujetos a altos riesgos de que esas externalidades fueran muy
importantes.

Está claro, sin embargo, que la unanimidad es tan
costosa como probablemente imposible de alcanzar, y que nos condenaría
al statu quo; ninguna decisión podría tomarse porque siempre habría
alguien que se opondría a ella.

Es por esta razón que Buchanan y Tullock imaginan un
escenario ideal en el que futuros ciudadanos que se encuentran ahora en
una situación de incertidumbre respecto de su ubicación futura en la
sociedad detrás de un "velo de ignorancia" (puede que sean poderosos o
débiles, ricos o pobres, etc.), estarían dispuestos a permitir que
ciertas decisiones se tomaran por mayoría. Pero estas decisiones serían
de tipo administrativo, referidas a la gestión del aparato estatal,
nunca relacionadas con derechos humanos básicos. En verdad, podría haber
una serie de requisitos de mayorías especiales que van aumentando a
medida que más importante es el tema en cuestión y más puede afectar la
vida y los derechos de los ciudadanos.

Entonces, para derogar o limitar el derecho a la vida o
el derecho a la propiedad, se requerirán mayorías muy cercanas a la
unanimidad, pero para aprobar el color con que deberían pintarse las
líneas peatonales en las calles bien podría hacerlo una mayoría simple o
hasta cualquiera que resultara elegido por un sorteo. El presupuesto
anual ya requeriría unas mayorías más abultadas, y más aún cualquier
aumento a las cargas impositivas. Ni qué hablar entonces del cambio del
modelo social existente.

El problema del gobierno de Chávez, y de otros en la
región, es que pretenden utilizar mayorías "administrativas" para
realizar cambios de modelos fundamentales. Cuando Chávez controla la
prensa con un trámite administrativo de no renovar una licencia, en
verdad está alterando un derecho a la libertad de prensa, de mucha mayor
importancia y que requeriría un grado de consenso mucho más elevado,
que no lo tiene.

Lo mismo sucede con las violaciones del derecho de
propiedad producidas por las expropiaciones. La ley de expropiaciones
por causa de utilidad pública de Venezuela fue aprobada en el año 2002,
derogando la de 1947. En esa ley se plantea la posibilidad de
expropiación una vez declarada la utilidad pública de cualquier objeto
que procure usos o mejoras para el beneficio común, establece que debe
haber una indemnización justa fruto de la evaluación por parte de
peritos una vez agotada la negociación amigable, así como también que
debe haber indemnización antes de la ocupación. También dice que la
indemnización tomará en consideración "clase, calidad, situación,
dimensiones, probable producción y todas las otras circunstancias que
influyan en las operaciones y cálculos?", así como el valor fiscal del
inmueble, el valor establecido en los actos de transmisión y los precios
a los cuales hayan sido vendidos inmuebles similares en los meses
cercanos a la expropiación.

Sin embargo, esto no sucede así y el actual gobierno ha
expropiado 1162 empresas, de las cuales 1147 lo han sido entre 2007 y
2012, según la Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria), y
no ha cumplido lo establecido en la ley, las indemnizaciones son escasas
y, cuando las hay, el precio es determinado por el Estado y por debajo
del verdadero precio del inmueble.

Chávez busca cambiar el modelo de la sociedad
venezolana de una manera irreversible. Pero esos cambios, que alteran
derechos básicos fundamentales como el de la libertad de prensa o la
propiedad, demandan niveles de consenso más altos. De no existir éstos,
un gobierno opositor futuro dará marcha atrás y reconocerá los derechos
que han sido violados.

Un 54% no permite "ir por todo", permite gestionar y
proteger los derechos de los ciudadanos que han sido acordados por
mayorías muy superiores a ésa, ya sea porque han logrado ese consenso en
un proceso constituyente o porque ha ocurrido de facto a través de la
sucesión de gobiernos de un signo y de su contrario. Paradójicamente,
entonces, y pese a la euforia chavista por el triunfo, su verdadero
triunfo se daría cuando la oposición aceptara y recorriera el mismo
camino. Allí solamente podrá gritar: hasta la victoria, siempre.

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