La libertad de prensa en América Latina

El Nuevo Herald

Más de 450 editores de medios de toda América se
reunieron en la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), que terminó la semana pasada en San Pablo, Brasil. La SIP reúne a
más de 1,300 diarios y periódicos de todo el continente y se aboca al
análisis de las amenazas y ataques que sufre la prensa.

2012 ha sido
un año particularmente turbulento para el ejercicio del periodismo en
muchos países latinoamericanos. Hay dos grupos de naciones en los que la
libertad de expresión está siendo cercenada por ataques que tienen
denominadores comunes. El primero de ellos está encabezado por México y
Honduras, países en los que el narcotráfico ha generado varias decenas
de miles de muertos. En el último semestre siete periodistas mexicanos y
cuatro hondureños fueron asesinados, engrosando de manera creciente una
lista de más de un centenar de profesionales que han perdido sus vidas
en estos países en la última década. México y Honduras son dos de las
zonas más peligrosas del mundo para el desarrollo de la actividad
informativa.

Un segundo grupo está conformado por Cuba, Venezuela,
Ecuador, Nicaragua, Bolivia y la Argentina. El caso cubano configura el
caso más grave en esta nómina. La dictadura castrista lleva décadas
asfixiando de manera sistemática toda manifestación crítica sobre el
régimen. En meses recientes la censura, la desinformación, la vigilancia
y las detenciones de periodistas dependientes han crecido en relación
al año pasado. La detención de la bloguera Yoani Sánchez o la prisión
del reportero Calixto Martínez Arias son dos de los hechos más
resonantes de las últimas semanas.

En el resto de los países
mencionados hay un esquema que, en distintos grados, se repite. La
prensa es acosada por una serie de resoluciones gubernamentales, leyes,
maniobras judiciales, acciones directas, campañas de desprestigio y un
discurso particularmente hostil por parte de los funcionarios públicos.
Los gobiernos cierran las vías de acceso a la información pública a los
medios independientes, utilizan la publicidad oficial para premiarlos o
castigarlos de acuerdo a su línea editorial, generan un enorme aparato
propagandístico oficial y persiguen a las voces disidentes a través de
la acción de organismos públicos.

El presidente ecuatoriano Rafael
Correa ha cerrado más de 20 radios y canales de televisión en los
últimos seis meses, siguiendo el ejemplo del presidente Hugo Chávez,
quien ya ha clausurado 35 emisoras. Las figuras del desacato y la
injuria, que instalaron una espada de Damocles de 40 millones de dólares
sobre el diario El Universo, de Guayaquil,
siguen motorizando sentencias penales contra periodistas, impulsadas
por los gobiernos de Ecuador y Venezuela. El asilo político otorgado por
Correa a Julian Assange, esgrimiendo la defensa de la libertad de
expresión, es una muestra del intento de las autoridades ecuatorianas de
limpiar una imagen deteriorada por ataques sistemáticos contra el
derecho ciudadano a la información.

Nicaragua, con la colonización
oficial del 90% del espectro audiovisual; Bolivia, con el empleo de una
ley antidiscriminatoria como instrumento para amordazar medios; y la
Argentina, con un anunciado embate legal contra el mayor grupo mediático
independiente, cierran un conjunto de países en los que la posibilidad
de expresarse libremente está condicionada por una agresiva estrategia
oficial para silenciar todo posible espacio crítico.

El autor es Vicepresidente
regional de la SIP, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de
la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.