El juicio del Mensalao

El Deber,
Santa Cruz

En el llamado juicio del siglo, el juzgaminto del Mensalao, el Supremo
Tribunal Federal (STF) de Brasil está dando una gran muestra de independencia
e institucionalidad que fortalece a la democracia brasileña y consolida su
Estado de Derecho. Al juzgar y condenar por corrupción a importantes y
poderosos dirigentes vinculados al primer Gobierno del entonces presidente
Lula, cuando su partido aún sigue ejerciendo el poder, el STF lanza un doble
mensaje: lucha contra la corrupción y contra la impunidad, incluso de quienes
están en el Gobierno.

Esto es fundamental, pues no basta luchar contra la corrupción, sino acabar
con la sensación, muy común en las democracias menos desarrolladas, de que
esta es simplemente un pretexto o instrumento para perseguir a los
adversarios políticos que ya no están en el poder, para evitar que vuelvan a
surgir y se conviertan en una amenaza electoral, como generalmente sucede en Latinoamérica.

Este es un caso excepcional porque juzga y condena a personas en
ejercicio del poder o vinculadas directamente a los niveles más altos del
partido gobernante. Este mérito es aún mayor si se considera que la mayoría
de los miembros del Supremo Tribunal Federal ha sido nombrada por los
Gobiernos de Lula da Silva y de la actual presidenta Dilma Rousseff, y hoy
les toca juzgar a personas muy importantes que han ocupado los más altos
cargos de confianza de quienes los designaron. Esto es llevar la independencia
de poderes a la práctica y sentar las bases de una verdadera democracia de
límites y equilibrios.
Un nuevo héroe ha surgido en Brasil: el ministro del Tribunal Supremo
Federal, Joaquim Barbosa, primero de raza negra en llegar a esas funciones,
relator durante siete años del proceso y próximo presidente del alto
tribunal. De origen muy pobre, Barbosa es un ejemplo de superación personal,
profesionalismo, transparencia e integridad en el servicio público.

No son las únicas muestras de lucha contra la corrupción que dignifican a
Brasil. Durante la Presidencia de Lula, varios ministros fueron obligados a
renunciar por investigaciones independientes conducidas por la Policía
Federal, lo cual nuevamente muestra un ejemplo de independencia e institucionalidad
en el desempeño de las funciones de las entidades públicas. Aunque afectaba a
su entorno, hay que resaltar que el entonces presidente Lula respetó estas
investigaciones.
Por su parte, la actual presidenta Dilma Rousseff ha obligado a dimitir a más
de media docena de ministros de su Gabinete, afectados por casos de
corrupción, a fin de que sean procesados en el marco del Estado de Derecho,
actitud que la ha beneficiado con un altísimo nivel de apoyo popular. Muchos
dicen que estos casos desmerecen a Brasil porque muestran que hay corrupción
en los más altos niveles. En mi opinión, por el contrario, estos casos
dignifican a Brasil porque nos señalan un camino para consolidar a las
instituciones democráticas mediante el fortalecimiento de una justicia
independiente, base fundamental de una nación que garantiza los derechos de
sus ciudadanos, limitando el poder de sus gobernantes.

El autor fue presidente del Senado de Bolivia.