El poder judicial y la garantía de la Constitución en Argentina

El Imparcial, Madrid

La
ventaja más visible del principio de la revisión judicial es que ofrece una
garantía sólida frente a la posibilidad de que una ley ordinaria o un decreto
del Ejecutivo contraríen normas constitucionales. La materialización de este
principio requiere, como es obvio, de jueces probos e idóneos, capaces además
de hacer valer la independencia del Poder que integran mostrándose impermeables
a las presiones procedentes de las otras ramas del gobierno. De este modo, el
poder judicial, como verdadero custodio de la Constitución, resguarda también
las libertades de los ciudadanos frente a la injerencia creciente de un Estado
que amenaza con inmiscuirse en lo mínimos pormenores de sus vidas.

En
cambio, si los jueces se prosternan ante el Ejecutivo de turno o convalidan con
su silencio todas acción legislativa, la indefensión se apodera de los ciudadanos
que se quedan sin esa salvaguardia esencial destinada a impedir entre otras
cosas que la regla mayoritaria sea entendida como un cheque en blanco librado a
los gobernantes para que actúen sin otros límites que los que su sola voluntad
les imponga.

La
Argentina atraviesa una situación en la cual la independencia de la Justicia es
considerada por muchos como la última esperanza que nos queda para evitar el
desplazamiento de un sistema político por otro. Me refiero, más precisamente,
al desplazamiento de una democracia republicana que todavía subsiste, cuando
menos, en la letra de la Constitución, por otro sistema que, más allá de las
denominaciones (“democracia dirigida” es para mí la más ajustada) funciona en
la práctica como una autocracia electiva que por lo visto pretende haber
llegado para quedarse.

Son
numerosas las causas en manos de la Justicia que involucran a funcionarios y
decisiones de gobierno. Confiemos, pues, en que los jueces sepan estar a la
altura de las circunstancias, preservando nuestro marco constitucional y, al
cabo, la legalidad democrática.