Pesos y contrapesos o el reto de la institucionalización de México

América Economía

Una sociedad madura, democrática y funcional -el sine qua non del
crecimiento económico y la convivencia pacífica- sólo puede existir
cuando se han construido pesos y contrapesos efectivos. Los problemas
que hoy enfrentamos, y que sin duda confrontará el próximo gobierno, se
derivan de esa ausencia fundamental.

El presidente electo ofreció algo que
los mexicanos añoran: un gobierno eficaz. Esa oferta responde a una de
las mayores carencias de las últimas décadas: ha habido
gobiernos de distintas características, pero con muy poca capacidad de
ejecución, es decir, poco eficaces. El problema es que la eficacia no
sólo depende del talento ejecutivo de una administración: igual de
trascendente es el contexto institucional en el que opera.

Visto desde la óptica del equipo que se
apresta a gobernar, lo último que desea es restricciones a su capacidad
de acción: su mejor escenario hubiera sido uno de control absoluto del
poder Legislativo para poder dedicarse a “lo relevante”, a decidir y
actuar, dejando a un lado la discusión y el bla bla bla (como los
priistas solían referirse al Congreso) para hacer todo eso que al país
le urge. Afortunadamente, tanto los resultados electorales como
la evidencia reciente hacen imposible avanzar un proyecto de gobierno
sin concertar, sumar y construir. 

El gobierno en ciernes tiene la oportunidad
de cambiar la realidad: construir eso que eludió a los priistas a lo
largo del siglo XX, un país de instituciones. La ironía es que
será un gobierno priista al que le tocará realizar eso que hubiera sido
más natural y lógico para un gobierno históricamente de oposición.

Construir contrapesos no debe verse como una
concesión a la sociedad o a los partidos. Todo gobierno enfrenta las
vicisitudes de diversos grupos de poder que intentan limitar su marco de
acción, algo inevitable en una sociedad caracterizada por diversidad y
dispersión (política, geográfica, económica). Poco a poco, cada uno de
esos poderes comenzará a mostrar su músculo e intentará imponer sus
preferencias, forzando al nuevo presidente a responder. En ese momento
el presidente se percatará de un hecho fundamental: a todo mundo le
conviene la existencia de contrapesos. 

En su esencia, una sociedad con contrapesos
implica que nadie puede imponer su voluntad sobre los demás: el
presidente no la puede imponer, las televisoras no la pueden imponer,
los sindicatos y sus líderes no la pueden imponer, los empresarios no la
pueden imponer, los partidos políticos y sus perennes candidatos no la
pueden imponer. En suma, nadie, desde el gobierno hasta el más modesto
de los ciudadanos  -incluyendo a los (con frecuencia brutales) poderes
fácticos- puede imponer su voluntad. La existencia de contrapesos
implica que la sociedad se institucionaliza, circunstancia que limita a
todos por igual.

El gran reto de la sociedad mexicana es la
institucionalización y eso no es otra cosa que el desarrollo de pesos y
contrapesos. Cuando existe un sistema efectivo de pesos y contrapesos,
cada uno de los actores y poderes de la sociedad sabe a qué atenerse y,
más importante, acaba por reconocer que sólo el conjunto puede lograr el
progreso. El sistema gana cuando todos ganan, no cuando uno
puede imponer sus términos a los demás. Suena a cuento de hadas, pero
esa es la esencia de la democracia: sólo funciona cuando existen instituciones sólidas que le dan funcionalidad.

Cuando existe un equilibrio, las partes se
convierten en engranes de una gran maquinaria que hace funcionar a la
sociedad. Ese equilibrio no resulta de una imposición desde el poder
central, sino que es producto de una negociación por medio de la cual
todos acaban construyendo el mejor arreglo posible. Lamentablemente, a
pesar de que hubo momentos (sobre todo con Fox) en que pudo haberse
construido un arreglo de esta naturaleza, éste nunca se concretó. Ahora
ese arreglo se torna no sólo crucial, sino necesario. Necesario para que
el próximo gobierno pueda ser tanto eficaz como exitoso. 

El gran reto de institucionalizar al
país consiste en construir pesos y contrapesos que, respetando los
derechos de las partes, éstas sean acotadas de tal suerte que ninguna
pueda abusar de las demás. Es decir, se requiere una negociación
política que arroje el mejor arreglo posible donde todos quepan pero con derechos y poder acotados.

Un arreglo de esa naturaleza no implica
conculcación de derechos ni imposición pero sí negociaciones, cesiones e
intercambios: eso que el presidente electo ha comenzado a construir.
Implica una implacable y despiadada dedicación a la construcción
institucional, donde el objetivo es un arreglo político que le dé
funcionalidad al sistema de gobierno. Se trata de eso que no hemos
tenido desde los 80, década en que se colapsó el viejo y para entonces
agotado pacto callista-priista. 

La eficacia de un gobierno se puede medir en
la velocidad de su respuesta, algo que el hoy presidente electo Enrique
Peña demostró con creces como gobernador. Sin embargo, desde la óptica
de la presidencia, la eficacia adquiere una dimensión muy distinta
porque la fortaleza de un país no sólo se mide por la eficacia cotidiana
de su  gobierno sino por la capacidad de resolver los problemas de
largo plazo, así como por la solidez de sus instituciones. Para llevarlo
al ejemplo más elemental, mientras que a nivel estatal la aprobación de
un gobernador puede ser garantía suficiente para que se lleve a cabo
una determinada inversión que comenzará y concluirá durante su mandato, a
nivel federal lo que cuenta es la confiabilidad de los procesos
judiciales, el cumplimiento de los contratos y, muy en particular, la
imposibilidad de que una empresa, sindicato, grupo político o poder
público pueda abusar de los otros. Cualquiera que recuerde la
forma en que algunos de estos poderes fácticos respondieron ante la mera
posibilidad de que el gobierno otorgara una concesión para una “tercera
cadena” sabe bien que el sistema político mexicano no será confiable
mientras no existan los contrapesos necesarios que aseguren que nadie
puede abusar o imponer sus preferencias. 

Lo que el país requiere se resume en la
construcción de un entramado político cuya esencia reside no en la
aprobación o modificación de más leyes (aunque pudiera incluirlo) sino
en la construcción de acuerdos políticos que conduzcan hacia la
transformación del gobierno (para que sea de verdad eficaz), a la
legitimación del ganador en la elección y, como contraparte, a la
legitimidad de la oposición y a la creación de un régimen efectivo de
rendición de cuentas. Cuando México tenga eso, la inversión, el empleo y
la riqueza no dejarán de crecer.

Luis Rubio es Presidente del Centro de
Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente
dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México.