Las verdaderas víctimas de la guerra contra las drogas en México

The Wall Street Journal Americas

Después de que el martes los votantes en los estados de Colorado y
Washington aprobaran la legalización de la marihuana, nace la esperanza
de que el gobierno de Estados Unidos esté al principio del fin de su
larga, tortuosa e inútil guerra federal contra las drogas.

Si la Constitución estadounidense vale de algo, al gobierno nacional
nunca se le dio el poder de regular el uso de droga dentro de los
estados. Esa prerrogativa le pertenece a los gobiernos estatales, aunque
el Departamento de Justicia de Barack Obama ya ha anunciado que planea
defender la posición de "niñera estatal" que indica que el gobierno
central tiene que proteger a las personas de ellas mismas.

Mientras tanto, al sur de Estados
Unidos, los países parecen estar atravesando sus propios cambios de
paradigmas en el tema. Como en el caso de EE.UU., el ímpetu de cambio
viene de la sociedad civil, no del gobierno.

Durante los seis años de confrontación sangrienta con los carteles de
la droga, el gobierno de Felipe Calderón ha tratado de minimizar el
horror al insistir que la impresionante cifra de víctimas fueron
miembros de bandas criminales asesinados por otros criminales. Pero cómo
pueden las autoridades saber quién mató a quién. Solo cerca de 4% de
todos los delitos en el país llega a resolverse. Nadie entiende esto
mejor que los parientes de los muertos, que en muchos casos han objetado
la caracterización de sus seres queridos asesinados como criminales.

Ahora, surge evidencia de que la violencia del narcotráfico está
afectando la sociedad mexicana de manera más amplia de lo que el
gobierno quiere admitir. Un ejemplo es el hecho de que "trabajar" para
la mafia en México, en muchos casos, no es voluntario. Algunos empleados
de los carteles, particularmente individuos con capacidades técnicas o
de ingeniería que los mafiosos necesitan, habrían sido reclutados a
punta de pistola.

Especialistas en telecomunicaciones que saben cómo instalar antenas y
transmisores son particularmente codiciados. Los carteles también
apuntan a la contratación de menores de edad. Mientras tanto, un informe
del 4 de noviembre en el diario Reforma dijo que los doctores y las
enfermeras en zonas rurales se sienten amenazados por una sensación
abrumadora de inseguridad y muchos quieren renunciar.

El presidente electo, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario
Institucional, quien asumirá el poder el 1 de diciembre, ha señalado un
ligero cambio de curso. En una entrevista en Nueva York antes de las
elecciones de julio, me dijo que esperaba priorizar la reducción de los
crímenes violentos, especialmente el homicidio, el secuestro y la
extorsión. Por supuesto, cuando le pregunté, añadió que continuará
persiguiendo a los narcotraficantes. Pero eso suena muchísimo al modelo
estadounidense, donde las drogas viajan fácilmente desde, digamos San
Antonio, en Texas, a Chicago, en el norte del país, y los narcos saben
qué pueden y qué no pueden hacer en el proceso de colocar su producto en
el mercado.

El nuevo presidente podría obtener el apoyo de su predecesor, un ex
ferviente guerrero contra el narcotráfico que parece haber tenido una
epifanía. En su discurso ante las Naciones Unidas en septiembre,
Calderón explicó que el "problema fundamental" es el enfoque de alejar
la droga de los jóvenes mediante el combate legal del tráfico: "Las
enormes ganancias derivadas del mercado negro, provocado por la
prohibición, han exacerbado la ambición de los criminales, han aumentado
todavía más el masivo flujo de recursos hacia sus organizaciones. Esto
les permite crear redes poderosas, les da una capacidad de corrupción
prácticamente ilimitada, son capaces de comprar gobiernos y cuerpos
policiacos enteros, dejando inermes a las sociedades, dejando indefensas
a las familias, especialmente a las naciones más pobres".

Ya no se escucha tanto el argumento de que las víctimas de la guerra
mexicana contra las drogas son casi siempre delincuentes. Incluso el
gobierno ha tenido que abandonar ese raciocinio a medida que grupos de
derechos humanos junto con las familias de quienes han muerto o
desaparecido se organizaron para presionar y destapar la verdad acerca
de lo que ha pasado con sus seres queridos. La creencia de que
organizaciones delictivas, algunas veces con ayuda de fuerzas del orden
corruptas, están secuestrando personas con capacidades especializadas
está ganando credibilidad.

Según un informe del 29 de octubre publicado en el sitio web mexicano
Animal Político, el patrón en estos secuestros es notable porque las
familias no reciben pedidos de rescate, y usualmente ocurren en zonas
dominadas por los carteles. Entretanto, el ejército ha descubierto
muchas redes de telecomunicaciones sofisticadas "clandestinas" en áreas
remotas donde los carteles operan.

"No veo yo cómo iba a ser algo casual (la desaparición de técnicos)",
dijo al sitio web Animal Político Felipe González, secretario de la
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. "Por ejemplo, ninguno de los
ingenieros en sistemas desaparecidos ha sido hallado, pero el año pasado
hombres armados detuvieron un autobús de pasajeros y obligaron a bajar a
dos personas que dijeron trabajar en una empresa de sistemas; el
problema es que no eran técnicos, sino cobradores, y ellos sí
aparecieron rápidamente, aunque asesinados".

Los estadounidenses están empezando a entender que la prohibición no
es una manera efectiva de desalentar el uso de drogas. Pero si Peña
Nieto quiere hacer de México una sociedad más justa, será mejor que no
espere a que la enorme burocracia gubernamental de EE.UU. que vive de la
"guerra" dé un paso al costado. Ellos hacen oídos sordos al mensaje que
los votantes de Colorado y Washington enviaron la semana pasada.