Chávez y Nazarbayev celebran triunfo de la tiranía en el Consejo de DDHH de la ONU

Hoy es un buen día para líderes
intolerantes como Hugo Chávez y Nusultan Nazarbayev, ya que siete países
con antecedentes particularmente lamentables en materia de derechos
humanos fueron elegidos al Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU:
Etiopía, Gabón, Costa de Marfil, Kazajistán, Pakistán, los Emiratos
Árabes y Venezuela.

El Consejo de DDHH de la ONU fue fundado en 2006 en respuesta al
rechazo unánime de parte de los países democráticos que llegó a
enfrentar la extinta Comisión de Derechos Humanos por incluir en sus
filas a reconocidos violadores de derechos humanos. A lo largo de varias
décadas, la Comisión jugó un papel muy activo en la erosión de los
derechos humanos al proveer abrigo diplomático a los peores tiranos. El
éxito con el cual gobiernos abusadores de derechos humanos usaban sus
puestos en la Comisión para evitar presiones de reforma se convirtió en
uno de los juegos más cínicos de la política internacional.

En ese momento, el Secretario General Kofi Annan admitió que la
“decreciente credibilidad” de la Comisión “había ensombrecido la
reputación del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. A
menos que reconstruyamos nuestra maquinaria de derechos humanos, seremos
incapaces de renovar la confianza pública en la ONU como institución.”
Su consejo de “eliminar y reemplazar” la Comisión fue escuchado. El
nuevo Consejo sería distinto; solo serían electos países que
“mantuvieran los estándares más altos en cuanto a la promoción y
protección de los derechos humanos.” Serviría para corregir todos los
males de la vieja Comisión. Desafortunadamente, las elecciones de hoy
parecen indicar un fracaso rotundo. El Consejo es el mismo vino malo en
una botella nueva. Tomemos por ejemplo tres de los países con
antecedentes dudosos en derechos humanos que fueron elegidos hoy:
Venezuela, Kazajistán y Pakistán.

El gobierno de Venezuela ha cometido violaciones de derechos humanos de
manera continua. Los encarcelamientos y juicios penales a individuos que
expresen opiniones opuestas al gobierno son comunes. La libertad de
prensa está bajo ataque, mientras el régimen expande su hegemonía
comunicacional. El Estado ha aprobado leyes que criminalizan la crítica
legítima a funcionarios gubernamentales, desconociendo los principios de
rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad gubernamental.
Adicionalmente, el gobierno venezolano ha ignorado de manera constante
muchas recomendaciones emanadas de otros países miembros de la ONU. Por
ejemplo, recomendaciones provenientes de Noruega, Suiza, el Reino Unido y
la Republica Checa para mejorar las graves condiciones de las cárceles
venezolanas han sido rechazadas. Venezuela ha fracasado en cumplir sus
obligaciones internacionales en cuanto a la libertad de expresión, y,
hasta el momento, no ha respetado ni una decisión del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria, el cual ha dictaminado la ilegalidad de
las detenciones de muchos presos políticos venezolanos.

Igualmente problemático es el continuo apoyo del Presidente Hugo Chávez a
varios de los grandes violadores de derechos humanos del mundo:
Vladimir Putin en Rusia, Fidel Castro en Cuba, Alexander Lukashenko en
Bielorrusia, Bashar al-Assad en Siria, Muammar al-Qaddafi en Libia,
Saddam Hussein en Irak, Mahmoud Ahmadinejad en Irán y Robert Mugabe en
Zimbabue. El caudillo venezolano se refiere a estos hombres como sus
“hermanos”. Es difícil que el gobierno de Venezuela pueda hablar
objetivamente sobre las violaciones de derechos humanos de líderes que
son considerados amigos y aliados, con quienes comparte métodos de
persecución totalitarios, y a quienes, además, ha comprado millones de
dólares en armamento.

Kazajistán es otro país con una larga lista de abuso a los derechos
humanos por parte del gobierno. El régimen controla el derecho a la
libre asociación y es común que se rechacen solicitudes para realizar
cualquier tipo de manifestación pública con fines políticos. Las
autoridades usan frecuentemente fuerza letal para dispersar huelgas y
protestas pacíficas. La masacre de Zhanaozen, ocurrida el pasado
diciembre, terminó en un baño de sangre que todavía está por
investigarse. Los medios de comunicación están sujetos a censura y
restricciones legales. Aquellas personas con opiniones adversas al
gobierno son víctimas de asedio, juicios por difamación y ataques
físicos. Como si esto no fuera suficiente para demostrar el ahorcamiento
comunicacional del gobierno, hay que considerar que la principal
agencia de comunicación es propiedad de agentes del estado y asociados
de la familia presidencial. Según La Unidad de Inteligencia de la
revista inglesa The Economist, lo más probable es que el régimen
autoritario del presidente Nazarbayev se mantenga en pie: las últimas
elecciones nacionales, obviamente fraudulentas, fueron ganadas por el
presidente vitalicio con más de 95% de los votos. Nazarbayev ha
declarado publicamente que un parlamento de partido único es “una gran
oportunidad para aprobar todas las leyes necesarias para acelerar la
modernización política y económica de nuestro país.” La reciente
elección de Kazajistán al Consejo proveerá al gobierno las herramientas
necesarias para silenciar desde afuera la crítica internacional a las
violaciones de derechos humanos perpetradas por ellos mismos.

De manera similar, Pakistán ha fracasado en cumplir con los más mínimos
requisitos de una democracia liberal respetuosa de los derechos
fundamentales. La crítica al gobierno está fuertemente limitada por el
estado, la censura al Internet ha aumentado y el gobierno restringe el
registro de organizaciones no gubernamentales. Reporteros sin Fronteras
ha nombrado a Pakistán como “el país del mundo más mortífero para
reporteros por segundo año consecutivo” y lo ha posicionado en el puesto
151 de 179 países en su índice sobre la libertad de prensa (Press
Freedom Index) del año 2011-2012. Insultar al Islam, al profeta Mahoma o
al Corán es una ofensa con pena de muerte y muchos, como Asia Bibi —una
madre cristiana con 5 hijos—, se encuentran condenados a muerte por
blasfemia. Algunos pakistaníes creen que el gobierno es cómplice en la
creación de una cultura de intolerancia y violencia que permitió que el
Talibán matara de un tiro en la cabeza a lajoven de 14 años Malala
Yousafzai por abogar a favor de la educación de mujeres y niñas. Los
antecedentes de los votos de Pakistán en la ONU también merecen ser
analizados. Pakistán se abstuvo de votar en la resolución sobre las
víctimas en Corea del Norte, Birmania y Siria, y se opuso abiertamente a
laresolución sobre las víctimas en Irán. ¿Qué podemos esperar entonces
de Pakistán en el Consejo de DDHH?

El Consejo, que supuestamente iba a ser una versión mejorada de la
extinta Comisión, está plagado de las mismas fallas que tienen los
gobiernos autocráticos de sus miembros. Esto lo aprendí de primera mano
cuando fui a prestar testimonio en Ginebra
hace unos meses y fui silenciado por empleados de las dictaduras rusa,
china y cubana. Estados Unidos, que acaba de obtener la reelección al
Consejo, no está exento de crítica en cuanto a derechos humanos. Sin
embargo, el gobierno estadounidense protege la libertad de expresión y
asociación de sus ciudadanos, mantiene una separación de sus poderes
públicos y una libre prensa le exige rendición de cuentas a diario. Y
sobre todo, tiene el antecedente claro y positivo dentro del Consejo de
reconocer y responder a las acusaciones que se le realizan por violación
a los derechos humanos, mientras que se destaca como un honesto aliado
de todas las organizaciones e individuos de la sociedad civil
internacional que prestan testimonio ante el comité.

El Consejo prometió someter a los países miembros a una investigación
periódica, con estándares nuevos y universales, a realizarse por otros
miembros, “basada en información objetiva y confiable” sobre los
antecedentes de violaciones a los derechos humanos durante el periodo
que estuvieran en el Consejo. Sin embargo, tiranías como China, Cuba,
Rusia y Arabia Saudita siguen ejerciendo como miembros sin que se les
investigue en absoluto. Los puestos vacantes, a pesar de nuestra más
vehemente oposición, han ido a parar a candidatos que no están ni
remotamente calificados para actuar dentro del Consejo. El Consejo no
puede continuar siendo un escudo bajo el cual se protegen gobiernos que
desdeñan los principios mismos de la ONU.

Por ejemplo, ya el embajador del presidente Hugo Chávez ante la ONU,
Jorge Valero, empezó a manipular el significado de la elección de su
gobierno violador al declarar que “es una victoria electoral sin
precedentes” y que “esto demuestra que en Venezuela se está cumpliendo
de manera escrupulosa con los contenidos fundamentales de los
instrumentos internacionales que establecen las bases para el ejercicio y
disfrute de los derechos humanos”.

Embajador Valero, ¿y la Jueza Afiuni qué? ¿Y las cárceles qué? ¿Y los
muertos del 11 de abril qué? ¿Y los 155,000 homicidios qué? ¿Y las
cárceles qué? ¿Y las dictaduras que Ud. defiende qué? ¿Y la CIDH qué?
Claramente, la realidad queda opacada por los delirios desde la
residencia del excelentísimo Sr. Embajador.

Al igual que con la extinta Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU se ha convertido en la herramienta más efectiva de los dictadores
y autócratas electos para desviar la atención sobre sus propios abusos a
los derechos humanos. Ahora que algunos de los violadores de derechos
humanos más conocidos del mundo están entre sus miembros, nos
preguntamos: ¿qué credibilidad puede tener el Consejo?