El caso de Paraguay genera grietas en Unasur

La Nación

El juicio político al ex presidente del Paraguay, Fernando Lugo,
ocurrido en junio pasado, generó una dura e inmediata reacción de los
gobiernos enrolados en la izquierda radical de la región, que
lamentablemente fueron acompañados en esto, con emociones exageradas,
por la Argentina y Brasil.

Todos ellos salieron -abroquelados- en defensa de Lugo.
No obstante, siguiendo el procedimiento constitucional requerido, el
Congreso de Paraguay destituyó al ex obispo, quien aceptó expresamente
la decisión. La destitución sucedió pese a la presencia -vociferante e
intimidatoria, en la propia Asunción- de varios cancilleres de la región
y a los riesgos que ello preanunciaba. Con el entonces canciller
venezolano, hoy heredero de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, incitando
directamente a los comandantes de las fuerzas armadas locales a
intervenir en política, en respaldo de Lugo. Más injerencia, imposible.
Pero Maduro fracasó. Completamente.

Mandíbulas amenazantes

Cumpliendo con sus amenazas, ese mismo grupo de países promovió -y obtuvo- la suspensión de Paraguay del Mercosur
y de Unasur. Ello fue decidido con velocidad inusual -y sin conferir a
Paraguay el derecho de defensa previsto en la Convención de Viena- el 29
de junio de 2012.

En el caso de Mercosur, la motivación real (aunque
opaca) era absolutamente obvia: obtener el ingreso de Venezuela al
bloque, que estaba hasta entonces frenada por el parlamento guaraní,
conforme a derecho. La incorporación de Venezuela se hizo a tambor
batiente, el mismo 29 de junio de 2012, violando abiertamente el propio
Tratado del Mercosur que dispone que todo ingreso de nuevos miembros
debe ser aprobado por todos los socios del ente. Para ello se invocó el
Protocolo de Ushuaia, sosteniendo que se había quebrado el "orden
democrático" paraguayo. Insólitamente, los gobiernos bolivarianos -que
han demolido sus respectivos órdenes democráticos internos hasta
hacerlos irreconocibles, sin que nadie en la región haya reaccionado-
lograron así su particular cometido.

Algo similar se hizo en el seno de Unasur, mediante la
decisión 26, de la misma fecha. Ella definió a la destitución de Lugo
como una "ruptura del orden democrático", razón por la cual se suspendió
a Paraguay también de esa organización que hasta ahora ha respondido y
servido -casi automáticamente- a los designios de los gobiernos
bolivarianos de nuestra sub-región. Cual apéndice.

Unasur, con pretensión intervencionista, decidió
asimismo seguir y evaluar, a partir de entonces, la situación interna
paraguaya. Con ambición de tener hegemonía en "la voz cantante" al
tiempo de definir si se ha logrado -o no- la "normalización" del orden
democrático paraguayo. En sus esfuerzos por tener un rol relevante que
-por total falta de imparcialidad- no merece, Unasur procura ahora ser
invitada a actuar como "observadora" en las elecciones presidenciales
paraguayas del próximo 21 de abril. Sería un grosero error. Unasur no
debiera lograrlo, porque no es independiente, según lo prueba, entre
otras cosas, el mañoso -y mendaz- informe de esa organización sobre la
crisis de Pando, en Bolivia. Cualquier informe de Unasur sobre las
elecciones paraguayas que se acercan será seguramente sesgado, cabe
presumir. Particularmente cuando se observa de cerca quienes son quienes
redactan, una y otra vez, los informes de la organización y cuáles han
sido hasta hora sus contenidos.

La opción del diálogo

Muy distinta ha sido ciertamente la visión -y
actuación- de la Organización de Estados Americanos (OEA). Luego de una
evaluación seria, que incluyó una visita de una misión especial al
Paraguay encabezada por su Secretario General y compuesta por
embajadores de los principales países, la OEA concluyó que el
funcionamiento de las instituciones políticas paraguayas era "bastante
normal".

Enseguida, tras cuatro reuniones abiertas y dos a
puertas cerradas, la OEA -pese a la insistente presión de algunos de sus
más recalcitrantes miembros- no definió a lo sucedido en Paraguay como
una "ruptura del orden democrático" Ni como un "golpe de estado".

Muy por el contrario, decidió -el 22 de agosto pasado-
"acompañar el proceso político" paraguayo. Ayudar a Paraguay, entonces.
Todo lo contrario a aislarlo. Lo que cabe aplaudir. Lo hizo por una
mayoría abrumadora: 26 votos a favor de esa decisión y tan sólo 7 en
contra. Con anterioridad, sólo la Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay
y Nicaragua habían votado en contra del envío de la misión. Porque,
increíblemente, lejos de apostar al diálogo y a la cooperación,
postulaban interrumpir todo trato con el Paraguay. Castigarlo, entonces.
Humillarlo. Demonizarlo.

Por todo esto, la misión de observación de la OEA a los
comicios del próximo mes de abril está, creemos, asegurada. A
diferencia de lo que puede suceder con las presiones fruto de un acoso
excluyente, con un tono de vasallaje, que se realizan desde el Mercosur
y Unasur.

Una cosa es tender puentes. Otra, distinta, es
construir muros -a la manera tradicional del comunismo- para así aislar,
separar, castigar y dividir. En los dos organismos sub-regionales,
sólo Colombia se había animado a sostener que en Paraguay "técnicamente
no se configuró un golpe de estado", y señalar que ni existe
"persecución" contra el ex presidente Lugo. Los hechos posteriores así
lo han confirmado. Rotundamente.

Lugo, que -en rigor- carece de apoyo popular
significativo, goza en cambio de entera libertad para actuar en política
con su "Frente Guasu", que presentará candidatos a la presidencia para
las elecciones del 21 de abril próximo. El Partido Comunista del
Paraguay impulsa, por lo demás, la candidatura presidencial de Fernando
Lugo.

El regreso lento de la normalidad

Tras la destitución de Lugo, algunos embajadores fueron
retirados rápidamente de Paraguay. En una señal más de querer aislarla y
separarla de su propia región. Colombia, Brasil, Chile y Uruguay
llamaron a sus embajadores "a consulta". Conocidos como más drásticos,
intemperantes y radicales: la Argentina, Cuba, Ecuador y Venezuela en
cambio "retiraron" a sus embajadores. Destempladamente.

No obstante, las cosas han comenzado a cambiar. Porque
las circunstancias -que ciertamente no fueron apocalípticas, sino
normales- así lo aconsejan.

Colombia ha dispuesto el regreso de su embajador a
Asunción. Se trata de Jorge Barrantes. Así lo acaba de confirmar el
talentoso y experimentado canciller del país hermano: José Félix
Fernández Estigarribia. Muy pronto lo hará también el embajador de
Chile, Cristian Maquieira, un hombre con experiencia multilateral y
visión amplia. Presumiblemente poco después regresará el embajador de
Perú, Jorge Lázaro Geldres.

Obviamente no todos en Unasur piensan que todo se
conduce con amenazas, castigos e intimidaciones. No es así. El camino a
seguir es el de la OEA. Lo de Mercosur y Unasur es consecuencia de una
ideología radical que disfrazó más o menos hábilmente lo sucedido con el
objeto de permitir a Venezuela ingresar al Mercosur. Ilegalmente, por
cierto. Esa decisión es nula y sólo puede ser confirmada por Paraguay.

Por ello de pronto se tuvo que justificar la ilegalidad
del proceder con la poco feliz frase de José Mujica: "lo político tiene
prioridad sobre lo jurídico", que es toda una definición sintética del
autoritarismo, desde que postula que el Estado está por encima de la
ley. En las democracias, ello no es así.

Unasur está dividida. En esto al menos, no tiene ahora
un "pensamiento único". Las sugerencias que llegan desde Caracas carecen
hoy de la resonancia anterior y los miembros de Unasur finalmente
parecen animarse a ser ellos mismos. Lo que es diferente a proceder como
muñecos de ventrílocuo..