Al gobierno argentino se le acaba el dinero ajeno

The Wall Street Journal Americas

Once años después de una crisis cambiaria y de deuda que derrocó al
gobierno del presidente Fernando de la Rúa, Argentina está nuevamente
bajo la amenaza de un descontento popular. Se estima que alrededor de
700.000 porteños marcharon el 8 de noviembre en Buenos Aires (que tiene
una población de 3,1 millones), para expresar su oposición a la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Incluso teniendo en cuenta
una posible exageración de los proponentes de la marcha, que
suministraron la cifra, fue un movilización de envergadura.

Naturalmente, debido a que los
helicópteros de propiedad privada no estaban autorizados para sobrevolar
durante el evento (Hugo Chávez usa la misma táctica durante las
protestas en Venezuela), fue difícil medir el tamaño de la multitud.
Pero la demostración en Buenos Aires (así como marchas más pequeñas
llevadas a cabo el mismo día en otras ciudades) fue significativa.

Kirchner, quien en octubre de 2011 fue electa a un segundo mandato de
cuatro años con 54% del voto, parece estar sumergida en un profundo
problema político. Para entender la razón, hay que recordar lo que
advirtió en 1976 la entonces primera ministra británica, Margaret
Thatcher, a los socialistas "siempre se les acaba el dinero de otras
personas".

Hasta el punto que ha funcionado, el modelo económico de los Kirchner
ha dependido de la cesación de pagos en 2001 sobre US$100.000 millones
en deuda e intereses, un peso débil, proteccionismo, confiscación de la
propiedad privada, controles de capital, violación de contratos e
impuestos altos. En otras palabras, ha dependido del dinero ajeno.
Ahora, como advirtió Thatcher, el efectivo se está agotando.

La economía se contrajo 1,4% en el segundo trimestre. La Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), un centro de
estudios de Buenos Aires, proyecta un crecimiento del PIB de apenas 1,5%
en 2012. Economistas independientes calculan que la inflación se ubica
en casi 25% anual. A medida que los salarios se ajustan al alza para
compensar la pérdida de poder adquisitivo, los trabajadores son gravados
con impuestos más altos. Los argentinos que viajan al exterior tienen
ahora que explicar sus planes a los burócratas del gobierno si quieren
comprar moneda dura.

A estos problemas que afectan el bolsillo hay que añadir el alza de
la criminalidad, escándalos de corrupción recurrentes, el aumento de los
esfuerzos antidemocráticos para silenciar a los medios de comunicación y
pronunciamientos de aliados de Kirchner sobre una enmienda
constitucional que le permita optar a un tercer término. El gobierno
también ha irritado a los líderes laborales con sus planes de transferir
a las arcas del gobierno cientos de millones de dólares en primas de
salud que están bajo el control de los sindicatos.

Ahora, la pregunta de los US$64.000 (405.000 en los devaluados pesos
argentinos que apenas hace 11 años estaban a la par con el dólar) es si
lo que parece como el rechazo nacional a la clase política gobernante en
Argentina resultará ser un punto de inflexión en los 10 años que la
política económica lleva inclinándose hacia la izquierda.

Cabe estipular que lo único que une a los manifestantes es su descontento con el statu quo.

Algunos argentinos han entendido siempre la miopía de la estrategia
económica kirchnerista y su peligrosa consolidación del poder. Pero
muchos otros están molestos simplemente porque el Estado de bienestar ya
no puede cumplir sus promesas. La triste realidad es que pocos líderes
de la oposición u organizadores de grupos de base son partidarios de una
economía libre, y eso significa que el país está lejos de cualquier
revolución de mercado.

La buena noticia es que, al parecer, el plan de la presidenta para
cambiar la constitución y postular a un tercer período sería derrotado
en el Congreso. Y a menos de que la economía repunte con fuerza, su ala
del partido peronista podría sufrir grandes pérdidas en las elecciones
legislativas previstas para el próximo año.

No es primera vez, sin embargo, que Fernández de Kirchner lleva las
de perder. En 2008, cuando las consecuencias de la crisis financiera de
Estados Unidos se expandían por todo el mundo y la financiación
comercial había colapsado, trató de aumentar los impuestos de
exportación sobre el sector agrícola a niveles confiscatorios. Esto
provocó una rebelión entre los agricultores que, en combinación con sus
oponentes urbanos, lograron bloquear la medida. La popularidad de la
presidenta cayó a 20%.

El crecimiento económico se desaceleró a 0,9% en 2009. No obstante,
gracias a la generosa impresión de dinero de la Reserva Federal de
EE.UU., los precios de los recursos naturales experimentaron un auge en
2010 y la presidenta nuevamente tuvo el viento a su favor. El PIB se
expandió ese año 9,2%. En 2011, cuando fue candidata a la reelección,
creció 8,9%.

Una recuperación similar de la actividad económica o alguna otra
sorpresa pueden salvar a Fernández de Kirchner. Pero por ahora, las
palabras de Thatcher parecen proféticas: el perfil de riesgo del país
está subiendo y su reputación de honrar sus contratos se está hundiendo
de nuevo después que el gobierno asumiera este año el control de la
petrolera YPF, que estaba en manos de la española Repsol.

Existen pocas dudas de que algo importante pasó el 8 de noviembre,
sin importar la estimación oficial de que solo 70.000 personas salieron a
protestar. "Lo que tiene que tener en cuenta es que esta multitud fue,
de lejos, la más grande vista desde que se recuperó la democracia en
nuestro país en 1983", me dijo el miércoles desde Buenos Aires Julio
Saguier, presidente de S.A. La Nación, que publica el diario del mismo
nombre. Por desgracia, los paralelos entre este gobierno y la dictadura
militar que fue finalmente derrotada entonces no terminan ahí.