Argentina: Las opciones de un ajuste inevitable

El Cronista.com

La
palabra ajuste no gusta a nadie, pero lo que la gente debe saber es que cuando
se han acumulado excesos y distorsiones, finalmente se hace inevitable. En todo
caso hay dos opciones: que el ajuste se programe y resulte ordenado; o bien que
se imponga por sí mismo en la forma de una devaluación no controlada o de una
crisis financiera. La segunda opción es social y económicamente más
destructiva.

El
año 2002 nos mostró lo que es un ajuste no controlado. Aquella macro
devaluación escapó de toda previsión y resultó en una importante caída real de
salarios y jubilaciones, en un derrumbe de la actividad económica y en una
estampida de la desocupación y la pobreza. De esa forma tan traumática se pudo
recomponer la situación fiscal y la competitividad. La existencia de abundante
capacidad productiva ociosa y el alto precio de la soja hicieron posible luego
la salida rápida de la crisis y la recuperación.

Pero desde entonces se ha venido cebando otra crisis. El gasto público pasó de
un 30% del PBI a un 43%. La planta de empleados estatales aumentó en un 49%, se
otorgaron más de siete millones de planes sociales y se jubiló a más de tres
millones de personas sin aportes previos. Las tarifas públicas fueron
congeladas compensándose a las empresas con subsidios estatales que han crecido
sostenidamente. Las re estatizaciones también demandan ingentes recursos
presupuestarios. A pesar de los ingresos por las retenciones, el superávit
fiscal se ha convertido en déficit, pero además hay una clara descapitalización
y un deterioro de los activos públicos. Por otro lado se alentó el consumo
impulsando la inflación y se retrasó el tipo de cambio intentando amortiguarla.

Más
allá de si estas políticas produjeron en el corto plazo beneficios sociales y
crecimiento, lo que está claro es que se han agotado y que las distorsiones y
su efecto destructivo sobre la inversión las hacen ahora insostenibles. Al no
haber acceso al crédito, el déficit fiscal debe financiarse con los ahorros de
los jubilados, además del uso de reservas y la emisión del Banco Central. La
expansión monetaria ya alcanza al 38 % anual. El cepo cambiario es un remedio
inútil y destructivo para evitar las consecuencias de ese desborde, frente a la
persistente fuga de divisas y la pérdida del otro superávit gemelo.

El
fallo del Juez Griesa obligando a pagar el 100% a un sector de los hold out
pone un tono de mayor gravedad. El elevado riesgo país muestra claramente la
percepción pesimista sobre la capacidad de cumplir con los compromisos de la
deuda.

Keynes
dijo que en la economía puede hacerse cualquier cosa menos evitar las
consecuencias. Cuando estas llegan, deben enfrentarse, pero corrigiendo las
causas y no yendo solamente sobre los efectos. Para esto es imprescindible
saber cuáles son esas causas. Si debido a las anteojeras ideológicas o a la
preferencia por las teorías conspirativas, la Presidenta y su entorno equivocan
el diagnóstico y persisten en profundizar el modelo, sólo agravarán la
situación interna y el aislamiento internacional. El riesgo de un nuevo default
y de una espiralización inflacionaria, es creciente aunque no sea inminente. Si
se pretende evitarlos, sólo cabe un trabajo serio sobre el gasto público y
encarar de inmediato la normalización de las relaciones con el mundo.

Es
nada menos que un giro de 180 grados que implica abandonar las políticas
populistas e intervencionistas, recuperar la calidad institucional y encarar un
ajuste ordenado. Si esto es tachado de anti social, debe recordarse que mucho
más lo sería lo que pueda suceder si se continúa en el camino actual.
Justamente si el ajuste se programa debidamente se hace posible incorporar con
tiempo medidas de atenuación social. Esto cabe, por ejemplo, en la necesaria
normalización de las tarifas de energía y transporte, o en la sustitución de la
pérdida de recaudación debida al aumento del mínimo no imponible por otro
impuesto menos regresivo.

Los
aspectos más duros del ajuste serán sin duda los relativos a la transferencia
del exceso de empleo público hacia el sector privado. Esto requiere el tiempo
necesario para que la inversión privada reaccione frente a las nuevas
circunstancias más promisorias y además que su perdurabilidad se haga creíble.
No hay otro camino.

Manuel A. Solanet es Director de Libertad y Progreso.