El abismo fiscal de República Dominicana
The Wall Street Journal Americas
Una mujer protesta tras un discurso del ex presidente Leonel Fernández.
Si los demócratas hubieran obtenido mejores resultados en las
elecciones legislativas del 6 noviembre en Estados Unidos, el presidente
Barack Obama
tal vez no habría tenido que negociar con los republicanos para evitar
el abismo fiscal que enfrenta el país. El mandatario podría simplemente
haber enviado sus aumentos de impuestos a "los ricos" al Congreso, donde
probablemente se aprobarían, sin debate, en cuestión de días.
Eso suena bien para los expertos que lamentan el estancamiento en
Washington. Y cuando los mayores impuestos para el 2% de los
estadounidenses más adinerados no frenen el creciente déficit, el
presidente podría pedirle al Congreso que apunte a un número más amplio
de la población de clase media en EE.UU.
Bienvenido a República Dominicana, donde desde 2000 se han llevado a
cabo nueve "reformas", ya sea imponiendo nuevos impuestos o aumentando
los existentes. Los ingresos adicionales nunca han sido suficientes para
cerrar el creciente hueco en las finanzas del gobierno. Así que este
mes el presidente Danilo Medina, aprovechando la mayoría que tiene en la
Cámara de Diputados y el Senado, ha aplicado un aumento significativo
de impuestos sobre los ahorradores, consumidores y productores.
Medina ha estado en la presidencia
desde agosto, pero su Partido de la Liberación Dominicana ha dominado el
cargo por 12 años de los últimos 16, con Leonel Fernández, ex
presidente y jefe del partido, a la cabeza. Fernández es un político de
carrera, que, a juzgar por sus antecedentes, cree que entre más gente
trabaje para el Estado, y dependa de éste, más éxito tendrá su partido.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), con
sede en Santo Domingo, ha escrito un resumen del nuevo paquete
tributario que los dominicanos, con su ingreso anual per cápita de
US$5.500, tendrán que soportar. Algunos de los puntos oscuros del
informe son un aumento del impuesto al valor agregado de 16% a 18%,
alzas de los impuestos a la gasolina y el diésel, y un nuevo tributo
sobre las emisiones de CO2 que se suman al precio de los autos nuevos.
El centro también reporta que los impuestos sobre las bebidas
alcohólicas, el tabaco, la televisión por cable y la propiedad de un
vehículo también subirán.
Los ahorradores e inversionistas se verán perjudicados por nuevas
tasas impositivas sobre los dividendos e intereses. La indexación
salarial por inflación sobre las ganancias individuales será suspendida
por tres años, lo cual llevará a quienes reciben bajos ingresos a una
categoría tributaria más alta. Para apuntar al sector informal, también
hay un impuesto anual mínimo de US$300 para cualquier negocio que haga
compras mensuales de US$1.250 o más. No está clara la forma en la que
este tributo será cobrado. Las zonas francas enfrentarán tasas
tributarias más altas sobre las ventas nacionales.
Se supone que los nuevos gravámenes produzcan ingresos anuales
adicionales para el gobierno de US$1.150 millones, aunque la cifra
parece optimista. CREES espera algo cercano a US$800 millones durante el
primer año y cifras menores en años subsecuentes a medida que los
dominicanos ajustan su comportamiento en respuesta a los impuestos más
altos.
En tanto, los gastos del gobierno están subiendo. CREES dice que la
deuda gubernamental (excluyendo la deuda del banco central y la del
banco comercial estatal) aumentó a US$16.600 millones a fines de 2011
desde US$6.600 millones a fines de 2004. Se trata de un salto de 152% en
siete años.
CREES proyecta que incluso si el ingreso anual adicional llega a
US$800 millones, para 2015 el costo de servir la deuda equivaldrá a 44%
del ingreso total del gobierno, muy por encima del 30% máximo requerido
para ser sostenible. Se espera que para fines de este año, los pagos de
intereses del tesoro dominicano asciendan a 269% en dólares frente a los
niveles de 2004. De acuerdo con los estimados de CREES, después de los
aumentos de impuestos, los pagos de intereses llegarán a 30% del total
de ingresos para 2016, significativamente más que el 15% típico usado
para medir la sostenibilidad.
¿Cree que los déficits se deben a la "inversión" en educación,
carreteras o puentes? No precisamente. Lo que está exprimiendo al tesoro
es el servicio de deuda, los subsidios a las compañías de distribución
eléctrica estatales, programas de obras públicas no justificados, y una
enorme nómina del sector público para aquellos que consideran a
Fernández como su "patrón".
Mire estos hechos: CREES dice que en 2011, el gasto del gobierno en
personal subió 262% en dólares frente a 2004. Por otro lado, durante el
mismo período, el pago de transferencias para financiar entidades
públicas subió 608% en dólares. El gasto en obras públicas ascendió
288%. CREES estima que aunque los ingresos del gobierno han subido 167%
en dólares entre 2004 y 2012, el gasto ha aumentado 234% durante el
mismo período.
Tal vez no sea coincidencia que República Dominicana ahora lidere el
mundo en materia de corrupción. De los 144 países en el Índice de
Competitividad Global del Foro Económico Mundial de 2012 y 2013,
República Dominicana se ubica en el puesto 142 en la categoría de
"desvíos de fondos públicos" y está en el último lugar en el
"favoritismo en las decisiones del gobierno" y en el "despilfarro del
gasto gubernamental".
Tal vez ninguna situación capte la gula de la burocracia con el
dinero de los contribuyentes como el servicio exterior. Según el
periodista dominicano Juan Bolívar Díaz, del sitio web Hoy, la nómina
tiene 660 diplomáticos y 503 personas en el servicio consular, "muchos
de los cuales son auténticas cuotas del clientelismo político y el
nepotismo". El personal diplomático dominicano hace palidecer el de
muchos países más grandes.
Fernández, quien tuvo que dejar su cargo después de dos períodos
consecutivos, podrá volver a ser candidato presidencial en 2016 y
probablemente lo será. De ser así, se espera que su modelo populista y
de patrocinio político lo lleve a la victoria. Pero en algún punto
tendrá que pagar por todo. Con casi 60% de la economía en el sector
informal, puede que encuentre esa tarea cada vez más difícil, incluso si
controla el Congreso.
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