En lucha contra el gobierno argentino, un desliz de Clarín

Committee to Protect Journalists

La
gala del grupo "Clarín" para estrenar la versión HD de su señal
estrella, el canal de noticias TN, con una recreación del federalismo que unió
en una transmisión en vivo los puntos cardinales del extenso territorio
argentino en elíptico contrapunto con la  excesiva centralización de recursos
de la administración nacional que cuestionan algunos gobernadores, no pudo
tener peor debut con la deliberada omisión en su pantalla del acontecimiento
destacado  del lunes: la denuncia de sus abogados (lo que ahora reconocen
como un error) contra funcionarios de la presidente Cristina Fernández por
incitación a la violencia en la que  se involucró a periodistas ligados al
oficialismo.

El
Grupo Clarín, propietario del diario más leído del país, Clarín, así como de
radioemisoras, canales de televisión abierta y cable, y un proveedor de
servicio de Internet, es el principal conglomerado de medios de Argentina y uno
de los mayores de Latinoamérica. También es el principal adversario de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una batalla que enfrenta, de un
lado, al gobierno y a los medios aliados del gobierno, y del otro, a los que se
oponen a la administración. La consecuencia de esta ardua pelea es una prensa
altamente polarizada, como documentó un informe
especial publicado por el CPJ en septiembre. Por un lado, los críticos de
 Kirchner la acusan de coartar la libertad de prensa al recompensar a los
medios simpatizantes y silenciar –mediante regulaciones y el reparto de la
publicidad oficial– a los medios que se le oponen. Por otro lado, muchos creen
que Clarín tiene demasiado poder y que utiliza su enorme  red de medios
para impulsar sus intereses comerciales particulares. La retórica en la lucha
se ha vuelto cada vez más desagradable, y los medios de cada grupo dedican
espacio significativo a descalificarse. Clarín ha sido acusado por el gobierno
y los periodistas progubernamentales de una variedad de pecados, incluyendo
calificativos de mentirosos, monopólicos y responsables de crímenes de lesa
humanidad durante la dictadura militar argentina.

La
demanda de Clarín está centrada en el tenor de las acusaciones, que la empresa
niega rotundamente. Pero la decisión de Clarín de incluir en la demanda a
varios periodistas que apoyan el gobierno provocó una reacción negativa entre
sus aliados en la oposición política y el resto del periodismo, incluidos
algunos de los más destacados reporteros del multimedios.

TN
reconoció la denuncia de  su empresa matriz entrada la noche cuando
informó que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside el
columnista de "Página 12",  Horacio Vertbistky, asumió la
defensa de Sandra Russo, Nora Veiras, Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Javier
Vicente y Orlando Barone. Lo  que significó también  asumir el
fracaso del comunicado  publicado horas antes en el sitio web del diario,
en un intento de atenuar la oleada de críticas. En el comunicado, el grupo
afirmó que nunca tuvo la intención de presentar cargos contra los periodistas,
sino sólo citarlos como testigos en el caso contra los funcionarios. La empresa
anunció luego que modificará la demanda de modo que los periodistas ni siquiera
aparezcan como testigos. También publicó el miércoles un editorial
donde pidió disculpas por el episodio y destacó la disposición del grupo para
tolerar el disenso entre sus propios periodistas. Señaló que la empresa es
capaz de reconocer sus errores y trazó una comparación con la obstinación del
gobierno cuando comete errores.

El
estado de aislamiento que vivió quedó reflejado en la línea editorial seguida
por el diario "La Nación", acaso el aliado  más importante en
 defensa de la denominada "prensa independiente" por oposición a
la allegada al kircnnerismo. "Marcha atrás de Clarín en su denuncia contra
los periodistas que lo criticaron" fue uno de los títulos principales de
la sección política del matutino el martes.

"Lo
de Clarín fue un grave error. No solo va contra la libertad de opinión sino que
otorga al Gobierno argumentos para victimizarse". La ajustada síntesis del
diputado de la UCR, Juan Pedro Tunesi, en un tweet abre interrogantes sobre las
negociaciones llevadas adelante con líderes opositores para obtener
 solidaridad en vísperas del "7D". 7D es el nombre que el
gobierno ha dado al 7 de diciembre, fecha donde se dirimirá una batalla
legal de tres años entre Clarín y el gobierno sobre la ley
de medios de 2009 que obligaría al multimedios a desprenderse de una
cantidad significativa de sus activos.  Los que están a favor de la ley
sostienen que combatirá a los monopolios y democratizará la propiedad de los
medios audiovisuales, mientras sus críticos afirman que también esta diseñada
para dañar a Clarín. En mayo, la Corte Suprema falló que la medida cautelar que
bloqueaba la implementación de la disposición vencería el 7 de diciembre. El
significado de esta decisión en la práctica ha sido motivo de disputa en los
últimos seis meses. Clarín espera el desenlace de un último recurso que plantea
la inconstitucionalidad de la ley.

El
gobierno también ha cometido errores en su campaña para utilizar al
"7D" como la fecha en que se implementará el artículo sobre
desinversión de la ley de medios. Martín Sabatella, titular del organismo
regulador de los medios audiovisuales, conocido como AFSCA, aparentemente ha
descartado lo que la empresa de telecomunicaciones española Telefónica deja en
claro: que la cadena de televisión Telefé de Argentina es una filial de la
compañía española. Otras disposiciones de la ley prohíben que una emisora tenga
dueño extranjero o que esté involucrado en otro aspecto de las
telecomunicaciones.

Clarín
ha utilizado la aparente falta de voluntad del gobierno para perseguir la
desinversión de Telefé como prueba de la intención del gobierno de Kirchner de
utilizar la ley principalmente para hacer daño a Clarín. Este argumento ha sido
sostenido también por muchos analistas independientes de medios.

Si
bien es prematuro aventurar conclusiones sobre el daño efectivo causado por
este episodio,  la privación temporal del principal estandarte que agitó
en defensa de sus intereses equiparó a "Clarín" con el Gobierno en un
insólito cambio de roles: el mayor productor de noticias de la Argentina lució
desorientado frente a la presión de dar una respuesta en tiempo real.

Es
de esperar, sin embargo, un retorno al clima de tensión pero tal vez no 
de los discursos enunciados por cada uno, ahora que está claro que está en
juego una lucha de poder donde la libertad y los procesos de democratización
forman parte apenas de una estrategia retórica.

Daniel Bilotta es periodista y docente de la
carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.