El «caso Ferrán» y la desfachatez del estatismo español
El relato oficial es un cúmulo de responsabilidades ocultas. Díaz
Ferrán adeuda a Banesto, Novagalicia y otras entidades bancarias,
especialmente cajas de ahorro, una cifra de euros cercana a los 419
millones. Los perjudicados son, directamente los accionistas de esas
entidades y los impositores de las mismas. El ex presidente de la CEOE
no puede responder ante los acreedores porque no quiere, simplemente, al
haber establecido una trama de evasión de sus obligaciones
contractuales ante los propietarios privados. Debe y no paga. La
espectacularidad del caso viene exacerbada por la situación de crisis
que levanta clamores justos que apelan a la conculcación de los derechos
de propiedad. Pero especialmente se escucha otro tipo de apelaciones
menos claras en cuanto a la defensa de esos derechos fundamentales y sí
más claras en la condena al capitalismo que permite hechos similares.
Nada más lejos de la realidad esta última interpretación, ya que es
justamente el capitalismo el que asienta por delante de muchos otros
derechos los de propiedad y su defensa jurídica y penal.
De esta manera, la condena del capitalismo y no la de un simple
sospechoso de robo a propietarios particulares, como debería
considerarse a Ferrán, es lo que prima, de forma que se oculta el hecho
de que el supuesto ladrón solo pudo perpetrar su delito con la
aquiescencia, precisamente, del sector no privado y no capitalista, es
decir, del estado corporativista. Sin la manipulación política de bancos
y, especialmente, de cajas de ahorro es muy posible que Ferrán no
hubiera llegado a endeudarse hasta tales niveles. Es, justamente, por
esa intromisión política que el crédito se ofreció muy por debajo de los
límites que la prudencia y la tasa natural de interés presente en la
economía aconsejaban. La expansión crediticia y los asientos políticos
en los consejos de administración de las entidades financieras hicieron
posible el "caso Ferrán" y Ferrán, simple y supuestamente, robó.
Pues bien, a pesar de el sustrato real del todo lo ocurrido con el
propietario de Viajes Marsans, sucede que el relato vulgarizado y falso
permite comparar a su lamentable protagonista con el suceso de las
empresas transnacionales que planifican la evasión de sus impuestos.
Starbucks, Apple, Amazon y otras están siendo acusadas e investigadas
parlamentariamente en el Reino Unido, es decir, por los representantes
de "lo público", y con escenografía rayana en lo obsceno. Parece ser que
estas firmas han planificado la reducción de sus costes tributarios de
manera legal (por más que dichos costes sean esencialmente ilegítimos) y
que eso, en momentos en los que la envidia social es demagógicamente
excitada por políticos y movimientos de revival post-marxista, es considerado tan insolidario como lo supuestamente perpetrado por Ferrán.
De manera que el epílogo oficial de todo esto es que, cuando un
desaprensivo roba, es decir, viola los derechos de propiedad que el
capitalismo de libre empresa consagra, la culpa no es del sistema
politizado que propicia esa transgresión ni simple y penalmente del
ladrón, sino del capitalismo. Cuando ciertas empresas reducen costes
evitando que el fisco conculque los derechos legítimos de propiedad por
vía tributaria con el consiguiente beneficio para los consumidores que
disfrutan de productos abaratados, eso se considera un delito de lesa
solidaridad también. Lo que se exacerba aquí es la codicia de quienes se
benefician del estado gigante, llamado del bienestar, que siguen
queriendo parte de la tarta a costa de la competitividad de las
empresas.
Lo que subyace a unos y a otros casos es que cuando un paradigma
explicativo es el dominante en la sociedad, cualquier caso es referido a
él, sea cual sea su etiología y sean cuales sea las consecuencias
perversas de esa explicación.
- 23 de enero, 2009
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