Instancias decisivas en Argentina

El Imparcial, Madrid

Una
de las características más salientes de la llamada democracia constitucional es
que en ella el poder de las mayorías se encuentra limitado por un conjunto de
normas y procedimientos que no deberían vulnerarse de un día para otro (quiero
decir, en función de un resultado electoral) y que, entre otras cosas,
garantizan la primacía de los derechos y la libre expresión de las minorías.
Por consiguiente, en una democracia constitucional la ley, como expresión de la
voluntad mayoritaria, no puede ser considerada la última palabra mientras no se
admita la posibilidad de su revisión judicial por parte de los órganos
correspondientes.

La
Constitución argentina contempla claramente esta garantía. Y, sin embargo, las
últimas declaraciones del gobierno a raíz del conflicto que mantiene con el
grupo Clarín (ex aliado del kirchnerismo), dan testimonio del tipo de
democracia que se quiere establecer en nuestro país, en la cual la revisión
judicial sólo tiene cabida en tanto y en cuanto venga a dar la razón o a
ratificar cuanta decisión emane de los otros poderes del Estado.

¿Queremos
esta democracia? Me inclino a creer que no. En cualquier caso, y sea cual sea
el resultado de esta historia gestada en torno a la presunta
inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios, el daño infligido a
la República será difícil de reparar.

Así
como un día fuimos capaces de decir "nunca más" al terrorismo de
Estado, tal vez un día podamos decir también "nunca más" a la
manipulación institucional y al avasallamiento de la justicia que este gobierno
viene perpetrando casi como una política pública, sin medir por cierto los
costos que tendrá ello no sólo para el país sino también, tarde o temprano,
para los propios ejecutores.