“Pacto por México” y el abuso de citar a la Moncloa
El gran ausente en la política mexicana es un acuerdo sobre el cómo. A pesar de ello, todo mundo está enfocado en el qué.
El pacto firmado la semana pasada tiene un enorme simbolismo político
por tantos años de polarización y no pretendo minimizar su
trascendencia. Pero el desencuentro central de la política
mexicana reside en el cómo, porque esta carencia impide conducir los
asuntos públicos de una manera sana, sensata y para beneficio del
desarrollo y de la ciudadanía. Por necesidad, un pacto sobre el
qué acaba siendo vago y general, algo inevitable porque no es posible,
ni lógico o deseable, pretender un acuerdo detallado sobre objetivos.
La elección presidencial de hace unos meses
decidió quién gobernaría al país y con qué programa. El proyecto
presentado por el candidato ganador es distinto al de los otros partidos
y ese es el que presumiblemente servirá de base para el nuevo gobierno.
No tiene por qué haber disputa respecto al hecho de que los
objetivos que perseguirá Peña Nieto sean distintos a los que preferirían
otros partidos: eso es lo que los electores decidieron. A los
otros partidos o a muchos mexicanos nos podrá gustar o no lo que
propone, pero la regla del juego -el voto en las elecciones- decidió el
programa a seguirse. Es decir, el procedimiento para optar fue el
electoral; una vez que los electores tomaron una decisión, lo que sigue
es apegarse al resultado y consensuar los objetivos, tanto como el
entorno lo permita y las necesidades de legislación lo requieran.
En una democracia, los procedimientos
constituyen la clave de la convivencia pacífica. Los procedimientos
sirven para escoger a quien nos gobernará, a quien servirá de contrapeso
en el congreso y cómo se vigilará al gobierno para que no abuse. Las
reglas del juego que conforman la operación del sistema político son la
clave del funcionamiento del país y es ahí donde estamos atorados. Es ahí donde debemos enfocarnos.
Los objetivos comunes siempre son
inevitablemente abstractos. Por eso es indispensable acordar
procedimientos. De por sí, no existe acuerdo respecto a cosas tan
elementales como que las elecciones deciden quién nos gobernará o sobre
la forma en que se supervisará al gobierno en funciones. En una
democracia madura, los actores -partidos, funcionarios, políticos,
legisladores- aceptan los procedimientos como sacrosantos y se dedican a
competir por sus objetivos y programas en el plano electoral. Pasadas las elecciones, cada quien se apega a la función que le corresponde: unos como gobernantes, otros como contrapeso. Pero en el México de hoy todo mundo quiere gobernar y el gobierno no quiere ser vigilado. Así no es posible avanzar.
Para resolver estos entuertos, es frecuente
la invocación de los pactos de La Moncloa como modelo a seguir. El
planteamiento es un tanto enigmático porque se le atribuyen
características que no fueron las relevantes.
Los pactos de La Moncloa no acordaron "el qué". El tema en la agenda en aquel momento era relativo a precios y salarios,
asuntos cruciales pero de menor trascendencia política. La
trascendencia de aquella reunión en particular tuvo que ver precisamente
con lo que en México no hemos logrado: acuerdos de procedimiento.
En un contexto complejo luego de la muerte
del dictador, Adolfo Suárez enfrentaba severos problemas económicos.
Además, aunque Franco había dejado una estructura de sucesión de su
preferencia, España vivía una enorme efervescencia y expectación
política. El resto de Europa avanzaba en su proyecto unificador y España
languidecía. En teoría, Adolfo Suárez pudo haber intentado navegar el
momento económico y salir adelante con los instrumentos que tenía a su
alcance. Sin embargo, su genialidad y grandeza política residió en el
hecho de que optó por convocar a todas las fuerzas políticas para
unificar al país y establecer un acuerdo sobre los procedimientos que
servirían para conducir el futuro de su nación.
Más allá de los temas específicos que se
acordaron en aquél día en 1977 (muchos económicos), los dos temas
trascendentes fueron, primero, el hecho de que ahí estaban presentes
todas las fuerzas políticas y económicas relevantes, desde la extrema
izquierda hasta la extrema derecha, los empresarios y los sindicatos.
Luego de décadas de exclusión, la presencia de todas esas fuerzas,
comenzando por figuras icónicas venidas del exilio como Dolores Ibárruri
La Pasionaria y Santiago Carrillo, cambió el contexto nacional. La
presencia hablaba por sí misma.
Segundo, de haber pretendido Suárez imponer
su visión del mundo, todo el entramado que condujo a esa reunión se
habría venido al suelo. Suárez propuso la adopción de un conjunto de
temas específicos relativos al momento español (y que fueron aprobados
por Las Cortes en los días sucesivos). Pero la clave de los Pactos fue
la aceptación implícita de la legalidad franquista mientras se redactaba
y adoptaba una nueva constitución. Es decir, se acordó el procedimiento
por medio del cual la España heredera del franquismo transitaría hacia
una democracia plena. Nadie acordó el contenido de la nueva constitución
ni la forma en que se administrarían las empresas del Estado o la forma
de concesionar los medios. Esos asuntos serían decisión de un futuro
gobierno. Los acuerdos fueron sobre cómo se decidiría y no sobre qué se
decidiría. Esa fue la clave de su éxito.
El “Pacto por México” reunió a las
principales fuerzas políticas y ese es su enorme valor político. En lo
personal, coincido con el contenido y reconozco su trascendencia. Sin
embargo, el hecho de que, para lograr el consenso, se tuvieran que
eliminar detalles que se encontraban en la propuesta inicial habla por
sí mismo. Esto era inevitable porque es lógico que no todos los partidos
o sus facciones estén dispuestos a suscribir un pacto. La razón es
doble: por una parte, es natural y legítimo que existan diferencias
sustantivas entre los partidos y entre los políticos respecto a las
políticas públicas y a las reformas. Seria absurdo suponer lo contrario.
Por otra parte, en ausencia de un consenso respecto a los
procedimientos (la esencia de los Pactos de la Moncloa), cualquier
excusa sirve para que afloren pugnas y diferencias que nada tienen que
ver con el asunto inmediato.
Los mexicanos elegimos al gobierno que hoy
está a cargo y, como ya lo hace, ahora es su responsabilidad negociar
sus prioridades con las diversas fuerzas políticas. El conjunto decidirá
lo que transita. Mi impresión es que su éxito –y su legado y
rentabilidad social y política- serán mucho mayores y perdurables si
logra un acuerdo de procedimientos que si pretende una inasible
unanimidad de objetivos.
Luis Rubio es Presidente del Centro de Investigación
para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la
investigación en temas de economía y política, en México.
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