Las víctimas de la justicia boliviana

El caso de Jacob Ostreicher sin duda
conmueve por el sufrimiento de un inocente extorsionado por funcionarios del
Poder Ejecutivo, pero no es un caso aislado. Más del 70% de los presos en
Bolivia no tienen sentencia. Algunos son presos políticos de notoriedad como
Leopoldo Fernández con 4 años de prisión sin juicio ni sentencia. Otros viven
en el olvido el calvario de las injusticias de la justicia boliviana. Lo que le
ha sucedido a Ostreicher no es la excepción sino la norma de cómo funciona la
justicia en Bolivia. Quienquiera que ha tenido la desgracia de requerir el
auxilio del sistema judicial en este país puede atestiguar sobre la corrupción
del mismo. Sean procesos civiles o penales, sean trámites administrativos o
denuncias a la policía, para que un proceso llegue a buen término es casi
obligatorio coimear.

Las víctimas del sistema de justicia
boliviano somos todos los habitantes de este país, pero en su mayoría somos
víctimas calladas, silenciosas o cuyo quejido no tiene mayor repercusión. El
boliviano evita en lo posible acudir ante la policía o ante la justicia porque
es consciente de los altos costos que esto significa, tanto legales como
extralegales a menudo sin obtener ningún resultado. Ocasionalmente, cuando un
extranjero es víctima del sistema de justicia boliviano, la prensa
internacional toma nota sobre lo que aquí ocurre y si la presión internacional
es suficientemente incómoda, pues se le devuelve su vehículo robado a un
brasilero o la libertad injustamente quitada a un norteamericano. Pero para el
resto de los bolivianos nada cambia: siguen los presos sin sentencia, siguen
los jueces corruptos, siguen los abogados inescrupulosos enriqueciéndose a
costa del pueblo.

Es necesario notar que la corrupción
que inunda el sistema de justicia boliviano no nace con el actual gobierno pero
que desde que Evo Morales es presidente las cosas han empeorado. Y es que más
allá de los discursos, las acciones del gobierno son propicias para fomentar la
corrupción. Por ejemplo al inicio de su gestión Evo Morales designó a Jorge
Alvarado como presidente de la estatal petrolera YPFB. Al evidenciarse malos
manejos por parte de Alvarado, Evo Morales lo premió con una embajada y
despidió a las dos personas que hicieron la acusación. Casos como este donde el
mismo presidente Morales premiaba a los presuntos corruptos y castigaba a los
denunciantes han sido frecuentes. A parte de eso el Ejecutivo ha llenado de
interinatos las instituciones del Estado, ha presionado a jueces y fiscales
para que fallen según sus designios y a perseguido a jueces que se han negado a
ser sumisos. Así no se puede hablar de mejor justicia y lucha contra la
corrupción.

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