La seguridad jurídica y la economía

El Gobierno ha preparado una ley que llama de la inversión, que
aparentemente espera que reviva la inversión privada en el país.
Ciertamente que es muy positivo que el Gobierno se preocupe por este
tema tan importante. La reactivación de la inversión es esencial para
que la economía vuelva a crecer. Pero de eso a pensar que los
inversionistas van volver a invertir en el país como consecuencia de la
emisión de una ley hay mucho trecho. El pensar que puede ser así
evidencia una falta de comprensión de los motivos fundamentales por los
que la inversión ha caído en el país.

El principal de estos
motivos es la falta de seguridad jurídica, que es quizás la razón por la
cual el Gobierno cree que la inversión puede revivirse con la emisión
de una ley sobre inversiones. Esto no es así. La seguridad jurídica se
basa en la existencia y respeto de ciertos derechos fundamentales e
inalienables de la persona. Protege estos derechos contra los actos
arbitrarios del Gobierno y de otros individuos. Esta seguridad es
esencial para la sostenibilidad de la democracia, porque ésta última no
tiene ningún freno natural para los actos arbitrarios, toda vez que
ellos sean decididos por una mayoría de votantes. En una democracia sin
seguridad jurídica las mayorías pueden quitarle la libertad, las
propiedades y la vida a las minorías (como en los regímenes nazis y
comunistas), dando al traste con la vida civilizada en una sociedad.
Durante la Revolución Francesa, varios regímenes democráticos en el
sentido de tomar decisiones por mayoría impusieron el Régimen del
Terror, mientras se mataban los unos a los otros en cambiantes mayorías.
Esta estructura sin derechos rápidamente lleva a la pérdida de la
democracia misma. El pueblo apoya hasta las tiranías con tal de que se
restablezca el orden en la sociedad. Por esa razón la democracia no es
sostenible si no está basada en la seguridad jurídica que protege los
derechos fundamentales de los ciudadanos.

Una vez establecido lo
que es la seguridad jurídica podemos hacer varias reflexiones con
respecto a ella: Primero, es importante notar que no es necesario crear
nuevas leyes para que exista en el país. Nuestra Constitución ya
establece los derechos individuales a la vida, la libertad y la
propiedad que son la base de dicha seguridad. Segundo, la seguridad
jurídica no es divisible ni geográficamente, ni en términos de clases
sociales ni en términos de ocupaciones económicas. O existe para todos y
en todas las actividades, o no existe para nadie porque los límites de
los derechos de unos los establecen los derechos de los otros. No se
puede dar seguridad jurídica a los inversionistas sin al mismo tiempo
darla a los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, a todos
los pobladores del país, nacionales y extranjeros. Tercero, lo
contrario de la seguridad jurídica es la arbitrariedad. Por eso, si el
Ggobierno quiere reforzar la seguridad jurídica, tiene que refrenarse de
cometer actos arbitrarios tales como avalar que la Policía Nacional
golpee salvajemente a un ciudadano por creer que había insultado al
presidente, o como erosionar la autoridad de la Sala de lo
Constitucional, la guardiana de los derechos inalienables de los
ciudadanos, o como negarse a dar información sobre sus actividades y el
uso de los fondos de los contribuyentes, o como muchas otras
arbitrariedades que comete o quiere cometer el Gobierno mismo.

Como
lo he insistido en estas columnas muchas veces, la inversión no se va a
recuperar dando privilegios a los inversionistas que no son disfrutados
por el resto de los ciudadanos, y si se recuperara con base en
privilegios de este tipo, no sería la inversión que queremos para
nuestro país. Lo que queremos es un Estado democrático, respetuoso de
los derechos individuales, y eso traerá la inversión por añadidura.

El autor es Máster en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.