La economía española en 2013

La OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo), certifica el riesgo evidente de
Double Dip en su informe Bienal sobre la economía española (crecimientos
negativos del 1,5 % en el 2012 y del 1,3 % en el 2013) y su consecuente efecto
dominó en la declaración de ERES en sectores básicos de la economía que
provocará incrementos de las tasas de paro hasta niveles desconocidos desde la
postguerra española (picos que podrían alcanzar el 25 % en el 2012 y del 26,9
en el 2013 ,según sus estimaciones ).

Dicho informe incluye 12 recomendaciones que el Gobierno de
Rajoy deberá aplicar a lo largo del Bienio 2013-2014 para evitar reeditar la
Década de estancamiento económico de la economía japonesa. (Década perdida) y que se resumen básicamente en una nueva Reforma
Laboral y Reforma del Sistema de Pensiones.

Reforma del Mercado Laboral: La última edición del “Informe de Competitividad Global 2009-2010”, elaborado por un
equipo de economistas dirigidos por el español Xavier Sala-i-Martín, indica que la economía española
se sitúa en el puesto 33 en la clasificación de los países más competitivos a
nivel mundial elaborada por el Foro Económico Mundial (FEM), y destaca que
"la mayor preocupación continúa
siendo la elevada rigidez del mercado laboral, (que lleva a España a ocupar el
puesto 122), lo que a juicio del FEM desalienta la creación de empleo.”

A instancias
de la OCDE, el Gobierno de Rajoy
accederá pues a una nueva y drástica Reforma del mercado laboral que
implicará la progresiva implantación del despido libre sin indemnización; la
instauración de la jornada laboral mínima de 45 horas semanales y el retraso de
la jubilación a los 67 años unido a la pérdida del poder adquisitivo de los
trabajadores debido a los exiguos incrementos salariales, congelación o
dramática reducción de los mismos y la subsiguientegeneralización de la precariedad laboral con salarios seiscieneuristas
e interinidad vitalicia.

Además,
en vistas a la optimización de recursos, no sería descartable una progresiva
reducción de las competencias autonómicas que llevaría aparejada una drástica reducción del número de
funcionarios y empleados públicos que podría rozar el 20%  (en la actualidad rondarían los 2,5
millones y el 85 % serían funcionarios   con un consumo estimado  del
  1´5% del PIB) .

Reforma del Sistema de Pensiones: El drástico
descenso de los ingresos del Estado    y el bestial incremento de las
prestaciones de Desempleo (en el 2012 serán necesarios
40.000 millones) , originará el Déficit de la Seguridad Social y la utilización de la "hucha de las pensiones" (estimada en
66.000 millones de Euros) para poder sufragar las necesidades del Estado en el
Bienio 2.013-2014.

Así, según el
profesor del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat
de València,Enrique Devesa, el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad Social ofrece una
rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%, lo que provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2012 ronde los
10.000 millones de euros”.

Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un
millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a
medida que la generación del baby-boom comience a fallecer, dibujándose un escenario insostenible para
el 2021 en que  la "tasa de dependencia" según el INE, crecerá en un
57%, (lo que supone que  habrá seis personas inactivas ya sea
jubilados, parados o estudiantes  por cada persona activa).

De todo ello se deduce la necesidad urgente de un nuevo Pacto de Toledo consensuado entre
Gobierno, Oposición, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos
asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de
dicho pacto, con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de
la Seguridad Social en el horizonte del 2.021 y que incluiría los siguiente
apartados:

1.-Retraso de la edad de Jubilación: La OCDE recomendó "retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las
pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el
futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos.", 
en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los
últimos años y tras la presión de la troika comunitaria, el Gobierno de Rajoy
lo aplicará de forma progresiva entre el 2013 y el 2027.

Sin
embargo, el anteproyecto de Ley de
Estabilidad Presupuestaria recientemente aprobado por el Gobierno,
contempla la posibilidad de que el Ejecutivo se plantee la reforma de las
pensiones si el déficit sigue el alza. Así, en su artículo 22.5, señala que “el Gobierno revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de
sostenibilidad  previsto para después de 2027, si el déficit
sigue subiendo”, revisión que podría suponer en la práctica un retraso
en la edad de jubilación más allá de los 67 años o el adelanto de los plazos de
aplicación.

2.-Incentivar el SPP (Sistema Privado de
Inversiones): Desde
las esferas del Gobierno, se esforzará en convencer a la ciudadanía que para
garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar “el
sistema de reparto”, fomentando los planes de pensiones
Individuales según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que
cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación.

Para
los Técnicos del Ministerio de
Economía y Hacienda (Gestha), contratar un
plan privado de pensiones como complemento a la pensión pública "no es la medida más eficaz para solucionar
el bajo poder adquisitivo de las pensiones en España, máxime si se tiene en
cuenta que las pensiones de España son un 54,3% inferiores a las de la
UE".

3.-Instauración del copago sanitario total: El finiquito a la prescripción por
principio activo en todo el Sistema Nacional de Salud, reflejado
en el primer aumentos tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los
beneficiarios de la Seguridad Social (que en el caso de los jubilados con
pensiones contributivas significará pagar pagar un 10% de los medicamentos), supone la desaparición de otro de los tabúes
de la economía española.

Así,
según eleconomista.es, de
cada 100 euros que gastan las administraciones públicas, 46,5 euros son
transferencias al sector privado, "básicamente para pagar pensiones y
prestaciones por desempleo", citando el 'Informe Económico de junio 2012' elaborado por el centro de estudios de negocios Esade, y dado que
según europapress, el PIB del segundo trimestre del 2012, cayó el 1,3% en tasa
interanual y que según se desprende de los Presupuestos Generales para el 2013,
el Estado tendrá unas necesidades de financiación cercanas a los 230.000
millones de Euros, parece inevitable la instalación del copago sanitario total en el horizonte del 2014.

4.-Recortes en las prestaciones de desempleo,
jubilación y viudedad: Según el pais.com, en los primeros siete meses del
año, el gasto en prestaciones por desempleo ha crecido un
5,4%, hasta los 18.455 millones y se espera que en el 2013 entre en vigor
el recorte aprobado en el decreto ley de julio por el que
la prestación
por desempleo pasará a ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% a
partir del sexto mes de percepción.

En
cuanto a las pensiones, el IPC de Noviembre que sirve de referencia para la
revisión automática de las pensiones quedó en el 2,9 % , ( lo que hubiera
obligado al Estado a un desembolso adicional de 5.000 millones de €), pero tras
un increíble truco de prestidigitación contable del Gobierno de Rajoy, la
mayoría de las pensiones tendrán un
exiguo incremento del 1% para el 2013, no siendo descartable la congelación de
las mismas para ejercicios posteriores.

5.-Plan para aflorar la economía sumergida: Según  un informe elaborado por
el instituto
Tax Research (que intenta cuantificar la
economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal), la
economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional.

Si
este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de
euros anuales, con lo que  España sería capaz de absorber su deuda pública
en 8 años, según los autores del
informe “Closing The European Tax Gap”  encargado
por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
para  analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión
Europea.