Retos domésticos de Rajoy en el 2013

La OCDE (Organización para la Cooperación y
Desarrollo), certifica
el riesgo evidente de Double Dip en su informe Bienal sobre la economía
española (crecimientos
negativos del 1,5 % en el 2012 y del 1,3 % en el 2013) y su consecuente efecto
dominó en la declaración de ERES en sectores básicos de la economía que
provocará incrementos de las tasas de paro hasta niveles desconocidos desde la
postguerra española (picos que podrían alcanzar el 25 % en el 2012 y del 26,9
en el 2013 ,según sus estimaciones).

Dicho informe incluye 12 recomendaciones que el
Gobierno de Rajoy deberá aplicar a lo largo del Bienio 2013-2014 para evitar
reeditar la Década de estancamiento económico de la economía japonesa (Década
perdida) y que se resumen básicamente en una nueva Reforma Laboral y Reforma
del Sistema de Pensiones.

Reforma del Mercado Laboral: La última edición del “Informe de
Competitividad Global 2009-2010”, elaborado por un equipo de economistas
dirigidos por el español Xavier Sala-i-Martín, indica que la economía española se sitúa en el
puesto 33 en la clasificación de los países más competitivos a nivel mundial elaborada por el Foro Económico
Mundial (FEM), y destaca que "la mayor preocupación continúa siendo la
elevada rigidez del mercado laboral, (que lleva a España a ocupar el puesto
122), lo que a juicio del FEM desalienta la creación de empleo”.

A
instancias de la CEOE, el
Gobierno de Rajoy accederá pues a una nueva y drástica Reforma del mercado
laboral que implicará la progresiva implantación del despido
libre sin indemnización; la instauración de la jornada laboral mínima de 45
horas semanales y el retraso de la jubilación a los 67 años unido a la pérdida
del poder adquisitivo de los trabajadores debido a los exiguos incrementos
salariales, congelación o dramática reducción de los mismos y la subsiguiente generalización de la precariedad
laboral con salarios seiscieneuristas e interinidad vitalicia.

Además,
en vistas a la optimización de recursos, no sería descartable una progresiva
reducción de las competencias autonómicas que llevaría aparejada una drástica reducción del número de
funcionarios y empleados públicos que podría rozar el 20% (en
la actualidad rondarían los 2,5 millones y el 85 % serían funcionarios  
con un consumo estimado  del 1,5% del PIB).

Reforma del Sistema de Pensiones: El drástico descenso de los
ingresos del Estado    y el bestial incremento de las prestaciones de
Desempleo (en el 2012 serán necesarios 40.000 millones), originará el Déficit
de la Seguridad Social y la utilización de la "hucha de las
pensiones" (estimada en 66.000 millones de Euros) para poder sufragar las
necesidades del Estado en el Bienio 2.013-2014.

Así, según el profesor del Departamento de Economía Financiera y
Actuarial de la Universitat de València,Enrique
Devesa, el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad
Social ofrece una rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%,
lo que provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2012 ronde los
10.000 millones de euros”.

Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un
millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a
medida que la generación del baby-boom comience
a fallecer, dibujándose
un escenario insostenible para el 2021 en que  la "tasa de dependencia"
según el INE, crecerá en un 57% (lo que supone que  habrá seis
personas inactivas ya sea jubilados , parados o estudiantes  por cada
persona activa).

De todo ello se deduce la necesidad urgente de un nuevo
Pacto de Toledo consensuado
entre Gobierno, Oposición, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos
asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de
dicho pacto, con
el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el
horizonte del 2.021 y que incluiría los siguiente apartados:

1.-Retraso de la edad de Jubilación: La OCDE recomendó "retrasar la edad de jubilación más
allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter
obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los
sistemas públicos.",  en un estudio dedicado a analizar
las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años y tras la presión de
la troika comunitaria, el Gobierno de Rajoy lo aplicará de forma progresiva
entre el 2013 y el 2027.

Sin
embargo, el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria recientemente
aprobado por el Gobierno, contempla la posibilidad de que el Ejecutivo se
plantee la reforma de las pensiones si el déficit sigue el alza. Así, en su
artículo 22.5, señala que “el Gobierno revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de
sostenibilidad  previsto para después de 2027, si el
déficit sigue subiendo”, revisión que podría suponer en la práctica un retraso
en la edad de jubilación más allá de los 67 años o el adelanto de los plazos de
aplicación.

2.-Incentivar el SPP (Sistema Privado de Inversiones): Desde las esferas del Gobierno, se
esforzará en convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de
los futuros pensionista se deberá complementar “el sistema de reparto”, fomentando
los planes de pensiones Individuales según las posibilidades de cada ciudadano,
lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el
momento de su jubilación.

Para
los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), contratar un
plan privado de pensiones como complemento a la pensión pública "no es la
medida más eficaz para solucionar el bajo poder adquisitivo de las pensiones en
España, máxime si se tiene en cuenta que las pensiones de España son un 54,3%
inferiores a las de la UE".

3.-Instauración del copago sanitario total: El finiquito a la prescripción por
principio activo en todo el Sistema Nacional de Salud, reflejado en
el primer aumentos tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los
beneficiarios de la Seguridad Social (que en el caso de los jubilados con
pensiones contributivas significará pagar pagar un 10% de los medicamentos), supone la desaparición de otro de
los tabúes de la economía española.

Así,
según eleconomista.es, de
cada 100 euros que gastan las administraciones públicas, 46,5 euros son
transferencias al sector privado, "básicamente para pagar pensiones y
prestaciones por desempleo", citando el 'Informe Económico de junio 2012'
elaborado por el centro de
estudios de negocios Esade, y dado que según europapress, el PIB
del segundo trimestre del 2012, cayó el 1,3% en tasa interanual y que según se
desprende de los Presupuestos Generales para el 2013, el Estado tendrá unas
necesidades de financiación cercanas a los 230.000 millones de Euros, parece inevitable la instalación del copago sanitario
total en el horizonte del 2014.

4.-Recortes en las prestaciones de desempleo,
jubilación y viudedad: Según el pais.com, en los primeros siete meses del
año, el
gasto en prestaciones por desempleo ha crecido un 5,4%, hasta los 18.455
millones y se espera que en el 2013 entre
en vigor el recorte aprobado en el decreto ley de julio por el
que la prestación por
desempleo pasará a ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% a
partir del sexto mes de percepción.

En
cuanto a las pensiones, el IPC de Noviembre que sirve de referencia para la
revisión automática de las pensiones quedó en el 2,9 % (lo que hubiera obligado
al Estado a un desembolso adicional de 5.000 millones de €), pero tras un
increíble truco de prestidigitación contable del Gobierno de Rajoy, la mayoría
de las pensiones tendrán un exiguo incremento del 1% para el 2013, no siendo
descartable la congelación de las mismas para ejercicios posteriores.

5.-Plan para aflorar la economía sumergida: Según  un informe elaborado por
el instituto Tax
Research (que intenta cuantificar la economía sumergida y los
ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal), la
economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional.

Si
este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de
euros anuales, con lo que  España sería capaz de absorber su deuda
pública en 8 años, según los autores del informe “Closing The European Tax Gap”  encargado
por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
para  analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión
Europea.