El exilio y la reforma migratoria

El Nuevo Herald

El éxodo del 15 por ciento de la población de
Cuba en el último medio siglo es prueba irrefutable del fracaso del
comunismo en la isla. La reforma migratoria que entra en vigor estos
días subraya, con sus omisiones, advertencias y autorizaciones
parciales, la índole agorafóbica de ese sistema, que trata a los cubanos
residentes en el país como si fueran internos menores de edad y en el
que se considera prohibido todo lo que no esté expresamente autorizado
por el gobierno.

Durante el periodo republicano, de 1902 a 1959, Cuba
acogió a 1,375,000 inmigrantes. A pesar de las deficiencias políticas
de la República, la economía y la sociedad de la isla eran lo
suficientemente atractivas como para que miles de extranjeros se
establecieran en el país cada año y contribuyesen a su prosperidad.

El
castrismo ha durado ya tanto como la República. Basta con descontar el
trienio de intervención estadounidense entre 1906 y 1909 para que el
tiempo de autogobierno sea idéntico: 54 años. En ese plazo, el régimen
actual ha expulsado al exilio a un millón y medio de personas. Y el
éxodo continúa, a razón de 50,000 al año, según los últimos cálculos.

Conscientes
de que durante medio siglo han practicado una política que vulneraba
los derechos más elementales de la gente, el régimen ha eludido el
debate sobre el tema. Las pocas veces que los voceros del castrismo han
entrado al trapo, se han limitado a señalar que también emigran hacia
Europa y Estados Unidos miles de ciudadanos de los demás países de
América Latina. Pero este argumento soslaya cuatro aspectos decisivos
que diferencian ambos fenómenos migratorios. En ningún país del
continente el Estado ha monopolizado la casi totalidad de la economía,
ni ha confiscado los bienes de los emigrantes ni ha utilizado a sus
familiares como rehenes ni ha impedido que regresen al país quienes
habían decidido establecerse en el extranjero.

La estatización
del aparato productivo ha empobrecido a Cuba y es, junto con la negación
de derechos y la represión, una de las causas fundamentales que
impulsan a los cubanos a abandonar la isla. Las medidas confiscatorias,
el chantaje familiar y la abolición de los derechos de los residentes en
el exterior han sido, hasta ahora, las represalias que el régimen ha
aplicado con el fin de limitar el éxodo. Por eso resulta bizantino el
debate que intenta oponer la condición de exiliado a la de emigrado.
Hasta la fecha, incluso quienes se consideraban a sí mismos emigrados
por causas estrictamente económicas han sido, en realidad, exiliados por
la circunstancia política. Esta situación empieza a cambiar un poco con
las nuevas regulaciones, pero aún está lejos de normalizarse, desde el
punto de vista del derecho internacional.

Más que puertas al
campo, los jerarcas cubanos trataron de poner rejas al mar. Pero el afán
carcelario ha sido infructuoso. La reforma migratoria actual viene a
ser un reconocimiento tardío y pusilánime de esa realidad.

La
reforma se propone principalmente modificar los efectos de la emigración
sin cambiar sus causas. En la situación vigente hasta principios de
este año, las causas del éxodo han sido las condiciones políticas y
económicas imperantes. Sus consecuencias son la contracción demográfica,
la pérdida de talento y mano de obra y el empobrecimiento del país.

Es
probable que las nuevas medidas mejoren la rentabilidad que el gobierno
obtiene ya de quienes viajan o se establecen en el extranjero. A partir
de ahora se procederá a una explotación más eficiente de las remesas,
los desplazamientos, las vacaciones y las repatriaciones de los
jubilados que decidan vivir en la isla sus últimos años. Pero mientras
no cambien las causas subyacentes del fenómeno, Cuba seguirá vaciándose,
en particular de los elementos más jóvenes y creativos de su población.
Aunque en La Habana la oficina que gestiona la sangría nacional siga
llevando el irónico nombre de Departamento de Inmigración.

El autor es escritor cubano residente en España.