El Gobierno argentino centraliza más el reparto de fondos en el año electoral

La Nación

El Gobierno habilitó un mecanismo para dar asistencia financiera directa a los municipios salteando a las provincias, con la sola firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Si bien la Casa Rosada
ya entregaba a los intendentes fondos destinados a obras, la nueva
herramienta le permite enviar partidas para que los municipios paguen
sueldos, deudas y gastos corrientes. Todo en un año electoral y sin
intervención de los gobernadores.

La decisión, difundida ayer en el Boletín Oficial,
desató fuertes críticas de dirigentes opositores, que ven en la medida
un zarpazo del Gobierno al federalismo, así como una vía para adoctrinar
a gobernadores e intendentes de cara a las elecciones legislativas de
este año, en las que el kirchnerismo se juega una eventual reelección de
Cristina Kirchner.

La medida, que autoriza a los intendentes a pedir recursos a la Casa Rosada sin gestionarlos ante las provincias , provocó el rechazo de los gobiernos de Santa Cruz, Córdoba y Santa Fe, además de intendentes opositores.

En Buenos Aires, Daniel Scioli no habló del tema, pero
envió una carta al jefe de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez,
para "rediscutir la coparticipación" y el tope del Fondo del Conurbano
(ver aparte).

La resolución de Abal Medina, basada en el decreto
2609/12 del 27 de diciembre, faculta a la Jefatura de Gabinete "a
otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución
de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones".
A través de aquel decreto, se había aprobado el envío de $ 1129
millones a municipios, sin especificar a quiénes iban destinados.

En aquel momento, fuentes consultadas por LA NACION
coincidieron en que esos millones ya habían sido repartidos entre
intendentes en 2012 y que el decreto sólo implicaba un acto contable
para cerrar el ejercicio. Sin embargo, esas fuentes indicaron que la
resolución 13/2003 apunta al año electoral que comienza y permitirá una
"enorme discrecionalidad" de parte del Gobierno en la distribución de
fondos.

En parte, porque el decreto que dio origen a esta
resolución está dirigido a los municipios que no puedan "atender
sueldos, salarios y pasividades". Y la resolución difundida ayer no sólo
no acota en nada esas "pasividades", sino que sólo establece como
finalidad solventar los "gastos correspondientes a las prestaciones" de
los municipios.

El detalle no es menor, porque las prestaciones de los
municipios van desde sueldos y obra pública hasta la recolección de
residuos y la seguridad, pasando por la atención de escuelas y
hospitales, entre otros múltiples fines que ahora podrán ser financiados
por la Nación sin previo acuerdo con los gobernadores.

Llevado a ese extremo, en reserva, un intendente
bonaerense consultado por este diario se ilusionó con la posibilidad de
conseguir los fondos para librarse de una empresa de residuos a la que
ligó con el líder de la CGT, Hugo Moyano.

Si bien existen experiencias en las que la Nación
financió servicios específicos en municipios, como sucedió en Buenos
Aires con la compra de cámaras de seguridad, hasta hoy el grueso de los
fondos que la Casa Rosada giraba a los intendentes estaba atado a obras
públicas específicas, de acuerdo con los parámetros que fijaba un
convenio de financiamiento vigente desde 2003. El resto de las partidas
debían pasar previamente por las arcas provinciales.

Son obras como las que el ministro de Planificación,
Julio De Vido, prometió sólo a los intendentes kirchneristas
bonaerenses, por 12.000 millones de pesos, y ofrece a jefes comunales de
otras provincias donde los gobernadores no están alineados con la Casa
Rosada. Pero la resolución de ayer abre el abanico para que esos fondos
también puedan dirigirse a pagar gastos y deudas de los intendentes
aliados.

El primero en cuestionar la medida fue el gobernador santacruceño Daniel Peralta
, envuelto en una batalla con la Casa Rosada y los intendentes que
responden a la Presidenta. "Vulnera la autonomía provincial y perjudica
la división de poderes porque la gente votó a un gobernador y no a un
ministro nacional para que distribuyan partidas a lo largo y ancho del
país, discriminando a unos sobre otros", señaló.

Aún más duro se mostró el ministro de Gobierno de
Córdoba, Oscar González. "La intención es saltear a las provincias y
dejar a los gobernadores tirados en la banquina. Están pulverizando el
sistema federal y las autonomías provinciales", señaló a LA NACION la
mano derecha del gobernador José Manuel de la Sota, otro rival de la Casa Rosada
que en los últimos meses vio cómo ministros nacionales organizaban
reuniones sólo con intendentes kirchneristas para prometerles fondos.
"Lo que hacen acá es mandar fondos para contrataciones directas y
licitaciones que hasta venían con el nombre de las empresas que debían
hacer las obras. Ahora van a poder mandar la plata a los intendentes sin
tanto papelerío, y listo", agregó González.

Alicia Ciciliani, jefa del bloque de diputados del FAP y aliada del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti , caracterizó la resolución como "antiinstitucional, clientelar y populista".

El intendente peronista de Malvinas Argentinas, Jesús
Cariglino, sostuvo que el gobierno nacional "castiga" a los que piensan
distinto y señaló que la metodología de asistencia financiera directa
está hecha "con total desparpajo" para "esmerilar" a intendentes y
gobernadores.

"Esta resolución se llama De la Sota/Scioli/Peralta",
ironizó otro intendente. "El Gobierno les dice que no aumenten las
tasas, les achica la coparticipación y ahora les tramita directamente
los fondos. Te tienen de rehén", concluyó.

La nueva herramienta

La medida del jefe de Gabinete abrió quejas de los gobernadores

• Polémica resolución
  El jefe de Gabinete firmó la resolución 13
  2013
  por la que habilita a la Presidenta a enviar partidas para que los
  municipios paguen sueldos, deudas y hasta gastos corrientes sin
  intervención de los gobernadores.

• La fundamentación
  La resolución de Abal
  Medina se basó en el decreto 2609 del 27 de diciembre pasado. Aquel
  decreto de 2012 aprobó el envío de 1129 millones de pesos a municipios,
  sin especificar a quiénes iban destinados.

• Quejas
  La medida de la Casa Rosada desató
  el rechazo de los gobiernos de Santa Cruz, Córdoba y Santa Fe, además de
  intendentes opositores. En Buenos Aires, Daniel Scioli no se pronunció
  al respecto, pero pidió al Congreso debatir una nueva ley de
  coparticipación federal.