Cómo acabar con la tiranía de la riqueza petrolera

The Wall Street Journal Americas

En los 12 meses previos a la elección presidencial de octubre del año
pasado, el gasto fiscal en Venezuela aumentó 40% interanual en términos
reales, según Francisco Monaldi, profesor visitante en la Escuela de
Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, que estudia la economía
venezolana.

El gasto total en 2012 fue equivalente a un asombroso 51% del
Producto Interno Bruto y generó un déficit fiscal de 17% del PIB, el
mayor en la historia del país, señala Monaldi. Lo más preocupante es que
el incremento del gasto se realizó, en gran parte, a discreción del
poder ejecutivo.

Estos datos zanjan de una vez por todas
cualquier duda sobre la forma en que Hugo Chávez fue reelecto pese al
deterioro de los estándares de vida en el país. De cara a la elección,
el mandatario simplemente inundó la economía con clientelismo y otros
favores para sus partidarios, como lo había hecho en otros votos
importantes en 2004 y 2006. Se levante o no de su lecho de enfermo en La
Habana y vuelva al poder, este pasado podría ser un prólogo de lo que
puede ocurrir durante muchos años.

El Estado venezolano obtuvo más US$60.000 millones en ingresos
petroleros en 2011, haciendo del oro negro su principal fuente de
financiamiento para las estratagemas clientelistas de Chávez. Los
opositores del chavismo se han preparado desde hace mucho para el día en
el que los precios del crudo colapsen y las elecciones ya no se puedan
comprar. Mientras tanto, han tratado de presentarse —como lo hizo el
candidato Henrique Capriles el año pasado— como gestores más capacitados
que los propios chavistas para administrar el gran número de programas
sociales del gobierno. Esto no los conduce a ninguna parte y la caída de
los precios del crudo aún podría tardar en llegar.

Monaldi, junto a los economistas venezolanos Pedro Rodríguez y José
Morales, tiene una mejor idea. En un trabajo publicado en septiembre por
el Centro para el Desarrollo Global, proponen ofrecer a los venezolanos
un plan para reemplazar muchos de los subsidios y programas sociales
del gobierno financiados por los ingresos petroleros con "pagos
universales, transparentes y regulares" a los ciudadanos.

Los autores sostienen que este "mecanismo de distribución directa"
sería una forma más equitativa de distribuir la riqueza proveniente de
las vastas reservas petroleras del país y mejoraría la situación de los
venezolanos. Promocionar esta idea al electorado tal vez sea una de las
pocas cartas que le quedan a la oposición por jugar.

Cuesta negar que Venezuela sea actualmente una dictadura. Pero las
ideas aún importan, porque las dictaduras se caen cuando las masas se
vuelven en contra de ellas. Conforme la economía se estanque este año,
el gobierno podría tener que reconocer que Chávez no regresará. Haya o
no una nueva elección, como lo exige la Constitución, el terreno será
fértil para cultivar las semillas del cambio.

Los puristas prefieren acabar con el dominio de la petrolera estatal y
abrir el sector a una competencia plena. No obstante, una solución de
libre mercado para la decadencia de Venezuela probablemente no ganará
adeptos en un país donde la dependencia del Estado se ha vuelto una
forma de vida y donde la reputación del capitalismo se vio gravemente
dañada durante los años de favoritismo y corrupción previos a Chávez.

Una alternativa más persuasiva es el mecanismo de distribución
directa, que aseguraría que la población se beneficie de la riqueza
petrolera del país al tiempo que aborda lo que los autores llaman los
"efectos corrosivos" del crudo en manos del Estado.

Cuando el Estado utiliza los gravámenes petroleros de un pequeño
grupo de productores para financiar el gobierno, rompe la conexión que
los votantes normalmente hacen entre lo que pagan en impuestos y lo que
esperan recibir en servicios, lo que los autores llaman "dividendos de
gobierno positivo". Además, cuando el Estado puede distribuir a
discreción los frutos de la extracción petrolera sin obligación de
rendir cuentas, es probable que los use para recompensar a sus aliados
políticos.

Bajo este mecanismo, el pago directo de los ingresos petroleros es
posteriormente gravado. De esta forma, el costo de financiar los
programas del gobierno recae en los contribuyentes. Según los autores,
el costo de gestionar el Fondo de Desarrollo Nacional, o Fonden, y
"varios programas sociales", incluyendo lo que Chávez llama "misiones",
fue de casi US$125.000 millones entre 2003 y 2011, lo que equivale a
unos US$480 anuales por persona.

¿Es probable que los venezolanos acepten la idea? Los autores dicen
que sí, a pesar de que que el candidato opositor Manuel Rosales haya
presentado una variante de la propuesta en 2006. Realizaron una serie de
focus groups con familias de bajos ingresos y se encontraron con un
considerable respaldo para un sistema que deposite los pagos en la
cuenta bancaria personal de cada ciudadano, en lugar de la idea de
Morales de emitir una tarjeta de débito. Hubo incluso más apoyo para un
sistema que otorgue vales "que puedan ser usados en la institución
preferida" para salud y educación. En ambos casos, los sondeados
respaldaron con firmeza la "universalidad" de los pagos.

Los autores aluden a una reciente encuesta que halló que "67,5% de
los venezolanos no creen que se hayan beneficiado de los ingresos
petroleros del país durante el gobierno de Chávez". Eso representa una
oportunidad para la oposición, a menos que, por supuesto, quieran
preservar el sistema actual para sus propios propósitos y sólo cambiar a
los actores.