Las inhumanas leyes de adopción de Guatemala

The Wall Street Journal Americas

Foto de 2007 de un orfanato en Antigua, Guatemala.

En un pequeño orfanato privado en esta capital en crecimiento, un
grupo de niños de 3 años miran callados la película Shrek sentados en
sillas de plástico. Al entrar al salón, 18 ojos bien abiertos voltean a
mirarme como si estuvieran esperando a alguien. De cierta forma, lo
están.

Son algunos de los miles de niños abandonados y en riesgo de
Guatemala. Hay ejércitos de familias estadounidenses ansiosas por
adoptarlos, pero siguen institucionalizados debido a una ley de adopción
promulgada en 2007 con el fuerte respaldo del Departamento de Estado de
Estados Unidos y Unicef.

Cuando la Rusia de Vladimir Putin
aprobó en diciembre una ley que prohíbe la adopción de niños rusos por
parte de familias en EE.UU., los estadounidenses pusieron el grito en el
cielo. Probablemente pocos se percataron que el Decreto 77-2007 de
Guatemala hizo prácticamente lo mismo, creando el Consejo Nacional de
Adopciones (CNA) y cerrando la ruta internacional que los niños
guatemaltecos desamparados siguieron por años. Ahora, las filas de estos
menores se están expandiendo.

Un vocero de CNA justificó la ley
diciéndome que antes de su promulgación, miles de adopciones
internacionales anuales habían "convertido a Guatemala en una
exportadora de niños". Cerca de 92% de las adopciones fueron para padres
en EE.UU. También me dijo que algunos niños habían sido robados y que
la policía recibía alrededor de 50 reportes de niños desaparecidos al
mes. Ambas denuncias merecen ser investigadas.

Es cierto que antes de 2008, el número de niños guatemaltecos que
encontraban un nuevo hogar en el extranjero era alto para un país tan
pequeño. La cifra alcanzó alrededor de 4.500 anuales en los dos años
previos a la ley, según un funcionario del Departamento de Estado de
EE.UU. De todos modos, Madre Inés Ayau, una monja ortodoxa que dirige un
hogar para niños aquí y quien es experta en el tema, me dijo que el
número a largo plazo se acercaba más a 2.500 o 3.000. La cifra saltó
cuando fue evidente que la puerta se estaba cerrando.

El número también era alto porque Guatemala fue uno de los últimos
países del mundo en acomodar los deseos de los ideólogos de Unicef que
creen que las adopciones de un país a otro deberían desalentarse. Esto,
junto con el hecho de que el aborto es ilegal en Guatemala, otra afrenta
a muchos en la ONU, transformó al país centroamericano en un destino
codiciado para familias estadounidenses que querían adoptar.

En cuanto a las acusaciones de niños robados, nadie aquí parece saber
la dimensión del problema. Aunque la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, un organismo de la ONU, ha lanzado publicitadas
acusaciones sobre actividad criminal en adopciones, aún no ha ofrecido
pruebas contundentes. La periodista guatemalteca Marta Yolanda
Díaz-Durán, quien ha investigado el tema, me dijo que antes de la nueva
ley, la mayoría abrumadora de adopciones a EE.UU. requerían dos pruebas
de ADN para probar el parentesco, lo que hacía remota la posibilidad de
que estos niños fueran robados. Los investigadores nunca han producido
las hordas de padres cuyos niños supuestamente fueron robados.

No cabe duda de que hubo y hay personas corruptas involucradas en las
adopciones. El funcionario del Departamento de Estado con quien
conversé me dijo que EE.UU. hizo lobby a favor de la nueva ley porque el
país no se ceñía a la Convención de Adopción Internacional de la Haya,
que requiere, entre otras cosas, una autoridad central regulatoria. Sin
embargo, los defensores de los derechos de los niños que entrevisté
indican que la nueva ley, que trata a los niños, sus madres y sus
futuros padres adoptivos con una inhumanidad impactante, es perversa.

Muchas agencias privadas que solían sacar a los niños a la calle y
que trataban de colocarlos con una familia han debido cerrar porque bajo
la nueva ley ya no pueden aceptar ayuda de los posibles padres. Esto ha
empujado a más niños a instituciones del Estado notorias por su cuidado
deficiente.

El CNA y la oficina del fiscal general se mueven a un ritmo de
tortuga para colocar a los niños en hogares del país. Un niño de 3 años
que conocí en el orfanato ha estado ahí desde que nació. El director de
la institución me dijo que el gobierno dice que antes de que el menor
pueda ser apto para adopción, deben primero agotar todas las
posibilidades para que un familiar se haga cargo de él. Un bebé de 18
meses que conocí fue entregado por su mamá cuando era un recién nacido,
pero podría no ser adoptado hasta que ella complete una terapia impuesta
por el gobierno, algo para lo que no hay un plazo de tiempo.

Las probabilidades de que estos niños consigan un hogar no son
buenas. Se prefieren los bebés, las familias extranjeras de facto no
pueden adoptarlos, y la demanda por parte de los guatemaltecos no es
fuerte. La ley contiene otras provisiones arbitrarias: un adulto que no
es un pariente pero que ya conoce al niño, no puede adoptarlo, y una
familia podría no poder escoger el niño que va a adoptar.

En otro orfanato privado, conocí a un grupo de niños de entre 5 y 9
años cuyas adopciones no están sujetas a la nueva ley, pero cuyos casos
se siguen tramitando. Algunos llegaron de bebés y pasaron su niñez
esperando que los burócratas los dejaran partir.

Nada de esta crueldad está encubierta. Que nadie con poder haya
levantado un dedo para corregir la injusticia debería escandalizar al
país.