España: Las pensiones sí están en peligro

Libre Mercado, Madrid

Publicó Vicenç Navarro un artículo este pasado miércoles en el diario El País donde reiteraba uno de sus más conocidos argumentos: que los agoreros temores sobre el futuro de las pensiones
españolas están absolutamente infundados. ¿La razón? Si continuara
creciendo a su media histórica del 1,5% (descontando inflación), el PIB
español más que se duplicaría para el
año 2060 con respecto a su nivel de 2007, lo que permitiría duplicar las
pensiones actuales y duplicar el número de pensionistas que las
perciben pasando de un gasto equivalente al 8% del PIB (en 2007) a uno
del 15% (en 2060). Argumenta Navarro que el 15% constituye un porcentaje
de desembolso en pensiones bastante razonable, porque muchos países
europeos ya están asumiendo hoy un coste similar y porque, además, pasar
del 8 al 15% tendría un efecto menor que el paso que de hecho hemos
dado del 3% que destinábamos a las pensiones hace 50 años al 8% que destinamos ahora.

Las conclusiones parecen sólidas, salvo cuando uno se pone a
profundizar un poco en los datos. El Sr. Navarro viene repitiendo el
mismo discurso desde hace unos cuantos años, y el problema es que se le
ha quedado desfasado. Así, en 2012 ya no gastamos el 8%
del PIB en pensiones, como sí hicimos en 2007 (en realidad, el 8,5%),
sino el 10,8%. Asimismo, según las proyecciones demográficas del INE, el
problema no lo vamos a tener en el año 2060, sino como muy tarde en el
2050: para entonces, el número de personas con más de 65 años habrá
pasado de los 8 millones actuales a más de 15 (con la reforma de las
pensiones rechazada por el Sr. Navarro, el número de personas por encima
de 67 años sería de 14 millones). Y dado que en la actualidad hay un
15% más de pensiones que de pensionistas (algunas pensiones, como las de
viudedad y jubilación, son compatibles), no es complicado concluir que
para 2050 las arcas públicas tendrán que hacer frente al pago de más de
17 millones de pensiones. Siendo la pensión media actual de 850 euros
mensuales, y asumiendo que se incrementen en términos reales un 1,5% al
año, como propone Navarro, para 2050 los desembolsos de la Seguridad
Social ascenderían a 350.000 millones de euros, el 35% de nuestro PIB
actual.

Por supuesto, la carta que el Sr. Navarro se guarda bajo la manga es
asumir que, si logramos crecer al 1,5% hasta 2050, el PIB también
aumentará hasta casi los 1,8 billones de euros (Navarro calcula el
crecimiento desde 2007 a 2060, pero lo lógico es hacerlo desde el actual
2013 al crítico 2050); de modo que el anterior gasto en pensiones no
representará el 35% del PIB, sino alrededor del 20% del PIB de 2050. Ya
con esto bastaría para mantenernos alerta sobre las optimistas
conclusiones de Vicenç Navarro; por mucho que hayamos podido incrementar
el gasto del 3% en 1960 al 10% actual, esta tendencia no parece que sea
indefinidamente escalable (¿o lo mismo podemos pasar del 10 al 20% que
del 20 al 40% y del 40 al 80%?); máxime cuando una población anciana
acarrea muchos otros gastos adicionales distintos a los de las
pensiones, como pueden ser el sanitario, que también se estima que pueda
pasar a representar entre cuatro y cinco puntos adicionales del PIB de
2050. Sólo con la evolución de estos dos rubros, y manteniendo el tamaño
del resto del Estado en sus proporciones actuales, nos plantaríamos con
un sector público que coparía el 60% del PIB dentro de
tres décadas (y el Sr. Navarro en su propuesta todavía quiere
incrementarlo más, pues propone crear varios millones de empleos
públicos).

Pero el problema de sostenibilidad en realidad es otro. Las tendencias demográficas
de España no sólo apuntan a un rápido aumento de la población anciana,
también a una considerable reducción de la población en edad de
trabajar. Si ahora mismo tenemos  algo más de 31 millones de personas
entre 16 y 67 años, para el 2050 se calcula que apenas habrá 22
millones. En nuestro mejor momento (año 2007), en España trabajó cerca
del 65% de la población con edad para hacerlo, de manera que
extrapolando ese muy generoso porcentaje a 2050 nos toparíamos con una
población ocupada de 14 millones de personas. ¿Qué significa esto? Pues
que si la productividad del trabajo (el PIB por trabajador) era de unos
50.000 euros al pleno rendimiento de 2007, para que la economía llegue a
crecer al 1,5% hasta 2050 esta productividad deberá casi triplicarse,
hasta los 130.000 euros por trabajador, lo que implica que su
crecimiento deberá ser del 2,5% anual y no del 1,5, como asume Navarro
(cada trabajador no sólo tendrá que aumentar su productividad con
respecto a lo que fabrica ahora mismo, sino que deberá hacerlo en mucha
mayor medida para compensar la reducción de personas que están generando
riqueza). Para hacernos una idea, si la productividad del trabajo sólo
creciera el 1,5% en lugar del 2,5, nuestro PIB de 2050 apenas sería un
25% superior al actual, representando el gasto en pensiones no el 20%,
sino casi el 30%. ¿Seguimos creyendo que no hay ningún problema serio a
la hora de garantizar su sostenibilidad incluso tras las recientes
reformas a las que han sido sometidas (reformas que, dicho sea de paso,
se han tenido que suceder en las últimas décadas para garantizar la
subsistencia del sistema público, en un contexto en el que hemos crecido
a las tasas a las que Navarro encomienda todas sus esperanzas)?

La cuestión, por consiguiente, es: ¿resulta realista pensar que la productividad del trabajo
se multiplicará casi por tres en menos de 40 años? Desde luego, la
pelota está sobre el techo de esa izquierda que lleva décadas
pronosticando el fin del crecimiento económico y el agotamiento de los
recursos naturales; un auténtico cul-de-sac
que de algún modo deberán resolver: o mantienen que el crecimiento
ilimitado es imposible (en cuyo caso el Estado de Bienestar deberá
experimentar un tijeretazo morrocotudo) o defienden que sí puede darse y
se encomiendan al dinamismo capitalista para mantener a flote su
Hiperestado. Otra posibilidad, claro, es combinar la defensa del
decrecimiento económico con esa reciente petición del ministro japonés
de Finanzas reclamando a los mayores "que se den prisa y mueran"; unas
declaraciones que han movido al escándalo generalizado pero que el propio Navarro suscribía hace unos años, cuando
condicionaba parte de su defensa del sistema público de pensiones en
que la esperanza de vida no aumentara (curioso sistema de jubilación
hipersocial ése que observa el alargamiento de la esperanza de vida como
una amenaza y no como una bendición).

Personalmente, soy bastante optimista con respecto a nuestras
posibilidades de crecimiento futuras, pero, habida cuenta de nuestro
declive demográfico, deberá ser un crecimiento que se derive
fundamentalmente de la acumulación y de la rentabilización del capital.
Y, en ese caso, llegamos al asunto realmente fundamental del debate: si
nuestro crecimiento económico futuro va a gravitar sobre el capital,
resulta absurdo y profundamente antisocial el no hacer a la población
partícipe de ese sano proceso de acumulación de ese capital. Es decir,
resulta disparatado no convertir a los ciudadanos en propietarios
de ese nuevo capital que tendrá que acumularse; para lo cual habrá que
sustituir nuestro piramidal sistema de pensiones actual por uno de
capitalización. Apunta el Sr. Navarro que el crecimiento económico real
medio ha sido del 1,5%: bien, pues la revalorización real media de la
bolsa estadounidense durante los últimos dos siglos ha sido del 7%. O
dicho de otro modo, si cada español invirtiera sus cotizaciones medias
actuales a la Seguridad Social (6.000 euros anuales) al 7% anual, en 35
años podría jubilarse con un patrimonio de 900.000 euros y con unas
pensiones mensuales de 3.000 euros. Ése es el auténtico fraude de la
Seguridad Social: el expolio y la pauperización al que han sido
sometidos los trabajadores por parte del Estado, privándoles de
cualquier posibilidad de acumular un patrimonio medianamente cuantioso
que no consista en sus burbujísticas e hiperhipotecasas viviendas.

Por supuesto, uno puede dudar razonablemente de que la bolsa se siga
revalorizando al 7% durante los próximos 35 años. Pero en tal caso será
imposible que la productividad del trabajo pueda crecer al 2,5% anual
durante ese mismo período. Y si no conseguimos esto último, el sistema
público de pensiones en su forma actual no es que esté en peligro, es
que está muerto.