Bolivia: El MAS está jugando con fuego

Los
medios de comunicación han reflejado un tenso ambiente entre el sector
financiero y el Gobierno del Movimiento Al Socialismo por el proyecto de ley de
entidades financieras. Incluso ha trascendido que el ministro de Economía, Luis
Arce, llegó a recordar a los empresarios que en algunos países se había
nacionalizado la banca.
Éste es un tema muy sensible, que
debiera dejar de lado las cargas ideológicas de las autoridades del MAS y
procurar una norma seria, equilibrada y moderna, que preserve principalmente
los derechos de los ahorristas y contribuya como un instrumento para impulsar
el crecimiento y el desarrollo de Bolivia.
No está claro por qué se pretende
aprobar una ley que retome los criterios ya fracasados de décadas anteriores,
por los cuales el Estado fijaba las tasas de interés y determinaba a qué
sectores prestar.
Si bien el MAS propugna una ideología socialista y ha nacionalizado muchas
empresas e intervenido sectores económicos, hasta hoy había guardado un cierto
respeto al sistema financiero, en el entendido, se suponía, de que el anterior
Gobierno socialista, el de la UDP entre 1982 y 1985, había tenido que acortar
su mandato por la hiperinflación que provocó, la cual se engulló los ahorros de
millones de bolivianos, especialmente de la clase media y de los sectores más
empobrecidos.
Lamentablemente, en toda esta
discusión siempre se olvida al ahorrista, propietario de casi el 90% de los
dineros que intermedia un sistema financiero. Por ejemplo, la política de
incentivo de uso de la moneda nacional ha tenido como principal eje la
ampliación del margen de cambio de moneda, que pasó de dos centavos, casi por
20 años, a 11 centavos durante el Gobierno masista.
Estos ingresos adicionales explicaron
buena parte de las utilidades del sector en los últimos años. Recientemente, el
Gobierno fijó una sobretasa impositiva al sector, argumentando que debiera
beneficiarse también de estas utilidades. Al final, la cuenta la sigue pagando
el ahorrista. La consecuencia es que ya se observan dificultades para el cambio
de dólares, lo que puede causar desconfianza y perjuicios para la economía en
su conjunto.
También es equivocado creer que por
ley se puede determinar a qué sectores se debe prestar. Por ejemplo, en el caso
del sector agropecuario, las principales barreras están en otras normas, como
la ley de tierras que establece que la propiedad de la misma puede ser revisada
cada dos años y revertida con un simple informe administrativo, lo que
significa que en realidad no es propiedad sino un simple préstamo de terrenos
renovables eventualmente, lo que nunca podrá servir como garantía de un
crédito. Igualmente, las prohibiciones de exportaciones son una fuente de
permanente incertidumbre sobre los ingresos de los productores agropecuarios,
lo que también afecta su capacidad de contraer créditos.
El sistema financiero debe ser
regulado para preservar los ahorros, respaldar la estabilidad económica y
financiar el crecimiento. Eso es muy diferente de intervenirlo, lo que siempre
termina conduciendo a la pérdida del valor de los depósitos y a profundas
crisis económicas y políticas.
Óscar Ortiz Antelo fue presidente del
Senado Nacional de Bolivia.
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