Kirchner busca la ruina financiera de la prensa independiente

The Wall Street Journal Americas

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, considera
que los adolescentes de 16 años deben votar y en octubre sus aliados en
el Congreso redujeron la edad mínima para votar de 18 a 16 años para que
lo puedan hacer. El objetivo, en palabras de una kirchnerista, es
"ampliar la base electoral de nuestra democracia".

Se estima que un millón de argentinos son parte de este nuevo
electorado. La mayoría de ellos tiene poca experiencia ganándose la
vida. Eso los convierte en el blanco demográfico perfecto para el
partido de la presidenta a medida que la economía se viene abajo antes
de las elecciones legislativas programadas para octubre.

De todos modos, a la hora de inclinar
la balanza a su favor, la presidenta no está dejando el resultado en
manos de un grupo de chicos. Ha seguido el ejemplo de Hugo Chávez y
busca llevar a la quiebra a los medios libres e independientes cortando
su acceso a la publicidad.

La oposición argentina ha realizado un constante esfuerzo para
persuadir a los votantes de que el país va por el mal camino y los
detractores se muestran activos en las páginas de opinión de los diarios
independientes. Los artículos noticiosos que aparecen en esos
periódicos tampoco ayudan a la presidenta. La semana pasada, por
ejemplo, el diario El Cronista informó que "El Vaticano confirmó que la
diplomacia argentina en Italia redactó y distribuyó entre ciertos
cardenales un dossier sucio para bloquear la posible designación de
Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI".

Los diarios independientes también reportan sobre la inflación, que
según algunos economistas llegará a 25% este año. El peso, actualmente
40% más débil en el mercado negro que el tipo de cambio oficial, se
hunde en una espiral descendente. Los intentos del gobierno para frenar
la fuga de capitales con controles cambiarios sólo aumentan el temor a
una marcada devaluación.

El reciente anuncio del gigante minero brasileño Vale de que su
planeado proyecto de potasio de US$6.000 millones en la provincia de
Mendoza ya no es viable refleja la pérdida de confianza empresarial. La
compañía, que ya ha invertido US$2.200 millones, paralizó las obras en
diciembre, argumentando dificultades debido a la inflación argentina, un
peso sobrevalorado y crecientes demandas de los sindicatos y gobiernos
locales. Ahora, ha suspendido el proyecto y el gobierno planteó la
posibilidad de nacionalizar la inversión.

La debacle del modelo económico de Kirchner explica el gran esfuerzo
del gobierno para destruir la prensa independiente. No es que su
gobierno haya sido alguna vez un modelo de tolerancia. Se han iniciado
acciones penales contra ejecutivos de periódicos por editoriales que no
fueron de su agrado, se ha intentado obtener el control del suministro
nacional de papel para diarios y se ha promulgado una ley que politiza
la concesión de licencias de radiodifusión y la venta de espectro.
Tampoco hay que olvidar una redada de unos 200 agentes tributarios al
diario Clarín en septiembre de 2009 y el despliegue de muchedumbres pro
kirchneristas para bloquear la distribución de algunos periódicos que no
se adhieren al gobierno.

Ahora, la presidenta está tratando de arruinar financieramente a sus
críticos en la prensa. Una herramienta es el presupuesto publicitario de
más de US$100 millones que tiene el gobierno, sin incluir los fondos
mucho mayores del programa Fútbol para Todos, que distribuye las
transmisiones de partidos. Un análisis del diario La Nación (socio en
Argentina que publica contenido de The Wall Street Journal) del gasto en
2012 frente a 2011 muestra un incremento de 65,3% en las compras de
espacio para anuncios públicos y, más comúnmente, propaganda del
gobierno en los diarios y revistas del país. No obstante, los cuatro
grupos editoriales independientes más importantes del país —Clarín, La
Nación, El Cronista y Perfil— publicaron menos publicidad del gobierno
el año pasado. La Nación perdió un sorprendente 83%, mientras que la
reducción en El Cronista fue de 48%, en Clarín de 37% y en Perfil de
12%.

El castigo no termina ahí. En una reunión realizada el 4 de febrero,
el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó a las
cadenas de supermercados congelar los precios durante 60 días. Según un
artículo de Clarín del 3 de marzo, Moreno también les indicó a los
comerciantes presentes que dejaran de comprar publicidad impresa en los
medios de Buenos Aires y sus alrededores. De acuerdo con el informe, el
funcionario dijo que el boicot incluiría a empresas que venden
electrodomésticos y electrónicos.

Inicialmente el gobierno negó que haya decretado tal medida. Pero
según Clarín, los minoristas contaron que están bajo órdenes estrictas
de no comprar avisos en diarios independientes de la capital y el
conurbano. Clarín señaló que no obedecer dichas órdenes, aunque no sean
leyes, puede ser costoso. Las empresas temen represalias del gobierno en
la forma de inspecciones tributarias, la suspensión de licencias de
importación y demandas judiciales en nombre de la protección del
consumidor.

Otras empresas parecen haber recibido instrucciones similares. De
acuerdo con Clarín, el grupo español de telecomunicaciones Telefónica,
que tenía una orden fija de compras de espacio publicitario en sus
publicaciones, ha cancelado todos sus anuncios para este año. La pérdida
de solamente el negocio de Telefónica le costará al diario unos US$5
millones este año.

Sin publicidad, todos estos diarios tendrán a la larga que cerrar. Si
eso ocurre, los lectores argentinos se quedarán con los periodicuchos
del gobierno, y el país —incluyendo los electores de 16 años— habrá
perdido su libertad.