Ecuador: Ignorantes e irresponsables

Por Gabriela Calderón de Burgos

El Universo

Algunos
pensamos que la gran mayoría de los adultos somos lo suficientemente
capacitados para tomar decisiones acerca de lo que nos conviene a nosotros y a
nuestros dependientes. Una vez que tenemos hijos, podemos decidir cómo
vestirlos, qué darles de comer, en qué colegio ponerlos. Después de todo,
¿quiénes podrían ser mejores jueces de lo que le conviene a un niño que sus
propios padres? Otros, en cambio, parecen pensar que la mayoría de los adultos
somos unos pobres ignorantes e irresponsables, necesitados de su superioridad
intelectual y moral para proteger a nuestros hijos de sus padres. Inspirada en
esta concepción, la  atenta
contra la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que recibirán
sus hijos.

El
reglamento de esta ley implica cambios de gran envergadura. Por ejemplo,
Abelardo García, rector del IPAC, indica que el nuevo “tronco común” o
asignaturas generales en primero de bachillerato deja un espacio en la malla
curricular de apenas 15% para que cada institución particular determine
libremente materias que vayan de acuerdo a su filosofía/valores y/o su plan
educativo. También se prohíbe que las instituciones particulares contraten a
empresas independientes de transporte, pues ahora están obligados a contratar a
una cooperativa. Esto ha llevado a múltiples quejas durante la primera semana,
por ejemplo, Rosa Mendieta, madre de un niño que asiste al Liceo Bilingüe Los
Delfines, dijo: “No tengo la libertad de conocer al chofer que llevará a mi
hijo y si el automotor cuenta con las comodidades que requiere”.

Luego
está el Acuerdo Ministerial 493-12 que impone un control de precios más severo
del que ya existía, prohibiendo que la pensión suba más de un 5% al año, sin
importar que pueda darse el caso en que los costos de operación aumenten por un
porcentaje mayor. Quienes redactaron este control de precios lamentablemente no
aprendieron acerca de la teoría subjetiva del valor que explica que el valor no
es intrínseco al objeto, ni se encuentra en la cantidad de trabajo o recursos
que se requirieron para producirlo, sino en qué tanto los individuos lo
valoran.

Los
padres eligen el colegio de sus hijos por una diversidad de razones. Estas
razones pueden incluir desde el nivel académico de la institución, el costo de
la pensión, la filosofía pedagógica y de disciplina, la afiliación religiosa
hasta el simple hecho de “conozco a los papás de los que serán sus
compañeritos”. Para algunos padres tendrán más peso unas razones y para otros
tendrán precedencia otras. Lo importante es que si preservan la libertad de
elegir entre distintas instituciones, los padres pueden “votar con sus pies”
saliéndose de una y migrando hacia otra cuando no obtienen lo que esperaban.

Esa
libertad para elegir de los padres ha sido mermada por una legislación que
pretende igualar todas las instituciones educativas, limitando así el espacio
que tiene cada institución para innovar, diferenciarse y sobresalir. Bajo un
esquema de competencia entre instituciones educativas son los padres los que
coronan a las mejores instituciones y castigan a las peores. En cambio, cuando
los legisladores hacen leyes que presumen que los padres somos unos
incapacitados, resulta que tenemos escasa libertad para elegir el tipo de
educación que reciben nuestros hijos.