Alzas y bajas de la economía durante la década kirchnerista

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Este mes, la administración kirchnerista cumple diez años. La visión
oficial es que se trata de una década ganada vs. la década perdida de
los 90. Una mirada atenta permite ver que esos diez años contienen tres
períodos: alto crecimiento y baja inflación entre 2003 y 2007, luego
expansión fuerte de la economía y precios en alza entre 2007 y 2011, y
la tercera, de 2012 en adelante, con la inflación superando cómodamente
el 20% y el PBI tratando de zafar de la recesión.

El gobierno de
Néstor Kirchner impulsó el consumo para reconstruir el mercado interno.
En 2003 el salario mínimo era de $200, un año más tarde subió a $450 y
llegó a $2.875 en 2013. Se les dio cobertura a 2,5 millones de personas
en edad jubilatoria y el haber mínimo subió 1.254%. Pero esa mejora
vino acompañada por el solapamiento: hoy el 70% de los jubilados cobra
la mínima. Esta transferencia de recursos permitió que el consumo
traccionara al empleo, con el comercio y la industria aprovechando la
capacidad ociosa que había dejado la decada anterior.

En ese
contexto, Kirchner avanzó con otros de los hitos de su mandato: el canje
de deuda que permitió una reducción del 65% en el monto con una
reestructuración de plazos e intereses. Así, se liberaron recursos y la
deuda dejó de ocupar el centro de la agenda económica.

El tipo de
cambio alto fue la receta del tándem Kirchner-Lavagna para estimular el
comercio exterior y aprovechar el inicio del ciclo de precios altos
para la soja: en abril de 2003 cotizaba a US$230 la tonelada, hoy vale
US$547. El ex presidente aumentó las retenciones a las exportaciones
–que su predecesor, Eduardo Duhalde, había instalado en el 20%– hasta
llevarlas al 35%. Cuando quiso ir por más, el kirchnerismo enfrentó su
primera derrota: en julio de 2008, el Senado rechazó las retenciones
móviles. Pese a ese fracaso, el complejo sojero siguió siendo central
para los ingresos fiscales: llegó a aportar el 12% de la recaudación
total y fue el combustible para que los subsidios pasaran de ser el 1%
del PBI a ser el 12%.

El congelamiento tarifario fue el ancla
antiinflacionaria a la que se aferró el Gobierno desde el principio. El
primer año de la era K cerró con una inflación del 13,4%, un indicador
que venía en baja después del 41% al que había llegado en 2002. Para
abril de 2003, la reactivación de la economía ya acumulaba tres
trimestres seguidos, lo que permitió que aquel primer año de gestión
cerrara con una expansión del PBI de 8,8%. Así se inició una etapa de
alto crecimiento que duraría hasta 2011, con la única excepción de 2009,
cuando la crisis internacional hundió a la economía local.

El
congelamiento tarifario llevó a que las empresas disminuyeran las
inversiones. El caso más dramático fue el del sector energético que
derivó en que, en 2011, la Argentina perdiera la capacidad de
autoabastecerse. Para paliar la escasez, aumentaron año tras año los
fondos públicos destinados a importar energía. “El déficit energético se
llevo puesto el modelo”, dice el economista Ramiro Castiñeiras, de
Econométrica. “El año pasado se gastaron más de US$15.000 millones en
subsidios. De ese monto, US$10.000 millones corresponden a energía”.
Pese a que desde 2011 se comenzaron a recortar parcialmente los
subsidios, el monto que el Estado destina a este ítem sigue creciendo:
aumentó 34% en el primer trimestre de 2013.

El relato oficial
hace énfasis en el aumento de la inversión productiva. Sin embargo, en
la composición no hay grandes diferencias con la convertibilidad. Según
la consultora Empiria, “ahora tiene mayor ponderación el sector de
construcción en la inversión total, cuyo efecto reproductivo es menor
que el del equipo durable. En 2012, la inversión en equipo durable fue
del 5,7% del producto, mientras que el promedio de los 90 fue de 6,9%”.

“El
modelo falló en sentar las bases para sostener el crecimiento”, señala
Mariano Lamothe, de abeceb.com, en referencia a esta primara etapa . “No
hubo orden fiscal suficiente, monetario ni financiero, ni estrategia de
inserción en la economía”. A partir de 2007, el modelo entra en una
nueva fase, donde las tasas de crecimiento se mantienen altas, pero la
inflación gana protagonismo. La intervención en el INDEC es el punto de
inflexión de la era K. La manipulación de las estadísticas derivó en una
inflación permanentemente instalada en dos dígitos y generó una demanda
desbordada de recursos por parte del fisco. El discurso en favor del
“desendeudamiento” omitió que los fondos dejaron de buscarse en el
sector privado para obtenerse de la máquina de hacer billetes. La
modificación de la Carta Orgánica del Banco Central le permitió al
Gobierno apropiarse de una enorme masa de recursos que se
complementarían con la enorme emisión monetaria y el avance sobre otras
cajas públicas. La asistencia del Central al Tesoro pasó de ser el 1,6%
del PBI en 2004 a alcanzar el 5% en 2012. Así, las reservas cayeron por
debajo de los US$40.000 millones, la inflación se recalentó y los
títulos públicos empapelaron los activos del Central.

En 2012,
las cuentas públicas cerraron con un déficit del -2,5% del PBI. Pero el
desequilibrio habría sido mayor de no ser por los recursos
extraordinarios de las utilidades del Central y de los fondos provistos
por ANSES. Ambos totalizaron $27.000 millones. Sin estos ingresos, el
déficit primario –antes del pago de intereses– habría alcanzado 1,4% del
PBI, y el financiero, 3,6%.

De este modo, el rojo fiscal se
ubica por encima del promedio de la segunda mitad de los ‘90 -2% del
PBI-, a pesar que la presión tributaria creció del 21% al 35% del PIB.

La
era kirchnerista también se caracteriza por la mayor presencia del
Estado en la economía. El elemento más visible es el incremento del
gasto, que pasó del 25% del PBI en los primeros años a un 36% en 2012.
En ese período se construyeron 480.000 viviendas y más de 1.000
escuelas. La asignación universal por hijo les dio cobertura a 3,5
millones de niños que estaban fuera del sistema. La intervención del
Estado se potenció con la estatización de empresas, reforzada en los
últimos años con las AFJP, Aerolíneas Argentinas e YPF.

El tercer
período es el de la escasez. Desde mediados de 2011, la economía dejó
de generar puestos de trabajo en el sector privado y el cepo cambiario
apretó más el torniquete sobre la inversión. Las reservas del Banco
Central empezaron a caer, mientras la salida de capitales se desbocó. En
la gestión de Cristina Kirchner, según datos del Central, la fuga llegó
a US$74.600 millones.

Frente a esta sangría el remedio empeoró
la enfermedad. El cepo cambiario restringió la fuga, pero a la vez
espantó a los inversores y el ingreso de dólares al país vía capitales
frescos y préstamos fue prácticamente nulo. El resultado fue la escalada
del dólar paralelo, que en un año y medio llevó a 100% la brecha con el
oficial. Así, sólo ingresarían dólares por las exportaciones, que tras
un crecimiento exponencial en la primera fase K, hoy tienen una
expansión agónica por la pérdida de competitividad. Frente a la
debilidad de las exportaciones, el Gobierno improvisó otro parche: el
control de importaciones, que sirvió para mantener el superávit
comercial en torno a los US$10.000 millones anuales, pero a costa de
deprimir aún más una economía que necesita de insumos importados para
funcionar.

Así, la Argentina parece “entrar definitivamente a los ciclos de stop and go
que la caracterizaron en toda la posguerra, con sucesión de recesiones
y expansiones en el marco de inflación alta”, señala Lamothe. Pero
sostiene que en este caso hay “mala praxis de las autoridades”, ya que
el alto precio de la soja y la elevada presión tributaria hacen que “sea
prácticamente inexplicable que haya faltante de dólares y problemas
fiscales”.

En esta tercera etapa se profundizó el ajuste que había
empezado a esbozarse la final de la segunda. Un ejemplo de esto fue
cuando, en 2010, la oposición intentó actualizar las jubilaciones y
chocó contra la intransigencia de Cristina Kirchner, que vetó la ley del
82% móvil en octubre de 2010, unos días antes de la muerte de su
esposo.

El avance de la inflación determinó que en 2013 el poder
adquisitivo perdiera la carrera. Según Finsoport, en el primer trimestre
de 2013 los salarios reales disminuyeron 2%. Para Jorge Todesca, “la
caída en las remuneraciones reales –propiciada por el propio Gobierno–
terminó por erosionar al gran sostén de los últimos años: el consumo
privado”.

En este contexto, el Gobierno sigue ocultando la
inflación, y por ende, la pobreza. Según el INDEC, apenas el 5,4% de la
población es pobre. En cambio, las mediciones privadas la ubican en
torno al 20% (ver infografía). Entre 2003 y 2007, la pobreza se redujo
por el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la
recomposición de los ingresos reales. Esa disminución se fue frenando
desde 2008. “Este cambio se debió al menor crecimiento, a un mercado
laboral cerca del pleno empleo, a la alta informalidad laboral –que
alcanza al 34% de los ocupados– y a la aceleración de la inflación”,
indica Matías Carugati, de Management & Fit. Para la consultora, hay
4,5 millones de pobres. De ellos, 1,3 millones son indigentes. Así,
después 8 años de crecimiento a tasas chinas, la pobreza se estanca en
los mismos niveles de los mejores años de la convertibilidad.