Argentina ante un terrorismo simbólico de Estado

La Nación

El país está flotando sobre una crisis institucional,
latente y peligrosa. La desataron funcionarios cristinistas que
acorralan a los jueces y al periodismo independiente. Un conflicto entre
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es inminente. El Grupo Clarín
podría ser intervenido en las próximas horas y parte del paquete
accionario de Papel Prensa sería confiscado en pocas semanas. Es la
expresión más cabal del terrorismo simbólico de un Estado cuyas
autoridades nacieron democráticas.

La Argentina cristinista ya pertenece por derecho
propio a un exótico club de países latinoamericanos (Venezuela, Ecuador y
Nicaragua, sobre todo), que se propuso cambiar la cultura democrática,
el sistema político y las reglas del juego con votos conseguidos con
otras promesas.

Cuentan las pocas voces del oficialismo que hablan que
fue Cristina Kirchner, no otro funcionario, quien ordenó cada una de
las cosas que sucedieron en los últimos días. Algunos escribidores
suyos, pocos, son los encargados de darles luego a esas órdenes un
relativo contenido legal. La Presidenta está cada vez más aislada,
perseguida por la conspiración supuesta de muchos fantasmas, con poco
diálogo con sus propios funcionarios, acorralada por denuncias de
corrupción y sitiada por una crisis económica que sus ineptos
colaboradores no pueden resolver.

Ha decidido cambiar los jueces, los únicos que hasta
ahora le han puesto ciertos límites, y cerrarle la boca al periodismo
independiente, que exhibe el lado oscuro del cristinismo.

Ese lado en el que la Sierra Maestra de sus jóvenes
naufraga entre euros mal habidos y el blanqueo de dólares evadidos o
corruptos. Resolvió sobrevivir asestándole un golpe dosificado, pero
constante, al Estado de Derecho.

La confiscación de acciones de Papel Prensa propuesta
por los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti pasó, indudablemente, por
la autorización presidencial. Es el final de un largo proceso en el que
fracasaron todos los intentos anteriores del Gobierno para controlar la
única fábrica argentina de papel para diarios, propiedad mayoritaria de
los diarios LA NACION y Clarín.

Denuncias de delitos de lesa humanidad en el trámite de
su compra inicial que eran meras calumnias. Ningún juez avaló esas
denuncias y hasta los fiscales prokirchneristas se encontraron sin
pruebas. Dos intervenciones judiciales que terminaron con los
interventores enfrentados con Guillermo Moreno. Relevo de la conducción
de la Comisión Nacional de Valores para ejercer una insoportable presión
que también fue estéril. El propio Moreno le ofreció a LA NACION, en su
momento, la compra de sus acciones para que el Estado se hiciera de la
mayoría de la propiedad de la empresa papelera. Sin ningún respaldo
legal, el cristinismo está a punto de controlar la producción nacional
de papel para diarios y la importación de ese insumo básico del
periodismo gráfico.

El Gobierno no pudo conseguir nada por vías más o menos
legales para cumplir el viejo propósito de Moreno: Hay que bajarle el
precio a Papel Prensa y luego hacerla nuestra, dijo poco después de la
primera embestida contra la fábrica de papel, hace cuatro años. Es
parecida a una frase más reciente de Kunkel: No queremos matar al diario
LA NACION; lo queremos quebrado para comprarlo barato. Nadie puede
negarles coherencia ni precisión en el ejercicio político de la maldad:
están intentando ese proyecto con el cepo publicitario, con la
confiscación de Papel Prensa y con la persecución impositiva.

En el caso del Grupo Clarín, el Gobierno aplicaría la
nueva ley de reforma del mercado de capitales, que estableció que la
Comisión Nacional de Valores, controlada por el kirchnerismo, podría
designar por sí sola veedores en empresas que cotizan en Bolsa y,
también, intervenir la administración de esas empresas (es decir, los
directorios) por 180 días. Los veedores tienen la facultad de vetar las
decisiones de la mayoría en nombre de la minoría de accionistas. En su
reciente y circense irrupción en la asamblea de ese grupo periodístico,
Moreno criticó al directorio por ineficiente, caro e improductivo.
Fueron los argumentos de una posterior intervención.

Fuentes oficiales confirmaron que veedores e
interventores están siendo preparados para desembarcar en Clarín. ¿Para
qué lo harían? ¿Acaso sólo para meter la mano en la caja de la empresa?
Improbable. Las primeras decisiones de esas eventuales intervenciones
serían el desplazamiento de Jorge Lanata, cuyas investigaciones
desquiciaron a la Presidenta, y el control kirchnerista de las
redacciones del diario Clarín, de Canal 13, de TN y de Radio Mitre.

Cristina Kirchner no le teme ya a la segura reacción
social que provocarán esas medidas ni a la casi unánime crítica
internacional que recibirá. Es una persona que ha decidido ignorar los
límites políticos e institucionales que objetivamente tiene. Lo haría,
además, justo en el momento de mayor decadencia en las encuestas de
opinión pública.

La última que recibió, de una conocida agencia de
mediciones, indicó que tanto ella como Daniel Scioli cayeron
verticalmente en la medición de simpatías en la provincia de Buenos
Aires. Sólo Sergio Massa conservó sus buenos índices de popularidad e
intención de votos, aunque Francisco de Narváez está ahora mejor que
cualquier candidato de Cristina. Una derrota en la provincia de Buenos
Aires hundiría definitivamente cualquier ilusión re-reeleccionista.

La enorme dosis de maldad tiene, en efecto, una
innegable precisión. El Congreso acaba de sancionar la ley que establece
la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Cristina Kirchner convocó a elecciones primarias abiertas para el 11 de
agosto, pero no dijo nada de los consejeros. Ella debe promulgar la ley
del Congreso, pero los jueces suponen que no lo hará. Esperará la
promulgación automática, que se producirá el 22 de mayo. Entre ese día y
el 12 de junio, cuando vencerá el plazo para que se inscriban alianzas,
quedarán sólo catorce días hábiles para que la Justicia decida sobre la
constitucionalidad de esa decisión.

El caso caerá en la justicia electoral. El radicalismo
prepara presentaciones simultáneas ante 65 jueces federales de todo el
país para pedir la inconstitucionalidad de la ley. Otras organizaciones
civiles y profesionales harán lo mismo. Es probable que el Gobierno
recurra a recusaciones masivas de magistrados para estirar los tiempos.

Será decisiva la gestión que cumplirá la jueza
electoral María Servini de Cubría. Su primera sentencia será esencial
para abrirle paso a la segunda instancia, la Cámara Nacional Electoral, o
para habilitar el per saltum por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley tiraría abajo el
proyecto kirchnerista de someter a los jueces y derrotar al Poder
Judicial.

La reciente designación de jueces subrogantes mostró
las intenciones verdaderas del cristinismo. Hay juzgados vacantes en
todo el país, pero sólo nombró suplentes en dos cámaras. En la Cámara
Federal Civil y Comercial, que tenía el caso Clarín por la ley de
medios, y en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá revisar
la investigación judicial sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez,
acusado de lavado de dinero. Uno de los designados fue abogado o
colaborador estrecho del propio Báez. Defensor, socio y juez al mismo
tiempo: el paraíso judicial.

Una embrionaria revolución se está produciendo,
mientras tanto, contra la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó,
que cuestionó al fiscal Guillermo Marijuan el mismo día en que éste
había recibido dos serias amenazas contra él y su familia. Ni una sola
palabra de solidaridad. Gils Carbó fue injusta; acusó a Marijuan de no
investigar el caso de Hernán Arbizu, un ex empleado del banco J. P.
Morgan que denunció a varias empresas, a Clarín entre ellas, de evasión.

Al día siguiente, Marijuan le envió a Gils Carbó una
voluminosa carpeta con todos los requerimientos que hizo en el caso
Arbizu. La investigación se frenó cuando tropezó con la habitual
reticencia norteamericana para transferir información judicial. Arbizu
está prófugo de la justicia de los Estados Unidos por robo de dinero a
los clientes del banco.

Lo cierto es que Marijuan debía apelar un fallo que
sobreseyó a Gils Carbó por nombrar fiscales que no estaban debidamente
designados. Lo amenazaron para que no apelara contra su jefa ese
increíble sobreseimiento del flamante juez Sebastián Casanello. Todos
los fiscales de instrucción le propusieron a Marijuan firmar juntos la
apelación de una decisión que beneficiaba a su propia jefa. Fue el
principio de un enorme motín de fiscales que frenó a tiempo el propio
Marijuan.

Golpe tras golpe. Trampas sorpresivas. Aniquilamiento
mediático, legislativo o administrativo de los adversarios. ¿Qué es todo
eso si no la definición de un terrorismo simbólico de Estado?