Obama Chávez de Kirchner

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Si la Administración Obama en EEUU necesitaba explicar su
desinterés o, tal vez, su benévola parcialidad respecto a los
estropicios causados por el populismo latinoamericano, difícilmente
habría encontrado mejores vías para hacerlo que los dos escándalos que
asedian al presidente Barack Obama desde la semana pasada.

El primero es el espionaje a la agencia de noticias Associated Press
(AP), por el cual se obtuvieron 2 meses de registros telefónicos de
periodistas en Washington, Nueva York y Hartford, pretextado investigar
una frustrada operación contra Al Qaeda en Yemen y para supuestamente
detectar informantes dentro del gobierno y proteger la “seguridad
nacional”. El segundo, es el uso de la oficina tributaria federal (el
Servicio Interno de Impuestos o Internal Revenue Service, IRS, en
inglés) para acosar a críticos y rivales políticos de Obama y del
Partido Demócrata.

El espionaje promovido contra la AP es, por decir lo menos, una grave vulneración de la Administración Obama de la libertad de prensa, y sobre la cual no existe siquiera una explicación clara de qué la motivó ni la mínima muestra de arrepentimiento del propio Obama o del Fiscal General de los EEUU,
quienes dicen haber actuado bajo el escurridizo y casi siempre
demagógico principio de la “seguridad nacional”. Su vulneración a la
libertad de prensa no extraña nada si consideramos que la Administración
Obama, a través del Departamento de Justicia, ha abierto seis
investigaciones contra miembros del gobierno que revelaron información a
periodistas –muy por encima del historial de sus predecesores–
y que es la que más ha perseguido a los periodistas y su trabajo,
apercibiéndoles por ejemplo a revelar sus fuentes. Por lo demás, tampoco
hay nada de qué sorprenderse en este caso, tomando en cuenta el grave
antecedente de que la Administración Obama busca obligar a que Facebook,
Twitter, Google y Dropbox abran ‘puertas traseras’ para espiar las
comunicaciones de sus usuarios, tal como ya se lo permiten Skype,
Microsoft y otras firmas.

En el otro caso y según información periodística sobre un reporte del
gobierno que llevó dos lentos años en elaborarse, el IRS impuso desde
2010 un escrutinio especialmente exigente e intensivo a grupos que
tenían las palabras “Tea Party” o “patriota” en su nombre, y también a
otros que eran simplemente críticos con el Gobierno de Obama. La
práctica tenía lugar dentro del examen que la agencia federal hace de
los grupos que buscan una exención de impuestos. De esa manera, el IRS
cargó la mano (y el pie) sobre los adversarios de Obama, hasta
prácticamente bloquear sus trámites para operar dentro de la ley. En
tanto, se
beneficiaba a organizaciones que promueven las políticas del presidente
y denigran a sus oponentes, en nombre del “bienestar social”. Cabe la duda de hasta qué punto o qué nivel la Administración Obama estaba involucrada en dicha práctica, a pesar de que ésta insiste (como en el caso de espionaje a la AP) en que la Casa Blanca es ajena al caso,
pero si específicamente se molestaba a ciertos adversarios y críticos,
cabría imaginar un involucramiento directo y muy, muy alto, como para
obtener la obediencia de la burocracia del IRS y que ésta actuara
suponiendo un posible beneficio.

Por ahora y tras la revelación del caso, ha renunciado sólo el comisionado del IRS, pero sin una mínima prueba de que Obama ordene una investigación a fondo, que llegue a los autores materiales e intelectuales del acoso político, y ponga los candados necesarios en el IRS para que esto no se repita. Por eso, los Republicanos han insistido en una auditoria profunda al IRS y han anunciado diversas demandas contra el organismo.

Ambos casos muestran un gobierno invasivo de las garantías
ciudadanas, irrespetuoso de las libertades, intimidatorio contra sus
rivales, extralimitado. Por eso han dicho los críticos de Obama que “hay una cultura de intimidación en toda la Administración“.
Y no hablamos de Venezuela o Argentina o Bolivia. No. Hablamos del
sistema político que ha sido el ejemplo de las democracias occidentales y
sus estados de derecho. Lo cierto es que ambos casos muestran una
intromisión abusiva del estado en contra de las libertades individuales y
el derecho a la privacidad de los ciudadanos, a ciencia y paciencia del
propio presidente norteamericano. Como en los casos de Venezuela o
Argentina o Bolivia (y otros más), vemos como el estado y sus más altos
representantes impulsan el asalto a libertades y garantías, y protegen
el delito.

Ha faltado firmeza a Obama para responder a unos escándalos que no
sólo erosionan su imagen y credibilidad, sino peor aún, las de la
democracia norteamericana, a la que hacen un daño irreparable. Y dan la
pauta para continuar una mala pedagogía del abuso político. Si por
ejemplo múltiples sectores políticos en América Latina se sienten cada
día más envalentonados (e impunes) para actuar contra críticos y
periodistas, viendo ejemplos tan lamentables como los de Hugo Chávez,
antes, y Cristina Fernández de Kirchner, ahora, ¿sobre qué excesos no se
sentirán legitimados tras el igualmente lamentable desempeño de Barack
Obama?

Por si eso no bastara, el asunto es del mayor interés latinoamericano
por la amplia y diversa variedad de operaciones clandestinas de EEUU en
la región, con el terrorismo como factor que justifica su intervención
en países clave para su seguridad nacional. Ahora mismo, al calor de la
lucha contra el crimen organizado, la Administración Obama, vía la CIA,
ha incrementado sus actividades en México y Centroamérica. ¿Podemos
estar ciertos de que sus operaciones se hacen con un respeto siquiera
mínimo al estado de derecho?