Un vistazo al informe de la OEA sobre política de drogas

América Economía

El viernes pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre el futuro de la política de drogas en las Américas.
La OEA recibió el mandato para producir este documento en la Cumbre de
las Américas que se realizó el año pasado en Cartagena, Colombia, donde
algunos presidentes expresaron su frustración con la guerra contra las
drogas e incluso sugirieron que la legalización era una alternativa con
la cual se podía combatir a los carteles.

El documento está basado en premisas sólidas:

*La violencia relacionada a las drogas es uno de los retos más importantes al cual se enfrentan los gobiernos de la región.

*La estrategia actual es un fracaso no está funcionando.

*Se necesita discutir e implementar nuevas alternativas.

*El consumo de drogas seguirá siendo importante en el año 2025.

Estas premisas podrían parecer un tanto
obvias, pero cuando se trata de política de drogas, afirmar lo obvio no
ha sido la norma para aquellos que creen en el estatus quo. Por ejemplo,
en 1988 la ONU patrocinó un evento titulado “Un mundo libre de drogas:
podemos hacerlo” (el consumo de marihuana y de cocaína ha aumentado en
un 50 por ciento desde entonces). O la última Estrategia Nacional de Control de Drogas de EE.UU.
(en inglés), que dice que el mayor logro de la Iniciativa Mérida en
México ha sido “el fomento mutuo de la seguridad, la protección y la
prosperidad” (no importa que en los últimos seis años hayan muerto
60.000 personas por la narco-violencia en ese país).

El informe de la OEA evita caer en esos
cuentos de fantasía. También evita hacer recomendaciones, dada la falta
de consenso entre sus autores acerca de la dirección en la que debería
dirigirse la política de drogas durante los próximos doce años. En
cambio, el documento presenta cuatro distintas interpretaciones del
“problema de la droga” y muestra los escenarios de cómo debería ser la
reacción a estas. El informe también presenta los desafíos a los que se
enfrenta cada escenario (el nombre de cada uno en negrita):

Juntos: En este escenario,
el problema no son las leyes de drogas sino las débiles instituciones de
los países latinoamericanos. Se prevé más cooperación entre los
gobiernos en las áreas de seguridad e inteligencia, más gasto en
seguridad y organismos judiciales y leyes más severas para combatir la
corrupción, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

Es cierto que los países latinoamericanos
sufren de instituciones débiles. El problema con este escenario es que
la prohibición de las drogas de hecho exacerba dicho flagelo ya que
infla los márgenes de ganancia de los carteles a niveles
estratosféricos, aumentando así su poder corruptor y violento. En 2010
todos los países centroamericanos en conjunto gastaron cerca de US$4.000 millones en sus aparatos de seguridad y justicia
(un incremento del 60% en cinco años). Y aún así eso estuvo muy por
debajo de los ingresos estimados de los carteles mexicanos y colombianos
que, de acuerdo a un reporte del Departamento de Justicia de EE.UU. (en inglés), podrían llegar hasta US$39.000 millones al año.  

El informe prevé otra desventaja de esta
estrategia: una disparidad entre los países en sus esfuerzos por
fortalecer sus instituciones, lo que podría derivar en el efecto globo
de actividades criminales. Esta es tal vez la principal característica
del negocio de la droga en las Américas: su alta capacidad de adaptarse a
circunstancias cambiantes. Por ejemplo, a principios de los noventa,
conforme la presión sobre los productores de coca aumentó en Perú, estos
se trasladaron a Colombia. Actualmente, luego de una década de
programas de erradicación en ese país, están regresando a Perú. En
general, la región andina continúa produciendo la misma cantidad de cocaína que producía hace 20 años.

A lo largo de los años el denominador común
de la guerra contra las drogas en América Latina ha sido el intento por
exportar el problema a los vecinos. Una mayor cooperación, una
coordinación de los esfuerzos y un fortalecimiento de las instituciones a
una misma velocidad parecen todos objetivos poco realistas.

Caminos: En este escenario
el problema no son las drogas sino su prohibición. Se presagia un
creciente número de presidentes en la región haciendo un llamado a
adoptar un mercado legal para ciertas drogas, empezando con la
marihuana.

De hecho, el futuro ya está aquí. El
presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ya hizo un llamado por la
legalización de las drogas. Uruguay está considerando una ley que
legalizaría el cannabis. Incluso en EE.UU., los estados de Colorado y
Washington han legalizado el consumo recreacional de la marihuana.

Dos retos se vienen a la mente al considerar
este escenario. Primero, el debate sobre la legalización (o regulación,
como prefieren llamarla algunos) se ha enfocado casi exclusivamente en
la marihuana. En realidad, el ímpetu hacia un mercado legal de la
marihuana parece irreversible: una encuesta reciente muestra que el 52% de los estadounidenses favorece legalizar dicha droga.
Además, en una reciente entrevista publicada en el periódico colombiano
El Tiempo, William Brownfield, Subsecretario de Estado para Asuntos
Internacionales de Narcóticos, dijo que legalizar la cocaína, la
heroína, la metanfetamina, y las drogas sintéticas constituiría cruzar
una “línea roja” para Washington. Curiosamente, Brownfield dejó por
fuera a la marihuana. Como indica
(en inglés) Mark Kleinman de UCLA, parece que los prohibicionistas en
la administración Obama podrían haber decidido que “la Batalla del
Cannabis está perdida, y están intentando retroceder hacia una posición
más defendible”. Sin embargo, el problema en la región andina, en
Centroamérica, y en gran medida México, no es la marihuana, sino la
prohibición de la cocaína. Y el informe, de manera realista, prevé una
resistencia muy fuerte por parte de la opinión pública en la mayoría de
los países a un mercado legalizado de cocaína.

Esto nos lleva al segundo reto: algunos
países serán más entusiastas en la adopción de marcos legales para
ciertas drogas mientras que otros mantendrán la prohibición. Dado que el
narcotráfico es un problema transnacional, esto crearía problemas y
tensiones entre los gobiernos.

No es un secreto que el camino hacia la
legalización será uno difícil, especialmente debido a la resistencia de
la opinión pública en muchos países latinoamericanos. Sin embargo,
solamente la legalización ataca la raíz del problema: el mercado negro
de las drogas que crea enormes oportunidades de lucro para el crimen
organizado.

Resiliencia: En este
escenario, el flagelo de la droga es el resultado de un problema más
amplio relacionado a las malas condiciones socio-económicas a nivel
local y a la falta de empleos y oportunidades, especialmente para los
jóvenes. También se enfoca en la adicción como un problema de salud y no
uno de delincuencia.

El escenario vislumbra a los gobiernos
invirtiendo en las comunidades, estableciendo clínicas para brindar
tratamiento a los adictos, construyendo instalaciones deportivas para
disuadir a los jóvenes de unirse a las pandillas e implementando
políticas de “reducción de daños”. Incluso concibe una especie de Plan
Marshall mediante el cual países como EE.UU. contribuyen importantes
recursos financieros a los esfuerzos de fortalecimiento de las
comunidades en América Latina.

Este es el escenario menos realista. El
problema de la droga en gran parte de América Latina no es el abuso de
las drogas sino el narcotráfico. Construir bibliotecas o canchas de
básquet en zonas pobres no evitará que los jóvenes se unan a las
pandillas ni que se involucren en la venta de drogas cuando los ingresos
que derivan de estas actividades exceden con creces aquellos que
podrían obtener en actividades legales. Y los trabajos legales buenos
rara vez se crean en áreas que sufren de crimen violento. Es un círculo
vicioso que es difícil de superar sin la legalización.

Este escenario ataca el abuso de drogas desde
una perspectiva de salud, algo que es positivo. Pero esto también se
puede hacer dentro del escenario de la legalización.

Ruptura: Este es tal vez el escenario más
realista políticamente en este momento. Cansados del constante fracaso
de la prohibición y de los pocos avances en la implementación de
alternativas a la guerra contras las drogas, un país o un grupo de
países abandonan la lucha contra el narcotráfico internacional. Adoptan
una estrategia no-intervencionista al contrabando de drogas, mientras
que concentran los recursos de la policía en crímenes violentos.

Muchas personas especularon que este podría
ser el caso de México bajo su nuevo presidente Enrique Peña Nieto,
aunque hay poca evidencia hasta ahora de que su gobierno esté tratando
de buscar un acomodo con los carteles. Tampoco esto es necesariamente
posible hoy en día. En los años setenta y ochenta los gobiernos del PRI
-partido al que pertenece Peña Nieto- adoptaron una estrategia cómplice
hacia el narcotráfico donde el gobierno federal básicamente se hacía de
la vista gorda ante el tránsito de drogas hacia el norte. Sin embargo,
en ese entonces el narcotráfico era básicamente un negocio familiar
dirigido por un ex policía, Miguel Ángel Félix Gallardo. Hoy
México tiene hasta siete carteles poderosos y violentos que luchan entre
ellos por el control de las rutas de tránsito. Aún si el gobierno
mexicano adoptara una estrategia no-intervencionista al contrabando de
drogas, eso no prevendría que los carteles siguieran librando
sangrientas guerras para defender sus territorios. La violencia
relacionada a las drogas podría caer, dado que la intervención del
gobierno agregó volatilidad al cambiante caleidoscopio de los carteles,
pero es probable que México seguiría siendo un país violento.

Además, el informe correctamente señala que
si un país decide abandonar la lucha contra el narcotráfico podría
convertirse en un paraíso para los capos. El dinero de las drogas
probablemente fluiría hacia la economía de ese país, potencialmente
corrompiendo las instituciones e incluso a la sociedad civil de este.

Desafortunadamente, dada la
obstinación de Washington con la prohibición, varios gobiernos en la
región podrían verse tentados a adoptar este escenario en el futuro
cercano. Están dispuestos a arriesgar tener una creciente
presencia de organizaciones criminales con tal de reducir los
impactantes niveles de violencia que afligen a sus países.

Hay que felicitar a la OEA por este cándido
informe. Contribuye a la causa de tener un debate abierto y honesto
sobre política de drogas. Ahora está en manos de los líderes de las 34
naciones del Hemisferio Occidental discutir cuál de estos escenarios les
conviene más a sus países.

Esta columna fue publicada originalmente en el blog Libremente del centro de estudios públicos ElCato.org.

Juan Carlos Hidalgo es coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute.