Las peligrosas conversaciones de paz de Colombia

The Wall Street Journal Americas

Representantes del gobierno
colombiano y de las Farc durante una de las sesiones de las
negociaciones de paz en La Habana, en noviembre de 2012.

¿Deberían los terroristas que secuestran, mutilan y asesinan no
asumir la responsabilidad por sus crímenes cuando argumentan fines
políticos? Al Qaeda tiene un objetivo político y sin embargo, la mayoría
de los estadounidenses ven sus crímenes por lo que son.

Si los terroristas son miembros de organizaciones paramilitares de
derecha, es casi seguro que la comunidad internacional se opondría a la
idea de que fueran eximidos de la responsabilidad por la violencia que
fue parte de un conflicto político.

Pero, como el expresidente colombiano
Álvaro Uribe señaló durante una visita a las oficinas de The Wall Street
Journal la semana pasada, el gobierno colombiano ahora está en medio de
"negociaciones de paz" en La Habana bajo un marco que propone
precisamente este tipo de amnistía para los terroristas izquierdistas de
las Farc.

Bajo la constitución colombiana de 1991, una condena criminal
descalifica a un individuo para postularse a un cargo público. Ahora,
"el marco jurídico para la paz", una enmienda a la Constitución que fue
aprobada el año pasado y promulgada ley por el presidente Juan Manuel
Santos, convierte las atrocidades de las Farc en "crímenes políticos" y
le otorga al fiscal general la discreción sobre qué crímenes procesar.

Al categorizar el crimen violento e incluso los que son esencialmente
crímenes contra la humanidad —incluyendo el reclutamiento de menores—
como "crímenes políticos", el gobierno de Santos ahora puede ofrecerles a
las Farc "elegibilidad política" a cambio de un cese de las
hostilidades.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

Uribe no está en contra de extender una
rama de olivo a las Farc o repartir sentencias más cortas por sus
crímenes. "Siempre estuvimos abiertos a cualquier grupo dispuesto a
cesar sus actividades criminales", indica. Pero añade que cualquier
oferta de ese tipo requiere que los perpetradores "digan la verdad sobre
lo que sucedió, hagan reparaciones a las víctimas y desmantelen sus
organizaciones". Sus sentencias podrían ser conmutadas pero nunca
deberían ser admitidos en la política. Su gobierno desmovilizó 35.000
paramilitares y 18.000 guerrilleros usando tales normas.

"¿Qué hubiera ocurrido si mi gobierno hubiera dicho que los
paramilitares tenían el derecho de ingresar en la política?" Uribe
pregunta. "¿Por qué deberíamos convertir a las Farc en un partido
político después de que han pasado 50 años cometiendo atrocidades?" El
exmandatario me recuerda que el acuerdo de paz de Irlanda del Norte no
proporcionó inmunidad a los terroristas. "Les concedió libertad
condicional pero no recibieron el derecho a ser elegidos públicamente".

El presidente Santos me dijo a finales del año pasado que accedió a
negociar un acuerdo de paz con las Farc cuando el grupo se acercó a su
gobierno ya que, aunque está debilitado tras reveses en el campo de
batalla durante el gobierno de Uribe (2002-2010), sigue siendo capaz de
aterrorizar a los colombianos por muchos años en el futuro.

El mandatario prometió ser un negociador duro. No habrá ningún cese
al fuego durante las negociaciones y las conversaciones durarán meses,
no años, afirmó.

Pero conforme el proceso se acerca a los dos años y la guerrilla
continúa sus ataques despiadados sobre la población civil, aquellos que
dudaron de la buena fe de las Farc están empezando a parecer proféticos.

El repentino anuncio a finales de mayo, sin detalles, de que las
partes habían llegado a un acuerdo en materia pertinente a tierras y
desarrollo agrario generó inicialmente esperanza. Pero como indicó
rápidamente el negociador jefe de las Farc, Iván Márquez, quedaron sin
resolver algunas "salvedades puntuales" en el ámbito agrario.
Desafortunadamente, esas salvedades son aparentemente los problemas
centrales del conflicto.

Uribe prefirió no comentar sobre este último suceso en las
conversaciones porque dice que no tiene conocimiento directo de lo que
está ocurriendo. Rechazó una invitación para participar en el proceso
porque está en desacuerdo con su premisa. Pero sí ofrece comentarios
sobre una promesa anunciada públicamente por el gobierno de recuperar
propiedades adquiridas ilegalmente para devolverlas a sus propietarios
legítimos. "Las negociaciones no eran necesarias para eso", dijo, porque
esa es la ley en Colombia.

Pero "¿está listo el gobierno para pedirle a las Farc que paguen
reparaciones a sus víctimas?", pregunta Uribe. Y "¿confiscará el
gobierno la riqueza ilícita de las Farc" que ha sido acumulada mediante
la toma forzada de tierras, el narcotráfico y los secuestros? También
está el tema de las Zonas de Reserva Campesina, siete grandes
extensiones de tierra que las Farc controlan. Su idea de "reforma
agraria" es la creación de más de estas.

Las Farc niegan que tengan tierras pertenecientes a otros y acusan a
cualquiera que afirme esto de intentar sabotear las conversaciones de
paz. En una entrevista de radio en Bogotá en mayo, el entonces ministro
de Agricultura Juan Camilo Restrepo les pidió a las Farc que aceptaran
que han sido despojadoras de tierras. Unas semanas más tarde, Restrepo
renunció a su cargo sin explicación.

Uribe se queja de que el presidente Santos "ahora llama a las Farc
'jugadores en un conflicto político' en vez de terroristas" y de ese
modo "valida sus actividades". El expresidente piensa que si los líderes
de las Farc consiguen que el gobierno les otorgue la habilidad de ser
elegidos, aprovecharán para llegar a cargos públicos, mintiendo sobre
sus ambiciones para después consolidar su poder à la Hugo Chávez.

Uribe quiere que todas las democracias del mundo rechacen este tipo
de impunidad, y es difícil argumentar contra su lógica de que no puede
generar la paz y la libertad que los colombianos añoran.