Rafael Correa, paladín de la libertad
El País, Madrid
A pesar de sus vicisitudes, Julian Assange y Edward Snowden son muy
afortunados. Al menos no son periodistas ecuatorianos. Si lo fuesen, sus
circunstancias serían aún peores. Snowden y Assange también tienen la
suerte de que el presidente de la nación agraviada por sus filtraciones
sea Barack Obama y no Rafael Correa.
El presidente de Ecuador ha ganado cierta visibilidad internacional
al convertirse en un apasionado defensor de los derechos humanos y la
libertad de expresión. Curiosamente, Correa no muestra el mismo fervor
libertario cuando se trata de los periodistas de su país. De Ecuador
para afuera, Rafael Correa habla como si fuese un moderno Jean-Jacques
Rousseau, mientras que dentro de su país se comporta como si fuese Fidel
Castro. Adora la libertad de expresión de los extranjeros que filtran
información sobre otros gobiernos, pero aborrece y reprime la de sus
compatriotas.
Según Fundamedios, una organización que defiende la libertad de
expresión en Ecuador, en 2012 se produjeron 173 “actos de agresión”
contra periodistas, incluyendo un asesinato y 13 asaltos. Catalina
Botero, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank La Rue, relator
especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión,
manifestaron en 2012 su profunda preocupación por la decisión del
Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador de confirmar una sentencia
penal y civil contra tres directivos y un periodista del diario El
Universo. Fueron condenados a tres años de cárcel y a pagar una
exorbitante multa de 40 millones de dólares. ¿Qué crimen merece un
castigo tan severo? Haber publicado una columna que ofendió al
presidente Correa.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha descrito la nueva ley que
regula los medios de comunicación impulsada por Correa como “el revés
más serio para la libertad de prensa y de expresión en la historia
reciente de América Latina”. La Asociación Colombiana de Prensa y Medios
Informativos (Andiarios) califica esa ley como “la estocada final”
contra la libertad de expresión en Ecuador.
Un editorial del Washington Post recomienda a Edward Snowden leer con
cuidado la Sección 30 de la ley Correa. Ahí se prohíbe la libre
circulación, en especial a través de los medios de comunicación, de
información “protegida por una cláusula de reserva”. La legislación
faculta al Gobierno para multar a cualquier persona involucrada en la
difusión de “información reservada”, incluso antes de que la persona sea
sometida a juicio. Si Snowden hubiese actuado en Ecuador como lo hizo
en EE UU, no solo él sino todos los periodistas que recibieron y
divulgaron esa información hubiesen sido objeto de inmediatas sanciones
financieras —seguidas por un juicio—.
Este doble rasero es convenientemente ignorado por el presidente
Correa y los estadistas que forman parte de su equipo. En un paroxismo
de hipocresía, Ricardo Patiño, el ministro de Relaciones Exteriores de
Ecuador, declaró después de reunirse en Londres con Julian Assange:
“Pude decirle cara a cara, por primera vez, que el Gobierno de Ecuador
sigue firmemente comprometido a proteger sus derechos humanos… Durante
la reunión pudimos hablar sobre las crecientes amenazas contra la
libertad de la gente para comunicar y conocer la verdad…”. El canciller
Patiño aún no ha revelado cómo va a luchar contra “las crecientes
amenazas a la libertad de la gente para comunicar y conocer la verdad”…
en su país.
De hecho, será interesante ver cómo este Gobierno tan preocupado por
la libertad de expresión responde a una comunicación oficial de 12
páginas que le acaba de enviar la relatora especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre
muchas otras preocupaciones, la relatora Botero alerta que, según la
nueva ley, cualquier denuncia de corrupción que a juicio del Gobierno
disminuya la credibilidad de un funcionario público puede ser calificada
como “linchamiento mediático”. Esto conlleva sanciones para el
periodista y el medio que haya divulgado la información.
Es así como, al mismo tiempo que Rafael Correa amordaza a sus
críticos, intenta presentarse ante el resto del mundo como un paladín
del derecho a criticar a los gobiernos. Claro que no a todos. Hasta
ahora, las filtraciones han sido muy selectivas y perjudican
principalmente al Gobierno de EE UU. Esperamos con gran interés y
expectativa las revelaciones de WikiLeaks o las de alguien como Snowden
que divulguen los secretos de los gobiernos de Rusia, Irán, China o
Cuba. O los del Gobierno ecuatoriano.
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