La ayuda de EE.UU. y la corrupción de El Salvador

The Wall Street Journal Americas

Algunos habrán escuchado hablar del puente hacia ningún lado en
Alaska, que hace algunos años desató la ira de los estadounidenses.
Ahora, hay una carretera en El Salvador que atraviesa por el medio de la
nada.

A diferencia de lo que ocurría con su contraparte estadounidense, la
Carretera Longitudinal del Norte —que pasa por algunas de las partes
menos pobladas del país más densamente poblado de América Central— es
una obra sin terminar, cortesía de los contribuyentes estadounidenses.

Esta carretera menos transitada forma parte de lo que la Corporación
Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), una entidad
dependiente del gobierno de Estados Unidos, tiene que mostrar como
resultado de un convenio de asistencia de desarrollo con El Salvador de
US$450 millones. La carretera pasa por terrenos que no son propicios
para la agricultura, pero que ofrecen buenas perspectivas para la
explotación del oro. Por desgracia, los políticos salvadoreños
prácticamente han prohibido la minería.

Si este proyecto le parece absurdo, espere a escuchar el resto de la historia.

Un funcionario de la MCC me dijo que la meta del organismo es
"reducir la pobreza en los países que son relativamente bien gobernados"
en relación a sus pares. No obstante, hoy en día El Salvador es un país
más pobre, más violento y más endeudado que cuando la MCC empezó a
distribuir ayuda bajo el convenio en 2007. Durante las gestiones de los
presidentes Tony Saca, del partido de centro-derecha Arena (2004-2009) y
del actual mandatario del izquierdista FMLN, Mauricio Funes, el estado
de derecho ha sido pisoteado y el clima empresarial se ha vuelto
abiertamente hostil. El gasto deficitario y la corrupción se han
disparado.

El Salvador no es un país bien gobernado. La característica que lo
salva, aparentemente, es que es menos anárquico que otros clientes entre
los cuales la MCC, una agencia de asistencia internacional establecida
en 2004, debe elegir. La junta directiva de la MCC, encabezada por el
secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, revisará un segundo acuerdo con El Salvador, que en esta ocasión asciende a US$300 millones.

El Salvador debería ser comparado con el país que llegó a ser, que
generó grandes expectativas. La cantidad de salvadoreños que vivían en
la pobreza disminuyó de 66% a 30% de la población entre 1989 y 2006. La
liberalización de los mercados también contribuyó a que el país empezara
a cerrar la brecha con sus vecinos latinoamericanos. "La relación de su
PIB per cápita al de América Latina pasó de 64% en 1989 a 81% en 2002",
dijo el economista salvadoreño Manuel Hinds.

Desde 2006, las tasas de pobreza han subido, alcanzando 47,5% en
2012. La relación entre el PIB per cápita de El Salvador comparado con
el de América Latina ha vuelto a 65%, casi el nivel de 1989 hacia
finales de la guerra de 12 años que el país libró contra las guerrillas
marxistas del FMLN.

Los apologistas atribuyen la espiral descendente a la mala suerte.
Una mejor explicación es el intento del gobierno por acaparar poder que
está aniquilando las instituciones y erosionando la libertad individual.

En 2000, El Salvador era la novena economía más libre del mundo,
según el índice de libertad económica elaborado por la Heritage
Foundation y The Wall Street Journal. Hoy, ocupa el puesto 45. En 2004,
el Foro Económico Mundial colocó a El Salvador en el puesto 48 de las
economías más competitivas. Ocho años después, se ubicaba en el lugar
101.

En la encuesta Doing Business del Banco Mundial
correspondiente a 2009, El Salvador ocupó la posición 89 entre 180
países a la hora de evaluar la facilidad para formar, gestionar y cerrar
una empresa. En 2012, el país descendió al puesto 113. La calificadora
de riesgo Moody's
MCO +1.18%
le otorgó grado de inversión a El Salvador en 1995, pero se lo quitó en noviembre de 2011.

Entre
2004 y 2012, El Salvador se precipitó de la posición 51 a la 83 en el
índice de corrupción gubernamental elaborado por Transparencia
Internacional. El organismo resaltó una donación sospechosa de
US$840.000 a obras de "caridad" proveniente del presupuesto del
presidente de la Asamblea Legislativa un mes antes de las elecciones
legislativas de 2012. Un informe del Departamento de Estado de EE.UU.
sobre derechos humanos mencionó la donación como un ejemplo de "una
falta de transparencia en las adquisiciones públicas".

El gobierno de Funes estableció hace poco un consejo en "sociedad"
con un puñado de los oligarcas salvadoreños para crear la ilusión de
colaboración del sector privado. Pero un grupo reducido de familias
ricas no puede hablar por todo un país. Hugo Chávez también logró
cooptar a algunas empresas del "sector privado" para que lo ayudaran a
avanzar su agenda.

Numerosos grupos del sector privado, como la Asociación Salvadoreña
de Industriales y la coalición no partidista Aliados por la Democracia,
que agrupa a entidades de la sociedad civil, se oponen a las crecientes
tendencias autoritarias del gobierno y le están implorando a EE.UU. que
preste atención, ante el temor de que la entrega de nueva asistencia
sirva para financiar un golpe a la venezolana contra la democracia.

El senador estadounidense Marco Rubio
(republicano de Florida) y el representante Matt Salmon (republicano de
Arizona), quien preside el subcomité del Hemisferio Occidental de la
Cámara de Representantes, han expresado su preocupación. Un vocero de
Rubio me dijo la semana pasada que clasificaciones como el Índice de
Libertad Económica y el índice de Transparencia Internacional
constituyen un "indicador clave de selección potencial" de cualquier
convenio con la MCC. Subrayó que "las clasificaciones más bajas son una
manifestación de debilidades institucionales que no han sido abordadas,
como la fragilidad de la independencia judicial, y un proceso
legislativo cada vez más opaco".

La Corporación Desafío del Milenio podría tratar de tomar el
Juramento hipocrático y no causar daño. Eso significaría marginar a los
políticos que no tienen interés alguno en el buen gobierno, aunque
parezcan mejores que algunos de los otros bandoleros que gobiernan
algunos países latinoamericanos.