Contrarevolución en Egipto

En
mi artículo Revolución en
Egipto (El Deber, 11/12/2012) hacía notar que en Egipto había
llegado la democracia pero que ello no era sinónimo de libertad, y que el
gobierno de Mohamed Mursi, se encaminaba más bien a cercenar libertades
fundamentales e imponer ideas del fundamentalismo musulmán.

Muy a mi pesar aquel pronóstico se
ha cumplido. La mayoría de los egipcios eligió democráticamente a un gobierno
que quiere imponer sus preceptos religiosos a toda la nación. Tal imposición
implica un cercenamiento de libertades y derechos humanos ampliamente
reconocidos. Por ello una minoría que teme perder sus libertades civiles se ha
insurreccionado contra un gobierno elegido democráticamente que sin embargo
actúa de manera autoritaria. La idea de levantarse contra gobiernos
autoritarios y liberticidas no es nueva. Por ejemplo John Locke defendía
explícitamente el derecho de los ciudadanos a destronar a un rey cuando éste se
convertía en un tirano; con lo encomiable que son los movimientos pacifistas y
la admiración que tengo por personajes como Martin Luther King, Mahatma Gandhi
o Nelson Mandela, podemos tener plena seguridad que si George Washington o
Simón Bolívar no hubiesen tomado las armas, no se hubiese logrado la
independencia americana.

En
el caso egipcio existe legitimidad de ambos lados. Mursi tiene la legitimidad
de haber sido elegido por la mayoría en elecciones libres. Los insurrectos
tienen la legitimidad de estar luchando por preservar sus libertades civiles.
El problema radica en los abusos de poder cometidos por el gobierno de Mursi.
La solución por lo tanto debe basarse en consensuar una constitución que
preserve y garantice las libertades civiles y políticas de todos los ciudadanos
y ponga límites el poder del Estado. Entre las libertades que dicha
constitución debe garantizar están la libertad de religión, la libertad de
expresión, y el igual trato de hombres y mujeres ante la ley. Llegar a esa
solución no es fácil. La mayoría musulmana debe comprometerse a respetar los
derechos de las minorías. Pero incluso si los movimientos fundamentalistas
musulmanes estuvieran dispuestos a dar tales garantías, existe la duda legítima
(y reforzada por las acciones del gobierno de Mursi) sobre su compromiso a
cumplirlas. Además están de por medio las Fuerzas Armadas, cuya cúpula es la
que efectivamente tiene el poder y que no debe tener mucho interés en
devolverlo a la sociedad civil y correr el riesgo de ser sustituida o incluso
encarcelada.

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