Agentes cubanos cambian sus tácticas para reprimir a opositores

El Nuevo Herald

La disidente cubana Ana Celia Rodríguez Torres
afirma que la policía la arrestó, la golpeó y la mantuvo todo el día en
un ómnibus bajo un calor abrasador, y que la dejaron en libertad a la
mañana siguiente en un área remota del campo a 20 millas de su casa. 

No
es ninguna coincidencia que otra disidente en la provincia oriental de
Santiago de Cuba, Yasnay Ferrer Santos, dice que fue sacada
violentamente de un carro por la policía, mantenida todo el día y toda
la noche en un carro patrullero y luego puesta en libertad en una
carretera rural a 10 millas de su casa.

Agentes de la Seguridad
del Estado de Cuba han cambiado recientemente sus tácticas en contra de
opositores domésticos, incrementando el uso de la fuerza física y
abandonándolos en lugares remotos para acosarlos e intimidarlos, de
acuerdo con líderes disidentes y de activismo por los derechos humanos.

“Ha estado pasando decenas de veces, son demasiado, sólo en UNPACU
varios centenares”, dijo José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo del
organismo de oposición Unión Patriótica de Cuba.

Ferrer y
Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de La Habana, dicen que ellos
creen que saben cuándo y por qué empezó el cambio de táctica.

El 1
de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza publicó un
informe criticando el historial del gobierno cubano, y expresando una
preocupación específicamente sobre el gran aumento en el número de
detenciones a corto plazo de disidentes.

Aumento de detenciones

Esas
detenciones, generalmente en estaciones de policía y diseñadas para
acosar a los activistas de oposición, aumentaron de 2,074 en el 2010 a
6,602 el año pasado. El aumento se percibió como el resultado de un
esfuerzo por parte del gobernante cubano Raúl Castro para distanciarse
de las condenas de cárcel notoriamente largas que hizo comunes su
hermano Fidel Castro pero manteniendo al mismo tiempo la presión sobre
los disidentes.

Las detenciones a corto plazo ahora han caído, con
2,376 reportadas en los primeros siete meses de este año, en contraste
con 4,051 en el mismo período del año pasado, según el informe más
reciente de la comisión de Sánchez.

Pero ahora el aparato de
seguridad estatal de la única nación de gobierno comunista en el
Hemisferio Occidental está recurriendo cada vez con mayor frecuencia a
otras tácticas, según Ferrer y Sánchez, incluyendo violencia física,
abandono en áreas remotas, vandalismo de la vivienda de los disidentes y
“actos de repudio” por parte de gamberros organizados por el gobierno.

Tres
miembros de UNPACU han sido asaltados de noche por jóvenes vestidos de
civil, dijo Ferrer. En uno de los casos, los atacantes fueron conocidos
empleados de centros deportivos del gobierno, actuando en apariencia
bajo órdenes de agentes de la seguridad del estado, agregó.

Se ha
escuchado cada vez más a oficiales de la Seguridad del Estado a cargo de
algunos de los arrestos ordenando a sus hombres que golpeen a los
disidentes que encabezan las protestas o que gritan más alto, añadió
Ferrer, y los disidentes están reportando más lesiones recibidas durante
sus arrestos.

Violencia y lesiones

Sánchez
dijo que su comisión ha recibido además crecientes reportes de
violencia y lesiones durante arrestos, así como ataques a las casas de
los disidentes con piedras, pintura y heces fecales y manifestaciones
progubernamentales frente a las mismas.

Pero el cambio más
significativo ha sido la disminución de las detenciones temporales en
estaciones de policía y el aumento de las detenciones en carros y
ómnibus policiales, seguidas por el abandono en áreas remotas sin
transporte público y escaso tráfico de vehículos, dijeron Ferrer y
Sánchez.

“Nosotros también lo estamos viendo. Parece que no les
ha dado resultado llevarlos al calabozo”, dijo Berta Soler, líder de la
organización disidente Las Damas de Blanco.

Rodríguez, de 43 años,
economista desempleada, dijo que ella fue detenida y luego puesta en
libertad en lugares alejados cuatro veces solo en los últimos meses para
impedirle asistir a reuniones de oposición, muchas de ellas en la
Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, la santa patrona cubana, en el
poblado de El Cobre.

El mes pasado, ella fue retenida durante
largas horas en ómnibus y autos policiales, sin que le dieran agua o
alimento alguno a pesar del calor sofocante, y fue puesta en libertad en
un remoto camino cerca de una vaquería, dijo. En junio ella fue puesta
en libertad en el camino de una playa a 21 millas de su casa, dijo.

Cada
detención fue acompañada de puñetazos y maltratos físicos, dijo a El
Nuevo Herald por teléfono durante el receso de una reunión de UNPACU en
la casa de Ferrer en Palmarito de Cauto. Cuando Ferrer preguntó a su
grupo cuántos de ellos habían sido detenidos y abandonados en puntos
remotos, seis levantaron la mano, dijo él.

Yasnay Ferrer —quien no
es familia del líder de UNPACU—, dijo que la empujaron, la tiraron al
suelo o le dieron puñetazos en casi todas de las cinco o seis ocasiones
en que ella estuvo detenida en los meses recientes.

“Lo que
estamos viendo es una verdadera metamorfosis en las modalidades de
represión política”, dijo Sánchez por teléfono desde La Habana. “Debido a
todas las críticas, el número de detenciones (a corto plazo) ha
disminuido visiblemente mientras que estos otros procedimientos de
intimidación se usan más”.

Sánchez señaló además que, solo este
mes, Amnistía Internacional (AI) agregó cinco nombres a su lista de
“prisioneros de conciencia” cubanos, la cual estaba vacía desde que
Castro liberara a 116 presos políticos entre el 2010 y el 2011 tras
conversaciones con la alta jerarquía de la Iglesia Católica.

Rafael
Matos y Emilio Planas fueron arrestados en la ciudad oriental de
Guantánamo en septiembre luego de que aparecieron carteles
antigubernamentales por toda la ciudad. Ellos fueron convictos de
“peligrosidad precriminal”, dijo el grupo de derechos humanos radicado
en Londres.

Los jóvenes hermanos Alexeis, Django y Vianco Vargas
Martín, de la provincia de Santiago de Cuba y todos miembros de UNPACU
—fueron acusados de “usar violencia o intimidación contra un funcionario
estatal”, según AI.