El ocaso de la guerra contra la marihuana

El Nuevo Herald

La decisión de Estados Unidos de no desafiar en
las cortes los planes de los estados de Washington y Colorado de
legalizar la marihuana convierte la política de drogas estadounidense en
un caso de manual de hipocresía política: ¿Cómo puede el gobierno de
Estados Unidos seguir luchando contra la legalización de la droga en el
exterior, cuando le está dando luz verde en su propia casa?

La semana
pasada, el Departamento de Justicia emitió una resolución en la que dice
a los fiscales que no interfieran con los dos estados que han aprobado
leyes que autorizan el uso recreativo y la venta de marihuana a partir
de principios del año próximo. La resolución ha sido aplaudida por las
fuerzas prolegalización, que la consideran histórica, ya que la
marihuana sigue siendo una droga ilegal según la ley federal de Estados
Unidos.

En su memorándum del 29 de agosto, el Departamento de
Justicia dijo a los fiscales que no cuestionen las leyes de legalización
de la marihuana de los dos estados siempre y cuando ambos gobiernos
estatales impongan un sistema regulatorio estricto que prohíba, entre
otras cosas, la venta de marihuana a menores, el cultivo de marihuana en
tierras públicas y su exportación a otros estados que no la han
legalizado.

“Esto coloca a Estados Unidos en una posición
incómoda”, dice John Walsh, un experto en drogas de la Oficina de
Washington sobre Latinoamérica, un grupo que apoya la legalización de la
marihuana. “Estados Unidos está implementando en su casa una política
muy diferente de la que recomienda a otros países”.

La decisión
del Departamento de Justicia probablemente tendrá un gran impacto en
Latinoamérica, donde muchos países están debatiendo sus propias leyes de
legalización.

En Uruguay, la Cámara de Diputados ya ha aprobado
un proyecto de legalización respaldado por el gobierno, que ahora
probablemente será aprobado más fácilmente por el Senado antes de fin de
año.

En México, donde más de 50,000 personas han muerto durante
los últimos seis años en la guerra contra las drogas apoyada por Estados
Unidos, los partidarios de la legalización en el Congreso tendrán
argumentos adicionales para respaldar un cambio de rumbo. ¿Por qué
seguir perdiendo vidas y gastando fortunas para combatir la marihuana
cuando ni el propio gobierno estadounidense lo está haciendo?,
preguntarán.

México es sin dudas el mayor exportador de marihuana a
Estados Unidos, y probablemente será el país en que la resolución del
Departamento de Justicia tendrá un mayor impacto. Otros exportadores
importantes de la región son Jamaica, Canadá y Colombia.

Cuando le
planteé a un funcionario del Departamento de Estado la contradicción
entre lo que Estados Unidos hará en casa y lo que pregona en el
exterior, me dijo que “la marihuana es y sigue siendo ilegal según la
ley federal. Continuaremos nuestra importante cooperación antinarcóticos
con la comunidad internacional para combatir el uso y el tráfico de
drogas, y para mejorar la seguridad de los ciudadanos”.

Los
funcionarios estadounidenses sugieren que es importante recordar que la
resolución del Departamento de Justicia está condicionada a la capacidad
de los estados de Washington y Colorado de hacer cumplir sus
regulaciones que prohíben la venta de la droga a menores, o su
exportación. Internacionalmente, no está claro que países con
instituciones débiles puedan hacer cumplir ese tipo de controles,
argumentan los críticos de la legalización.

Tal como me dijo
recientemente el senador uruguayo Pedro Bordaberry, un opositor del
proyecto de legalización de la marihuana de su país: “Si el estado
uruguayo no puede implementar su prohibición a la reventa de entradas
para los partidos de fútbol, ¿cómo podemos esperar que pueda implementar
la prohibición de venta de marihuana a menores?”

Mi opinión: La
decisión del 29 de agosto del Departamento de Justicia de Estados Unidos
es un parte-aguas en la historia de la guerra contra las drogas. Habrá
un antes y un después.

No hay duda de que es más fácil apoyar la
legalización de la marihuana en los estados de Washington o Colorado,
donde es probable que la policía pueda evitar la venta masiva de
marihuana a los niños, que en Guatemala o Honduras, donde hay tanta
corrupción en la policía que tal tarea se hará mucho más difícil.

Pero
el gobierno de Obama debería empezar a flexibilizar su oposición
absoluta a las leyes de legalización de otros países. Podría hacerlo a
cambio de un acuerdo internacional para hacer cumplir reglas como la
prohibición de ventas a menores, y de un compromiso regional de invertir
los miles de millones de dólares que actualmente se gastan en combatir
la marihuana en campañas de educación antidrogas, y en programas de
prevención y rehabilitación.

La política actual es insostenible. No se puede permitir una cosa en casa, y prohibirla afuera.