Alberto Garzón x 3
Libre Mercado, Madrid
El economista Alberto Garzón Espinosa, diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, tuiteó en un mismo día estas tres reflexiones:
- La troika busca neutralizar antidemocráticamente cualquier
autoprotección de la sociedad ante el apetito criminal del capitalismo. - En el capitalismo la democracia real es imposible. Votamos al
Gobierno, pero no al Poder. El Poder chantajea y decide; el Gobierno
dispone. - Los teólogos del libre mercado, fieles a su fe, se felicitan
porque una institución antidemocrática quiera parar el decreto
antidesahucios.
Nada revela con más claridad el antiliberalismo que
su frenesí democrático. Los comunistas, como los nazis, insisten siempre
en que ellos son el pueblo trabajador; nuestros socialistas, por
ejemplo, llevan la palabra obrero en sus siglas. El contraste con la realidad no puede ser más llamativo. En efecto, nadie ha dañado más a los trabajadores que los fascistas, los comunistas y los socialistas.
Y, por supuesto, nadie les ha impedido con más saña el poder elegir
libremente. Se recordará que cuando había dos Alemanias, la que era una
dictadura, la Alemania donde los trabajadores no podían elegir, se
llamaba Democrática.
Por lo tanto, cuando un antiliberal vocee solemnemente la democracia,
conviene tener presente que no se refiere a la defensa de la libertad
de elección de los ciudadanos, una libertad que tanto en la teoría como
en la práctica se mostrará siempre dispuesto a avasallar, y para hacerlo
recurrirá a la estratagema fundamental del totalitarismo:
negar la existencia de la comunidad de mujeres y hombres libres. Para
los antiliberales no existe la sociedad civil: sólo existe el poder
político. Así, cuando el señor Garzón habla de "autoprotección de la
sociedad" no se refiere a la sociedad, no se refiere a las mujeres y los
hombres libres que viven en una comunidad.
Su primer comentario procura enfrentar unos políticos y burócratas
con otros (la troika vs. el poder autonómico en Andalucía), apelando a
la supuesta superioridad democrática de unos que, como vimos, no
pretenden respetar la libertad de elección del pueblo, que ha de
limitarse a votar y a obedecer, pero cuyos derechos en realidad no
valen. La justificación de don Alberto es que las autoridades andaluzas
protegerán al pueblo del "apetito criminal del capitalismo".
En ningún caso se plantea qué clase de apetito exhibe el poder allí
donde no hay capitalismo. Un siglo de experiencia sugiere que ese
apetito no es moderado ni benéfico.
Esto reaparece en el segundo tuit, que niega que en el capitalismo
podamos elegir. Cabría secundar a don Alberto si entendemos por capitalismo
las sociedades occidentales democráticas, ampliamente intervenidas por
la política y la legislación. En efecto, en España, la invasión de las
Administraciones Públicas sobre los derechos y libertades de los
ciudadanos ha sido notable, y yo sería el primero en apoyar a don
Alberto si se propusiera defenderlos, por ejemplo, exigiendo el fin de
los impuestos que pagan millones de trabajadores, y de las prohibiciones, controles, regulaciones y multas que lastran su libertad.
Todo indica, empero, que no es así, y que el diputado de IU quiere
aumentar todavía más las usurpaciones del poder. Su inquietante uso de
la expresión democracia real se parece al socialismo real.
Apoya mi hipótesis el que incurra en la vieja ficción de que hay un
Poder por encima del Estado, que mueve los hilos, etc. Vamos, como si
creyese que aquí nos ha subido los impuestos Amancio Ortega o ha
prohibido fumar en los bares El Corte Inglés.
Hablando de creer, el tercer tuit condensa viejas fábulas pseudoprogresistas.
Ante todo, el utilizar adjetivos religiosos para atacar a los
liberales: "teólogos", "fieles a su fe", etc. En realidad, la izquierda
odia a la Iglesia porque odia la libertad, pero no quiere solo acabar
con ella, sino ocupar su lugar. Como sentenció el liberal catalán
decimonónico Laureano Figuerola: "Los socialistas son los frailes del
siglo XIX". El tono de socialistas y comunistas, en efecto, tiene mucho
de religioso, mientras que, paradójicamente, la relación de la propia
Iglesia con los liberales ha sido siempre tensa, como sabe cualquiera
que conozca su Doctrina Social.
Otra creencia infundada que condensa el mensaje del señor Garzón,
además de la reiterada distorsión de la democracia, que ya hemos
señalado, es la propia falacia del "decreto antidesahucios", que sugiere
que los políticos pueden resolver los problemas de los ciudadanos con
sus intervenciones, de modo simple: como los desahucios son una cosa
mala, se prohíben por decreto y ya está. Nadie puede oponerse porque
sería como apoyar los desahucios. Nadie puede plantear ninguna objeción,
por ejemplo, a las consecuencias perjudiciales que ello puede ocasionar
a los trabajadores que sí pagan sus hipotecas viejas, o que quieren
comprar una vivienda solicitando una nueva. La coacción no tiene ningún efecto negativo. Puestos a creer, eso sí que es tener fe.
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