Sin el fin de la guerra contra las drogas, no habrá paz en Colombia

The Wall Street Journal Americas

Un policía colombiano organiza paquetes de marihuana conficados antes de ser presentados a la prensa en Cali, Colombia.

Los grandes carteles son cosa del pasado, pero la producción de cocaína es mayor que en 1990

Las autoridades del aeropuerto Charles de Gaulle anunciaron la semana
pasada la confiscación de 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo de Air France
proveniente de Caracas. No cabe más que felicitar al inspector Clouseau.

Sin
embargo, la megaoperación es más una señal de que los productores
latinoamericanos de cocaína se han vuelto cada vez más osados que una
muestra de que la victoria en la guerra contra las drogas está al
alcance de la mano. Es una realidad triste porque el conflicto ya ha
cobrado cientos de miles de vidas y ha impuesto una miseria
indescriptible sobre decenas de países pobres. Salvo que se produzca un
cambio de política, el número de víctimas seguirá en aumento.

El caso de Colombia es particularmente
trágico y su presidente, Juan Manuel Santos, busca un cambio de rumbo.
En una entrevista realizada la semana pasada con editores de The Wall
Street Journal en Nueva York, el mandatario dijo que Colombia ha sido
probablemente el país que ha incurrido en el mayor costo en esta guerra
contra las drogas. "Hemos perdido a nuestros mejores líderes, nuestros
mejores jueces, nuestros mejores policías y nuestros mejores
periodistas". Ha sido, señaló, "mucha sangre, el costo de esta guerra
contra las drogas".

Y el conflicto está lejos de terminar. "Los grandes carteles dejaron
de existir", indicó en referencia al éxito del ejército y la policía
colombiana para desmantelar ese particular modelo de negocios. "Pero el
negocio continúa porque sigue habiendo demanda".

La presidencia de Santos ha estado inmersa en la controversia desde
que decidió iniciar negociaciones de paz en La Habana con el grupo
guerrillero narcotraficante conocido como las Farc. No obstante, otra
iniciativa que Santos se acredita haber comenzado, un diálogo
multilateral en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA)
sobre alternativas a la fracasada guerra contra las drogas, podría ser
mucho más importante.

Las Farc han estado lanzando ataques contra la población colombiana
durante más de medio siglo. El grupo terrorista, que en su momento fue
financiado por la Unión Soviética, ha seguido siendo viable en el mundo
post-Guerra Fría gracias a las ganancias que obtiene del tráfico de coca
y de cocaína. Los conservadores colombianos dudan de la buena fe de las
Farc en las negociaciones de paz y Santos reconoce que el plazo que
impuso y que se vence en noviembre parece "difícil" de cumplir.

Uno de los principales obstáculos en las negociaciones es la
insistencia de las Farc en realizar una asamblea para enmendar la
Constitución. Se trata de un camino peligroso, a juzgar por el ejemplo
de Hugo Chávez en Venezuela, y Santos ha dicho que les ha informado a
los rebeldes que es una demanda que no aceptará. Pero las Farc siguen
siendo intransigentes. Un colapso de las negociaciones le podría costar a
Santos la reelección el próximo año y el mandatario podría echarle la
culpa a la guerra contra las drogas.

Colombia ha realizado grandes avances desde los años 90, cuando pudo
haber sido considerada un Estado fallido. Pese a todo, el negocio de la
cocaína en la región andina sigue siendo robusto. Según estimaciones de
Naciones Unidas, la producción de cocaína ha crecido desde 2005 en Perú y
Bolivia. En el caso de Colombia, ha bajado desde 2005, pero sigue
siendo más alta que en 1990. Asimismo, la producción total de cocaína en
la región andina está más o menos en el mismo nivel que en 1990.

Los delincuentes colombianos han cambiado su modelo de negocios. Ya
no están los Pablo Escobar de los años 80, los grandes capos de la droga
que se convirtieron en héroes populares y desafiaron la autoridad del
Estado. Su lugar ha sido ocupado por traficantes menos prominentes que
mantienen el sigilo y pagan a las Farc a cambio de su protección.

Santos dijo que Colombia ha capturado a numerosos jefes de bandas
criminales regionales y de menor escala, pero que "seguir siendo muy
agresivos es para nosotros un asunto de supervivencia nacional". En
otras palabras, la guerra en Colombia está lejos de llegar a su fin,
pese a los miles de millones de dólares en ayuda de Estados Unidos que
ha recibido desde fines de los años 90.

Las recientes manifestaciones de los agricultores colombianos que
piden subsidios del gobierno reflejan la baja productividad como
consecuencia de una inversión inadecuada, señala Santos. Poner fin al
conflicto con las Farc, que hace que los inversionistas teman las zonas
rurales, es necesario para que los agricultores puedan competir en una
economía colombiana cada vez más abierta.

Sin embargo, alcanzar un acuerdo de paz con el liderazgo de las Farc
no equivale a acabar con las poderosas redes criminales que dependen del
consumo de estupefacientes en las economías desarrolladas. Incluso si
las Farc pueden ser usadas para combatir el tráfico de drogas, como
espera Santos, los incentivos para satisfacer la demanda de los
consumidores seguirán existiendo.

Esa es la razón por la que el presidente colombiano propuso en abril
de 2012 el diálogo en la OEA. Cuando ya han transcurrido 50 años desde
el lanzamiento de la guerra contra las drogas, el mundo no está mejor y
la guerra no se ha ganado, dice Santos. "Entonces, ¿vamos a seguir por
otros 50 años? ¿O hay mejores alternativas?", pregunta.

El informe de la OEA, titulado "Escenarios para el problema de drogas
en las Américas" fue publicado en mayo, pero no resolvió el problema.
Se limitó a analizar los costos y beneficios de una variedad de
escenarios. Pero al romper el tabú de que los gobiernos hablen
abiertamente sobre el alto precio de la prohibición, le ha dado voz a
millones de víctimas inocentes. El legado más importante de Santos
podría ser ese, no las negociaciones en La Habana.