Evo Morales y las dictaduras del ALBA

El Nuevo Herald

Una investigación sobre la duración de los
mandatos presidenciales en Bolivia, incluidas las dictaduras militares
que ha padecido, reflejan serios problemas de gobernabilidad que
aparentemente el desestabilizador de oficio, Evo Morales, ha podido
superar como consecuencia de la dictadura institucional que rige el
país.

El líder cocalero ha sido el mandatario boliviano que por más
años ha dirigido los destinos de la nación de forma consecutiva, no solo
en el siglo XXI sino también en el pasado siglo XX.

El gobernante
que más se le aproxima en el Palacio Quemado es el general Hugo Banzer
Suárez, cuya dictadura más veterana llegó a los siete años.

Banzer
controlaba los cuarteles y Morales manipula a su antojo las
instituciones del estado, por lo que su dictadura tiene una pátina de
legitimidad que favorece la propaganda y la manipulación de la realidad
nacional.

Evo Morales, después de haber sido el artífice de un
proceso de caos que desestabilizó el país, fue electo presidente en el
2005, para el período 2006-2011, pero interrumpió su mandato, una
práctica común entre los gobernantes de la Alianza Bolivariana de las
Américas, que después de convocar y promulgar una nueva constitución,
hecha a la medida y que interpretan a su conveniencia, citan a comicios
generales en los que otra vez son candidatos.

El primer gobierno
de Morales debía concluir en el 2010, pero la maniobra constitucional le
permitió postularse en el 2009, había gobernado tres años, por lo que
al ser reelecto, extendió su periodo constitucional hasta el 2015, por
lo que según lo pautado por la constitución gobernará el país por nueve
años.

Antes de las elecciones del 2009, el presidente Morales aseguró que no buscaría una segunda reelección en el 2014.

Pero
los años pasan y a la ambición de poder se suma el espíritu de
sobrevivencia. Bajo los gobiernos de Morales y Alvaro García Lineras se
han producido numerosos crímenes, abuso de poder, incrementado el
cultivo de la hoja de coca y aumentado la corrupción, delitos para los
que tiene inmunidad mientras gobiernen, razón para buscar mantenerse en
el poder al menos hasta el 2020.

El actual ministro de gobierno,
Carlos Romero, uno de los protagonistas de los acuerdos a los que arribó
la dirigencia política boliviana en el 2008, publicó un documento en
que se afirma que el Movimiento Al Socialismo (MAS) renunciaba a una
tercera candidatura de Morales de forma consecutiva.

Un informe de
la misión de observación electoral de la Organización de Estados
Americanos fechado el 20 de octubre de 2009 sobre el referéndum y de
aprobación de la nueva Constitución del 25 de enero de ese mismo año,
apunta que el gubernamental Movimiento Al Socialismo llegó a un acuerdo
con la oposición de entonces, para que Evo Morales fuera reelecto sólo
una vez.

Por su parte el secretario de Asuntos Políticos de la
OEA, Kevin Casas Zamora, remitió el pasado 6 de junio al expresidente
Jorge Quiroga una carta en la que indica que “en lo que toca a la
reelección presidencial, la decisión del Tribunal ofrece una
interpretación del texto constitucional vigente que se aparta de aquella
prevaleciente durante la negociación política que precedió a la
aprobación de dicha nueva Constitución”.

Esta misiva fue
desautorizada por el secretario general de la entidad hemisférica, José
Miguel Insulza, quien escribió al gobierno de Morales pidiendo disculpas
y señalando que “las expresiones del secretario de Asuntos Políticos no
expresan una valoración de la Secretaría General sobre las mismas.
Cualquier otra interpretación o juicio de valor sobre el tema a que se
refiere la nota emitida no coincide con las normas y principios de la
OEA”.

Insulza, constante en una conducta que favorece las
dictaduras del ALBA, reafirmó que la OEA respeta la decisión que adoptó
el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre una nueva postulación de
Morales y el vicepresidente Álvaro García.

La Constitución permite
la reelección por dos mandatos consecutivos, pero el Tribunal
Constitucional, parte del entramado institucional que controla Morales,
sancionó que no debe tomarse en cuenta el primer mandato del presidente,
lo que ha generado una ola de controversias en el país.

La
diputada oficialista y ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca
Delgado, rechazó la resolución y expresó que “el respeto por la
Constitución pasa en aplicar exactamente lo que dice la disposición
transitoria primera, en el párrafo II, pasa por respetar eso. La
Constitución está absolutamente clara, donde dice que los mandatos
anteriores serán computados para las próximas elecciones”.

Los
autócratas del ALBA montados a horcajadas en una ola de populismo
extremo, aderezado de un fuerte nacionalismo que sitúa en su mira a
Estados Unidos, pretenden perpetuarse en el poder por medio de
elecciones y con discursos de justicia social que solo se concretan en
el enriquecimiento personal de los caudillos, la nomenclatura y su
familia.

El autor es Periodista de Radio Martí.