Bolivia: Censo y redistribución

Los
resultados del censo han generado tensiones en el país y entre regiones porque
en base a ellos se redistribuyen recursos de coparticipación tributaria y los escaños
en la cámara de diputados. Existen dos posturas por las cuales una región puede
protestar la nueva redistribución: la primera en base a exigir justicia,
equidad y credibilidad de los datos y la segunda en base a tratar de mantener
un privilegio a costa de otras regiones.

Quienes
ponen en dudas los resultados del censo, porque creen que ha existido un
manoseo político y un deficiente manejo técnico en su elaboración y piden que
se elabore un nuevo censo, pues piden algo justo. Quienes simplemente rechazan
el censo porque los resultados no les son favorables, están pidiendo que se
cometa una injusticia y se privilegie a ciertas regiones a costa de otras.
Quienes piden que los recursos y los escaños parlamentarios se repartan
proporcionalmente de acuerdo al número de habitantes piden algo justo y
correcto. Quienes protestan porque perdieron representación parlamentaria,
protestan en realidad contra la democracia misma, cuyo principio básico es que
el voto de cada ciudadano debe valer lo mismo.

Aquí
vale la pena repudiar el accionar del órgano electoral que ha realizado una
redistribución de escaños adicionando variables económicas a la fórmula. Y no
debería decir “formula”, porque tal palabra implica que existe un criterio que
no varía con el tiempo y que al introducir las mismos datos siempre dará el
mismo resultados. Pero sabemos que esto no es así, que hubo consideraciones
políticas que empañan el carácter técnico que debería tener este órgano del
Estado. El privilegiar a regiones más pobres con mayor representación
parlamentaria equivale a decir que en términos de peso político el voto de un
ciudadano pobre vale más que el de uno rico. Este planteamiento, desde la
perspectiva de una democracia moderna es tan aberrante como decir que el voto
de un rico vale más que el de un pobre. Un principio democrático es que el voto
de cualquier ciudadano vale lo mismo y que todos son iguales ante la ley. El
accionar del órgano electoral y del parlamento viola este principio,
discriminando en base a la riqueza económica de las regiones. Por cierto este
esquema castiga el éxito y el crecimiento económico con una menor
representación parlamentaria y premia la pobreza y el subdesarrollo, algo
bastante habitual en gobiernos de tendencia socialista como el actual.

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