Peña Nieto se repliega ante los ataques de la izquierda

The Wall Street Journal Americas

Manifestantes atacan a un
policía durante una marcha por el aniversario de la masacre de
Tlatelolco en Ciudad de México, el 2 de octubre.

Ciudad de México. – Hace unos días, mientras el taxi que tomé me dejaba en el hotel
Hilton de Avenida Juárez, me empecé a preocupar. Un muro de tablones de
madera contrachapada ocupaba toda la acera frente al edificio. Parecía
una obra en construcción.

Arrastré mi maleta por una estrecha apertura en la barricada,
preparándome para el ruido ensordecedor de los martillos. Pero no había
ruido. El Hilton sólo estaba en modo de defensa.

Era el 2 de octubre, el aniversario de
la matanza de Tlatelolco de 1968, cuando las fuerzas de seguridad
dispararon contra grupos de estudiantes que protestaban contra el
gobierno 10 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos que se
realizaron ese año en Ciudad de México. Un número no confirmado de
manifestantes perdió la vida. Cuarenta y cinco años después, los
profesores en huelga y sus simpatizantes —anarquistas, marxistas,
miembros de otros sindicatos— prometían una "marcha" de aniversario.

Había motivos para preocuparse. El 1 de diciembre del año pasado,
algunos de los mismos grupos se hicieron presentes en la capital durante
la asunción de mando del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Lanzaron bombas incendiarias,
rompieron ventanas y saquearon edificios, arrastrando muebles a la calle
para luego prenderles fuego. El Hilton fue una de las víctimas de ese
día en el que ni la ciudad ni el gobierno central brindaron mucha ayuda.

En esta ocasión, el hotel estaba preparado, al igual que numerosos
otros negocios en la avenida, que habían tapiado las ventanas y bajado
las puertas de seguridad a mitad del día. Mientras caminaba de regreso
de un almuerzo en el centro, vi a cientos de policías antimotines con
cascos en las aceras y bloqueando algunas avenidas. Sus rostros jóvenes e
inexpresivos miraban hacia adelante. Tal vez estaban pensando en un
colega que había sido golpeado por una turba durante una manifestación
dos días antes y estaba en coma.

Al caer la noche, las piedras y los cócteles molotov volaban por los
aires. Asaltantes encapuchados y armados con palos y bates de béisbol
atacaban a los policías, que alzaban sus escudos para defenderse. Las
ambulancias recorrían la ciudad a toda velocidad recogiendo a los
heridos.

Es una escena familiar desde que Peña Nieto anunció hace unos meses
su reforma educativa. Los sindicatos de maestros se oponen a las nuevas
evaluaciones de desempeño y al fin de la plaza de base automática.
Además, los numerosos sindicalistas de tiempo completo dejarán de
percibir salarios como profesores.

Para presentar sus objeciones, los maestros marchan. Algunos son
extremistas y se les unen elementos que no tienen nada que ver con la
docencia y hacen el trabajo sucio. Incluso si no llegan a destrozar
propiedades y enviar al hospital a personas inocentes, los manifestantes
interrumpen el comercio e impiden la libertad de movimiento. Como
informé en mayo, los manifestantes incluso han tomado rehenes en el sur
del país.

El vandalismo de los sindicatos no es ninguna novedad. El gobierno,
sin embargo, no ha hecho mucho para prevenirlo. Los procesos penales por
actos de violencia son poco comunes. La paralización de la capital o de
carreteras importantes a menudo conduce a negociones con el gobierno y
concesiones, lo que refuerza estas conductas.

Es algo que vale la pena mencionar en una semana en que el plan de
aumentos de impuestos y un mayor déficit fiscal sigue su curso en el
Congreso. El paquete abarca nuevos impuestos sobre el capital y los
dividendos y tasas progresivamente más altas a las rentas superiores a
los US$38.000 al año, con menos deducciones. Se prevé que en 2014 el
financiamiento del sector público como porcentaje del Producto Interno
Bruto alcance 4,1%, un nivel que no se ha visto en más de una década.

Peña Nieto se enorgullece del acuerdo político tripartito, conocido
como el "Pacto por México", donde consiguió el apoyo de la centroderecha
y la izquierda dura en los primeros días de su gestión. Su objetivo es
minimizar el estancamiento. Pero para un mandatario que ha prometido
aumentar la productividad, esto se parece más a un pacto suicida.

Para justificar su marcha atrás en los compromisos anteriores de
anclar sus políticas en la libertad económica, el gobierno de Peña Nieto
ha recurrido a lugares comunes acerca de la equidad. Parte de los
ingresos adicionales prometidos financiarían nuevas prestaciones del
estado de bienestar.

No obstante, cuesta pensar en un ejemplo histórico en el que el
populismo haya conducido al desarrollo y es improbable que México sea el
primero. La recaudación tributaria del país bordea 18% del PIB, casi lo
mismo que Estados Unidos, que es una economía mucho más desarrollada y,
por ende, puede soportar una mayor carga impositiva.

Si el objetivo es que un mayor número de personas cumpla las actuales
leyes de impuestos, ¿entonces por qué no empezar por una mayor
transparencia del gasto y la regulación del gobierno, de modo que los
mexicanos no se sientan engañados por un Estado corrupto?

Nuevos gravámenes como los que pretende imponer Peña Nieto sobre las
bebidas gaseosas y la comida chatarra sólo servirán para expandir la
economía informal, pese a todas sus ineficiencias.

Peña Nieto ya ha hecho buena parte del trabajo pesado en el ámbito de
las reformas, al presentar una enmienda que permite la inversión
extranjera en el sector energético. Tal vez crea que es hora de
satisfacer su flanco izquierdo para mantener unido su "pacto". Sin
embargo, su paquete económico desincentivará la toma de riesgos y un
alza de los déficits fiscales elevará las tasas de interés en un momento
en que México tiene problemas para crecer.

Los dinosaurios de la izquierda dura que merodean por las calles de
Ciudad de México quieren su alimento. Pero ceder a la extorsión no es la
manera de gobernar un país.