El ranking del cumplimiento de contratos

El Nuevo Herald

Hay muchas razones por las cuales los países
latinoamericanos están creciendo a un ritmo más lento que las naciones
asiáticas, pero una de las que pasan más inadvertidas —y que requiere
mayor atención— es que en la mayoría de los países de América latina uno
puede llegar a viejo antes de hacer cumplir un contrato de negocios.

Un
nuevo estudio comparativo de 189 países de todo el mundo, realizado por
el Banco Mundial y la Corporación Internacional de Finanzas, contiene
un interesante ranking de cuan fácil —o difícil— es hacer valer un
contrato en cada país.

El estudio, titulado “Haciendo negocios
2014”, revela que es que es más fácil hacer cumplir un contrato entre
dos empresas nacionales en China comunista, o en Rusia, que en Brasil,
México, Colombia, Argentina o casi cualquier otro país latinoamericano.

Entre los datos escondidos en las últimas páginas del estudio:

-En
el ranking específico de cuan fácil es hacer cumplir un contrato en
cada país, Rusia está en el puesto número 10 del mundo, China en el 19,
Argentina en el 57, Chile en el 64, México en el 71, Venezuela en el 92,
Ecuador en el 99, Perú y Uruguay en el 105, Panamá en el 127, Brasil en
el 121, Colombia en el 155 y Honduras en el 182.

-El tiempo
promedio para que un tribunal haga cumplir un contrato es de 270 días en
Rusia, 405 días en China, 426 días en Perú, 590 días en Argentina, 610
días en Venezuela, 725 días en Uruguay, 731 días en Brasil, 1.288 días
en Colombia y 1.402 días en Guatemala. La excepción a la regla es
México, donde lleva 400 días, dice el estudio.

-El promedio de
honorarios legales que deben pagarse para hacer cumplir un contrato es
de un 11 por ciento del valor del contrato en China, el 13 por ciento en
Rusia, el 16 por ciento en Brasil, el 20 por ciento en Argentina, el 29
por ciento en Chile, el 31 por ciento en México, el 36 por ciento en
Perú, el 44 por ciento en Venezuela, el 48 por ciento en Colombia, y el
50 por ciento en Panamá.

Augusto López-Claros, el autor principal
del estudio, me dijo en una entrevista que no hay duda de que los
sistemas judiciales arcaicos en los que los litigios se arrastran
durante años contribuyen a desacelerar el crecimiento económico.

“En
países donde los litigios se prolongan por mucho tiempo, los
emprendedores van a pensarlo dos veces antes de firmar un contrato para
un nuevo negocio”, explicó.

Asimismo, si uno está demandando a un
proveedor por una mercadería que no ha recibido y que ya ha sido pagada,
su dinero está paralizado y no puede ser usado para otros para otros
negocios. Y cuanto más elevados son los honorarios judiciales, menos
ganas tendrán los emprendedores en iniciar nuevos negocios, agregó.

Comparativamente, muchos países asiáticos han reformado sus sistemas judiciales para agilizar el cumplimiento de los contratos.

En
Singapur, un país que hasta no hace muchas décadas era caótico y
corrupto, sólo lleva un promedio de 150 días hacer valer un contrato,
afirma el estudio. En Corea del Sur, otro país con una historia similar,
sólo lleva un promedio de 230 días. En Estados Unidos, lleva un
promedio de 370 días, añade.

Jean Michel Lobet, otro de los
autores del informe, me dijo que algunos países asiáticos como Malasia
están logrando acelerar los juicios comerciales gracias a la creación de
grupos de jueces especializados en litigios comerciales.

Corea
del Sur, a su vez, está acortando cada vez más los tiempos de los
juicios comerciales gracias al creciente uso del litigio electrónico,
que le permite a las empresas presentar demandas online. Casi todos los
procedimientos judiciales allí pueden hacerse en internet, 24 horas por
día, los siete días de la semana.

Al conducir los litigios
electrónicamente, Corea del Sur usa menos papel, elimina la necesidad de
depósitos para archivar los testimonios, y —lo que es más importante—
agiliza enormemente el acceso a los documentos, explicó Lobet.

Mi
opinión: La tardanza en resolver disputas comerciales no sólo frena el
crecimiento económico en muchos países latinoamericanos, sino que
también empuja a millones de emprendedores a operar en la economía
subterránea.

No es una coincidencia que el 56 por ciento de la
población de Latinoamérica trabaje en la economía informal y no pague
impuestos, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. Si no se
puede hacer valer un contrato, ¿para qué firmarlo?

A juzgar por
este nuevo ranking, varios presidentes latinoamericanos harían bien en
enviar sus ministros de justicia de visita a Singapur, Corea del Sur y
Malasia, para averiguar cómo hicieron estos países en pocos años para
reducir el papelerío y agilizar los juicios comerciales.