Los parias del Caribe

El País, Madrid

Juliana Deguis Pierre nació hace 29 años, de padres haitianos, en la
República Dominicana y nunca ha salido de su tierra natal. Jamás
aprendió francés ni créole y su única lengua es el bello y musical
español de sabor dominicano. Con su certificado de nacimiento, Juliana
pidió su carnet de identidad a la Junta Central Electoral (responsable
del registro civil), pero este organismo se negó a dárselo y le decomisó
su certificado alegando que sus " apellidos eran sospechosos ". Juliana
apeló y el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional
dominicano dictó una sentencia negando la nacionalidad dominicana a
todos quienes, como aquella joven, sean hijos o descendientes de "
migrantes " irregulares. La disposición del Tribunal ha puesto a la
República Dominicana en la picota de la opinión pública internacional y
ha hecho de Juliana Deguis Pierre un símbolo de la tragedia de cerca de
200.000 dominicanos de origen haitiano (según Laura Bingham, de la Open
Society Justice Initiative) que, de este modo, la mayoría de ellos de
manera retroactiva, pierden su nacionalidad y se convierten en
apátridas.

La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano es una aberración
jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes
hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis
para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos
años (muchos siglos) avecindados en ese país y eran parte constitutiva
de su sociedad. Por lo pronto, se insubordina contra una disposición
legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la que la
República Dominicana forma parte) que, en septiembre de 2005, condenó a
este país por negar su derecho a la nacionalidad a las niñas Dilcia Yean
y Violeta Bosico, dominicanas como Juliana, e igual que ella hijas de
haitianos. Con este precedente, es obvio que, si es consultada, la Corte
Interamericana volverá a reafirmar aquel derecho y la República
Dominicana tendrá que acatar esta decisión, a menos que decida —algo muy
improbable— retirarse del sistema legal interamericano y convertirse a
su vez en un país paria.

Hay que señalar, como lo hace The New York Times el 24 de Octubre,
que dos miembros del Tribunal Constitucional dominicano dieron un voto
disidente y salvaron el honor de la institución y de su país oponiéndose
a una medida claramente racista y discriminatoria. El argumento
utilizado por los miembros del Tribunal para negar la nacionalidad a
personas como Juliana Deguis Pierre es que sus padres tienen una "
situación irregular ". Es decir, hay que hacer pagar a los hijos (o a
los nietos y bisnietos) un supuesto delito que habrían cometido sus
antepasados. Como en la Edad Media y en los tribunales de la
Inquisición, según esta sentencia, los delitos son hereditarios y se
transmiten de padres a hijos con la sangre.

A la crueldad e inhumanidad de semejantes jueces se suma la
hipocresía. Ellos saben muy bien que la migración " irregular " o ilegal
de haitianos a la República Dominicana que comenzó a principios del
siglo veinte es un fenómeno social y económico complejo, que en muchos
períodos —los de mayor bonanza, precisamente— ha sido alentado por
hacendados y empresarios dominicanos a fin de disponer de una mano de
obra barata para las zafras de la caña de azúcar, la construcción o los
trabajos domésticos, con pleno conocimiento y tolerancia de las
autoridades, conscientes del provecho económico que obtenía el país
—bueno, sus clases medias y altas— con la existencia de una masa de
inmigrantes en situación irregular y que, por lo mismo, vivían en
condiciones sumamente precarias, la gran mayoría de ellos sin contratos
de trabajo, ni seguridad social ni protección legal alguna.

Uno de los mayores crímenes cometidos durante la tiranía de
Generalísimo Trujillo fue la matanza indiscriminada de haitianos de 1937
en la que, se dice, varias decenas de miles de estos miserables
inmigrantes fueron asesinados por una masa enardecida con las
fabricaciones apocalípticas de grupos nacionalistas fanáticos. No menos
grave es, desde el punto de vista moral y cívico, la escandalosa
sentencia del Tribunal Constitucional. Mi esperanza es que la oposición a
ella, tanto interna como internacional, libre al Caribe de una
injusticia tan bárbara y flagrante. Porque el fallo del Tribunal no se
limita a pronunciarse sobre el caso de Juliana Deguis Pierre. Además,
para que no quede duda de que quiere establecer jurisprudencia con el
fallo, ordena a las autoridades someter a un escrutinio riguroso todos
los registros de nacimientos en el país desde el año 1929 a fin de
determinar retroactivamente quiénes no tenían derecho a obtener la
nacionalidad dominicana y por lo tanto pueden ser ahora privados de
ella.

Si semejante paralogismo jurídico prevaleciera, decenas de miles de
familias dominicanas de origen haitiano (próximo o remoto) quedarían
convertidas en zombies, en no personas, seres incapacitados para obtener
un trabajo legal, inscribirse en una escuela o universidad pública,
recibir un seguro de salud, una jubilación, salir del país, y víctimas
potenciales por lo tanto de todos los abusos y atropellos. ¿Por qué
delito? Por el mismo de los judíos a los que Hitler privó de existencia
legal antes de mandarlos a los campos de exterminio: por pertenecer a
una raza despreciada. Sé muy bien que el racismo es una enfermedad muy
extendida y que no hay sociedad ni país, por civilizado y democrático
que sea, que esté totalmente vacunado contra él. Siempre aparece, sobre
todo cuando hacen falta chivos expiatorios que distraigan a la gente de
los verdaderos problemas y de los verdaderos culpables de que los
problemas no se resuelvan, pero, hemos vivido ya demasiados horrores a
consecuencias del nacionalismo cerril (siempre máscara del racismo) como
para que no salgamos a enfrentarnos a él apenas asoma, a fin de evitar
las tragedias que causa a la corta o a la larga.

Afortunadamente hay en la sociedad civil dominicana muchas voces
valientes y democráticas —de intelectuales, asociaciones de derechos
humanos, periodistas— que, al igual que los dos jueces disidentes del
Tribunal Constitucional, han denunciado la medida y se movilizan contra
ella. Es penoso, eso sí, el silencio cómplice de tantos partidos
políticos o líderes de opinión que callan ante la iniquidad o, como el
prehistórico cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López
Rodríguez, que la apoya, sazonándola de insultos contra quienes la
condenan. Yo creía que los peruanos teníamos, con el Cardenal Juan Luis
Cipriani, el triste privilegio de contar con el arzobispo más
reaccionario y antidemocrático de América Latina, pero veo que su colega
dominicano le disputa el cetro.

Quiero mucho a la República Dominicana, desde que visité ese país por
primera vez, en 1974, para hacer un documental televisivo. Desde
entonces he vuelto muchas veces y con alegría lo he visto
democratizarse, modernizarse, en todos estos años, a un ritmo más veloz
que el de muchos otros países latinoamericanos sin que se reconozca
siempre su transformación como merecería. El segundo de mis hijos vive y
trabaja allá y entrega todos sus esfuerzos a apoyar los derechos
humanos en ese país, secundado por muchos admirables dominicanos. Por
eso me apena profundamente ver la tempestad de críticas que llueven
sobre el Tribunal Constitucional y su insensata sentencia. Éste es uno
de esos momentos críticos que viven todos los países en su historia. Lo
fue también cuando ocurrió el terrible terremoto que devastó a su país
vecino, Haití, en enero de 2010. ¿Cómo actuó la República Dominicana en
esa ocasión ? El Presidente Leonel Fernández voló de inmediato a Puerto
Príncipe a ofrecer ayuda y ésta se volcó con una abundancia y
generosidad formidables. Yo recuerdo todavía los hospitales dominicanos
repletos de víctimas haitianas y los médicos y enfermeras dominicanos
que volaron a Haití a prestar sus servicios. Esa es la verdadera cara de
la República Dominicana que no puede verse desnaturalizada por las
malandanzas de su Tribunal Constitucional.

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 © Mario Vargas Llosa, 2013.