Argentina: Grupo Clarín propone dividirse en seis unidades

The Wall Street Journal Americas

BUENOS AIRES—Grupo Clarín SA, el mayor grupo de medios de Argentina,
ofreció ayer dividirse en seis unidades empresariales independientes, en
un intento por evitar que el gobierno lo desarticule a su gusto bajo la
ley de medios que fue ratificada la semana pasada por la Corte Suprema
de Justicia del país.

En documentos presentados al tribunal y la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Clarín dijo que separaría
de manera voluntaria su rentable negocio de cable y televisión en tres
empresas, dos de las cuales comprenderán estaciones de radio y
televisión. Las otras tres divisiones ofrecerían una mezcla de canales
de señal abierta, cable y radio a lo largo del país.

La propuesta llega una semana después de que la Corte Suprema
declarara constitucional la ley de medios promulgada en 2009, poniendo
fin a una batalla judicial de tres años. La presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y promotores de la ley dicen que el objetivo es
romper los monopolios de comunicaciones, al limitar el número de
licencias de televisión abierta y por cable bajo una misma empresa. No
obstante, Clarín y opositores al gobierno aseguran que la ley pretende
amordazar a la prensa.

Clarín afirmó en un comunicado que dividir la empresa era la decisión
"menos deseada", pero que el gobierno los estaba "avasallando bajo la
amenaza de una confiscación".

La lucha entre Clarín y Kirchner, cuyo mandato termina en dos años,
ha dominado la política argentina en los últimos. Clarín es, por mucho,
el grupo de medios más influyente en Argentina. Es dueño del diario de
mayor circulación del país y ofrece televisión por cable e Internet a
más de un millón de hogares y empresas en 10 provincias. Sus programas
de entretenimiento y noticieros están entre los más vistos en el país.

El banco de inversión Goldman Sachs Group Inc. posee 9% de Clarín,
mientras que otro 71% está dividido entre cuatro propietarios
argentinos. El resto cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Londres.

En los últimos años, el gobierno ha trasladado todo su presupuesto
publicitario a medios que le otorgan una cobertura positiva, una medida
que la Corte Suprema ha reprobado. Periódicos líderes como Clarín y La
Nación también sostienen que son blanco de un boicot publicitario
orquestado por el gobierno, algo que el Estado niega.

Clarín también alega que el gobierno de Kirchner no ha obligado a
otras empresas de medios a ceñirse a la ley. Grupo Indalo, por ejemplo,
cuyo dueño es un empresario con fuertes lazos con el gobierno, tiene más
licencias de señal abierta de lo que permite la nueva ley, según
documentos del gobierno. Indalo posee el canal de noticias C5N, que
transmite los discursos de Kirchner casi a diario.

Martín Sabbatella, presidente de la AFSCA, ha dicho que
con el tiempo todas las empresas tendrán que cumplir con la ley y que
Clarín era el único grupo que no había presentado un plan hasta ahora.
Fernando Torrillate, director de imagen y comunicación de la AFSCA, dijo
que el gobierno no había aplicado la ley a otros grupos de medios aún
porque hacerlo mientras Clarín permaneciera intacto sólo aumentaría el
poder de la empresa en el mercado.

Clarín señaló que no tenía que presentar un plan de desinversión
antes del fallo de la semana pasada porque regía una medida cautelar
contra la ley.

Uno Medios es otro grupo que no se ha acogido a la ley. El grupo
presentó un plan que incluiría la división de sus licencias entre socios
y miembros de la familia que lo controla. Sabbatella ha dicho que
transferir licencias a miembros de una familia es legal.

Clarín no especificó el lunes quiénes serían los nuevos dueños de sus
negocios, pero dijo que lo revelaría a medida que transcurriera el
proceso de división.

Algunos analistas dijeron que era muy temprano para determinar si el gobierno ha discriminado a Clarín.

Para Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones, no se puede
determinar si ha habido discriminación porque el gobierno aún no ha
tomado una decisión. Agregó que el gobierno tendrá que decidir qué
criterios usa para los planes de cada grupo de medios para acatar la
ley. Si decide permitirle a Uno Medios repartirse entre parientes,
tendría que aplicar el mismo estándar a Clarín, dijo Aguiar.

El plan de adecuación de Clarín sería el principio de una extensa
batalla judicial. Aunque, por un lado, la Corte Suprema determinó que la
ley de medios era constitucional, también hizo un llamado al gobierno a
implementarla de manera justa. El tribunal, dijo Aguiar, "cerró una
puerta y abrió cinco".