Argentina: La gran conspiración

El Nuevo Herald

“Hay países en donde todo conspira para que no haya libertad de prensa y que haya un régimen de fuerza y de presión” para conseguirlo. Así opina Magdalena Ruiz Guiñazú, sobre el estado de la libertad de expresión en Latinoamérica.

Ruiz Guiñazú (78) es una gran periodista argentina. En su larga trayectoria profesional siempre ha hecho honor a su profesión: “soy un ser libre y siempre he dicho lo que yo considero que debe ser dicho”.

La reconocida periodista no es una extremista y ni asume posiciones radicales, simplemente dice lo que cree que debe ser dicho y no cede ante las amenazas, ni hoy ni nunca, ni ahora ni cuando la dictadura militar. No niega que en Argentina haya libertad de prensa, pero advierte que “el 80 por ciento de los medios –radio y televisión y gráfica– están en manos o del gobierno o de amigos del gobierno, lo cual implica una mirada condicionada”

El pasado 21 de octubre la Sociedad Interamericana de Prensa concedió a Ruiz Guiñazú el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa. Una decisión impecable, a la que el único reproche que le cabría es por qué se demoraron tanto.

El pasado 1 de noviembre, Ruiz Guiñazú, junto a otro destacado periodista argentino, Joaquín Morales Sola, en representación de muchísimos de sus colegas, denunciaron en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “las malas condiciones para ejercer el periodismo en el país, las campañas de desprestigio contra periodistas independientes y la persecución judicial y económica contra los medios críticos al gobierno” según consigna un comunicado de la SIP.

Y hablando de presiones y conspiraciones, a su regreso a Buenos Aires, Magdalena Ruiz Guiñazú recibió la visita de dos inspectores fiscales, agentes de la “impositiva”, que al igual que muchos jueces y fiscales, no usan largos sobretodos negros de cuero, pero conforman en variados países de la región –para empezar en todos los países bolivarianos–, una especie de Gestapo con la tarea de aniquilar la libertad de prensa. El procedimiento puede ser un poco más amable, incluso con visos de formalismo y hasta “legales”, quizás para no herir a la Carta Democrática Interamericana o como burda excusa para que puedan dar vuelta la cara quienes están obligados a hacerla respetar. Los resultados, sin embargo, son muy efectivos y a la larga más dañino para la prensa y la información a los ciudadanos que las otras formas más ordinarias y violentas de ataques a la libertad de expresión del pasado. Y es así por cuanto son más disimuladas y engañosas, pueden pasar desapercibidas para aquellos que no quieran percibirse ya sea por cobardes o vendidos o sencillamente por ser cómplices y además son santificadas por gobiernos amigos y organizaciones creadas a los efectos o por la indiferencia de quienes no deberían ser indiferentes.

La cuestión es que en Argentina, si los escraches, los insultos, las descalificaciones y las amenazas de distinto tenor y a través de diversas vías no dan resultados, se suman los oficiales –hombres y mujeres– de la impositiva y en cierta medida (en Ecuador, Venezuela y Bolivia en toda su medida) los jueces y fiscales y de ahí el interés permanente de la presidenta Cristina Kirchner de “democratizar” el Poder Judicial (leáse, que esté integrado exclusivamente por funcionarios leales y obedientes al gobierno). Esta práctica de los agentes impositivos no es de ahora: ya en épocas de Néstor Kirchner, cuando este rompió con Clarín, envió un ejército de inspectores fiscales para acabar con el grupo mediático. Se le fue la mano, era demasiado grosero, todo el mundo lo vio y tuvo que desistir en el intento. En ese intento, porque el kirchnerismo jamás ha desistido en su intento de controlar al periodismo, para mejor manipular la información (lo que hace por ejemplo con el índice de precios al consumo). Ni tampoco desechó ese método y esa vía fiscal, como se acaba de ver con el caso de la destacada, valiente y galardonada periodista argentina.