Lo que Chile perdería con Bachelet

Wikikeando

Se acerca la segunda vuelta electoral en Chile, a efectuarse el próximo 15 de diciembre, y las encuestas siguen colocando como favorita a la ex presidenta Michelle Bachelet. Aunque de continuar la alta abstención del pasado 17 de noviembre, cuando sólo votó un 56% del padrón electoral efectivo, Bachelet podría ser electa con el porcentaje de votos más bajo desde la restauración de la democracia en 1990. También podría ser, de lograr aplicar su programa electoral, de una clara tendencia intervencionista y redistributiva, la presidenta que demolió más de dos décadas de constante crecimiento económico y de reducción de la pobreza en Chile.

Al respecto, la pobreza de Chile ha bajado del 40% en 1990 al actual 14%. A su vez, el ingreso per cápita de Chile ha aumentado desde alrededor de $5,000 a casi $20,000 (considerado como el umbral del desarrollo) durante el mismo período, más que en cualquier otro país de la región. Adicionalmente, Chile es hoy el país latinoamericano con el mayor índice de Desarrollo Humano y el único dentro de la clasificación de “Desarrollo Humano Muy Alto” por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tales son los estándares amenazados por un posible próximo gobierno de Bachelet y sus aliados, bajo la plataforma electoral que ofrecen.

Al respecto, hace unos días la Fundación Friedrich Naumann en México, en conjunto con otras instituciones, entre ellas Caminos de la Libertad, presidida por el periodista Sergio Sarmiento, dio a conocer tres índices que nos dan luz sobre lo que ha hecho que Chile sea el único país latinoamericano que está en el umbral de los países desarrollados. Dichos documentos fueron el Índice Internacional de Libertad Económica 2013, elaborado por The Fraser Institute; el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2013, elaborado por la Property Rights Alliance, y el Índice de Calidad Institucional 2013, publicado por la Red Liberal de América Latina (RELIAL). Aunque los dos primeros se concentran especialmente en el caso mexicano (y sus malos resultados), los tres dan algunos indicios sobre lo qué explica el desarrollo de Chile y sus excepcionales números.

En el Índice de Libertad Económica, Chile ocupa el 11 lugar entre los países con mayor libertad económica, entre un total de 152 países. En tanto que en el Índice de Derechos de Propiedad ocupa el puesto 26 entre 131 países analizados. Finalmente, en el de Calidad Institucional, el país sudamericano ocupa el lugar 22 entre 191 países. En los tres casos, Chile ocupa la posición más prominente entre todos los países latinoamericanos. Al respecto, los tres índices coinciden, mutatis mutandis, en que renglones como la libertad de comercio, gasto público acotado, independencia de la justicia y los tribunales, control de la corrupción, un sistema adecuado de protección de la propiedad física, un sistema pronto y expedito de defensa de los derechos de propiedad, libertad de prensa, creación de un entorno favorable para la creación de empresas y empleos, control de la inflación y de la emisión de dinero, entre otros, son los factores que explican la prosperidad de largo plazo de los países. Al respecto, los países con niveles persistentemente altos de libertad económica, de respeto a los derechos de propiedad y con instituciones que remuevan las trabas existentes para el funcionamiento de los mercados, tienen colateralmente menores tasas de pobreza. Gozan, además, de mejores condiciones de vida dentro de múltiples dimensiones. Tal como sucede en Chile y ha sido una constante en las últimas décadas.

Son estos datos los que han hecho posible un desarrollo sostenido en materia económica y mayor competitividad en el país transandino, lo cual se ve ratificado en cada reporte que mide este tipo de fenómenos. Como por ejemplo, el último informe semestral de Perspectivas publicado por la OCDE que, si bien redujo la previsión de crecimiento del PBI mundial, resaltó a Chile como el país que más crecerá hasta 2015 con respecto a los otros miembros del grupo. En esa línea, la OCDE estima un crecimiento del país del 4,2% al final de 2013, y del 4,5% para 2014. Sin embargo, ya para 2015, el organismo sostiene que la economía chilena debiera repuntar a un 4,9%.

La amenaza de que Bachelet y sus aliados (antiguos y nuevos) desmonten el sistema de libertades y garantías que han hecho posible la prosperidad chilena está acotada por la frialdad de los números. Por ahora. Al respecto, Bachelet y su alianza, Nueva Mayoría, no consiguieron los legisladores necesarios para imponer las principales reformas que prometió, como las de una nueva Constitución y un sistema educativo estatizado. Además, dicha alianza está fragmentada y polarizada, jaloneada desde los demócrata-cristianos hasta los comunistas, conviviendo con proyectos enfrentados.

Pero como ha demostrado el caso argentino, con el matrimonio Kirchner, o Rafael Correa en Ecuador, o antes, en Brasil, con Lula en la Presidencia, y algunos casos más, toda diferencia es solucionable y casi cualquier proyecto político es posible a golpe de puestos, subsidios y corrupción, hasta cebar a un electorado y a una clase media, que cargados de demandas, son capaces de tiranizar a quienes juzgan en mejor posición económica y disputar espacio de atención a los sectores realmente desfavorecidos. No otra es la lógica, la de la rapiña, que está detrás de las protestas de los estudiantes universitarios chilenos, los sectores urbanos brasileños o los maestros mexicanos de la CNTE. Tal puede ser el horizonte chileno en unos años con Michelle Bachelet y sus socios.