La legalización de las drogas podría traer paz a América Latina

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El martes de la semana pasada, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo que legaliza toda la cadena de fabricación, venta y consumo de cannabis, y encomendó el control de su producción y distribución al Estado, tras la aprobación del Senado uruguayo y después de que la Cámara de Diputados de ese país había hecho lo mismo el pasado mes de julio (no obstante, aclaro, Colorado y Washington fueron las primeras jurisdicciones políticas en el mundo en aprobar la legalización de todos los usos de la marihuana, en noviembre del año pasado). Por ahora, las reacciones de otros gobiernos de América Latina han ido desde la preocupación en voz baja hasta el apoyo sin consecuencias prácticas, por más que debieran ser los primeros interesados en las consecuencias y en el posible el éxito de la medida. Sólo la ONU ha salido a rechazar ruidosamente el experimento uruguayo, en nombre de la “legalidad internacional”, una “legalidad” que la ONU extrañamente nunca invocó durante la violación flagrante a los procesos democráticos, la Libertad de Prensa o a los Derechos Humanos en tantos casos escenificados por los gobiernos de Venezuela, Ecuador o Cuba y varios más.

Algunos elementos que contempla la ley uruguaya son el permiso otorgado a los mayores de 18 años para cultivar de forma doméstica hasta seis plantas de cannabis, para su autoconsumo. También se permite el cultivo en clubes de membresía de entre 15 y 45 socios (con no más de 99 plantas) y la venta en farmacias autorizadas, las cuales no podrán vender más de 400 gramos mensuales a un mismo consumidor. Las ventas a menores de edad, conducir bajo la influencia de la droga y cualquier tipo de publicidad estarían prohibidas. En cuanto el Poder Ejecutivo promulgue la reforma, cualquier uruguayo podrá tener en su casa las plantas de cannabis para poder armar sus propios cigarrillos. Para el resto de la aplicación de la ley habrá que esperar un plazo de reglamentación, de forma que recién a mediados de abril próximo podrán comenzar la plantación por clubes de consumidores y la producción masiva para venta a través de las farmacias. Por mientras, se ha anunciado que el gramo de la marihuana legal que se venderá el año próximo costará un dólar.

¿La legalización frenará el narcotráfico, tal como han señalado los defensores de la medida? Quizá no, al menos no en el corto plazo, tal como lo refleja la experiencia de Holanda. Pero tampoco aumentará drásticamente su consumo como ya se ha probado: Sólo regulará y sacará a la luz un mercado negro ya existente, y que no va a desaparecer, donde es delirante presentar como criminales a los meros consumidores y que cuesta miles de vidas humanas y billones de dólares en prohibiciones. Pero no se sabrá si es esta o no la solución en el largo plazo al difícil problema del narcotráfico en América Latina, hasta que se ponga en marcha y entonces sí, juzgar los resultados. Por ahora, la medida no es particularmente grata para la ciudadanía uruguaya, donde el apoyo llega apenas al 30 por ciento, lo que en conjunto con las controversias legales que se podrían interponer contra la nueva legalización, pueden hacer trastabillar la medida.

En lo personal, el punto concreto que me disgusta de la legislación es su fuerte componente estatista, a pesar de que reconoce una amplia libertad a los consumidores, no penalizando a los fumadores y permitiendo el autocultivo doméstico. El estatismo se refleja no sólo en la fuerte regulación de toda la cadena productiva y de distribución, y en el anuncio de los impuestos específicos a la producción, venta y consumo de la droga, sino sobre todo en la desafortunada creación de una empresa pública, que tendrá el nombre de “Instituto de Regulación y Control del Cannabis” (IRCCA). Al final, el gobierno uruguayo vulnera la libertad reconocida a los consumidores con una intromisión monopólica en el mercado; probablemente pronto se dará cuenta de su error, cuando aparezcan las prácticas de corrupción e ineficiencia que acompañan todo avance estatista sobre la economía. Incluso, podría resultar que la criminalidad que quizá pueda desaparecer en el mercado regrese por el lado del estado, al aplicar altos impuestos por ejemplo, dando así los incentivos para volver a crear un mercado negro.

De cualquier manera debe reconocerse que dado el contexto internacional, la solución uruguaya es lo más cercano a todo lo que hoy pueda obtenerse realistamente. Yo, como muchos, no quisiera el permiso de papá gobierno para decidir consumir algo o no, pero dado que por ahora es imposible plantearse la total excusa estatal en la materia, al menos una solución aceptable es la de la legalización. Así, Uruguay ha optado por el modelo de regulación del mercado, frente al fracaso de la política prohibicionista. Tan sólo en México, por ejemplo, más de 60.000 personas han muerto por la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos seis años, en el gobierno de Felipe Calderón, durante el cual se emprendió una guerra frontal contra los carteles del narcotráfico. El gobierno de Enrique Peña Nieto continúa con la misma política y podría superar los vergonzosos números de Calderón. Nada garantiza que la legalización proyectada por Uruguay sea la solución, pero sí es una alternativa frente a las otras que ya han demostrado con largueza su fracaso, y podría proveer un modelo sobre cómo abordar el desafío de las drogas con leyes y políticas maduras y responsables.